Sentencia Nº 118 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 12-12-2012

Fecha de Resolución:12 de Diciembre de 2012
 
EXTRACTO GRATUITO
///MA, 12 de diciembre de 2012.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores V.H.S.N., S.M.B. y E.J.M., con la presencia del señor S. doctor G.G.L., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “CORNEJO, OSCAR C/ POLICIA DE RIO NEGRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. Nº 25187/11-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 295/297 y 298/314 por la parte demandada y por el letrado de la actora -en ejercicio de su propio derecho- respectivamente, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S

1ra.- ¿Es fundado el recurso?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor V.H.S.N. dijo:

1.- ANTECEDENTES: Mediante la sentencia obrante a fs. 280/285, la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24557, hizo lugar a la demanda promovida con fundamento en las normas del derecho civil y condenó a la Policía de la provincia de Río Negro a abonarle a los actores -padres del agente de policía M.C.- las sumas liquidadas al efecto en concepto de daño material (arts. 1109 y 1113 del C.. C.il),// ///-2- daño moral (art. 1078 del C.. C..) y daño psicológico, más los intereses correspondientes, como consecuencia del fallecimiento del hijo de aquellos, quien resultó asesinado por otros policías mientras se encontraba prestando servicios adicionales en el Supermercados Todo de la localidad de El Bolsón. Asimismo, impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios de los letrados de la parte actora en la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000.-) y los del de la demandada en la suma de treinta mil ($ 30.000.-). A esos efectos, la Cámara dejó expresa constancia de que fijaba “montos por debajo de los mínimos arancelarios locales atento a que la aplicación lisa y llana de la escala de la L.A. ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida (conf. art. 1627 C.igo C.il)” (fs. 284).

Contra lo así decidido, la parte demandada y el letrado de la actora por derecho propio interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley a fs. 295/297 y 298/314, los que fueron inicialmente denegados por la Cámara de grado a fs. 333/336 e ingresaron a la instancia de legalidad merced la admisibilidad de los recursos de queja declarada por este Cuerpo a fs. 369/370 y 371/372.

2.- RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA: En su memorial casatorio, la provincia demandada sostiene que el a-quo incurrió en errónea interpretación de los arts. 1109 y 1113 del C.igo C.il por haberle atribuido culpa in vigilando de su propio personal que ejecutó los hechos criminosos. En este sentido, con cita de diversos párrafos de una obra de doctrina, señala que ningún empleado es tal durante las veinticuatro horas del día, por lo que el dependiente posee una esfera de actuación individual y ajena a la empresa -en este caso, organismo estatal- donde pasa a ser un tercero extraño que actúa por su cuenta y bajo su responsabilidad. Por ello /// ///-3- -prosigue-, así como no se duda de que los actos que el dependiente ejecuta actuando como tal y dentro de sus funciones obligan al principal a resarcir, también hay acuerdo unánime de que el principal no responde por daños causados por el empleado durante el período de vacaciones o durante el trayecto desde o hacia su empleo. Termina diciendo que, antes y después de la reforma de la Ley 17711, siempre constituyó una de las exigencias para la responsabilidad indirecta del principal por el hecho del dependiente que este obrase dentro de las funciones que le fuesen encomendadas, en tanto los hechos ilícitos carentes de toda vinculación con sus tareas nunca obligaron al principal.

En otro orden, manifiesta que la sentencia también incurre en errónea interpretación del art. 1113, 2da. parte, del C.igo C.il, en cuanto atribuye responsabilidad al empleador por la actividad riesgosa. Al respecto, expresa que la responsabilidad objetiva de la norma precitada, basada en la teoría del riesgo creado, no es aplicable a la teoría del “riesgo profesional”, por lo que, en orden a responsabilizar a la demandada, se requería como condición “sine qua non” acreditar la intervención activa de la cosa, tal como -según dice- ha sido establecido en la jurisprudencia sentada por este Superior Tribunal en el precedente “MORENO” del 14.09.90. De allí que -concluye-, descartada la actividad riesgosa y atento a que aquí no existió “cosa” productora del daño de la cual la empleadora demandada fuera propietaria o guardiana -el daño fue producido por disparos efectuados por los delincuentes con sus armas-, la cuestión debe analizarse a la luz de las normas que regulan la responsabilidad subjetiva basada en la culpa (arts. 512 y 1109 del C.igo C.il).

Alega violación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de N.ión sentada en la causa “L., en la que -según sostiene- se establece que, cuando el daño del agente // ///-4- policial se produce en un enfrentamiento con delincuentes propio de sus funciones, el caso queda excluido de las normas de derecho común y debe asimilarse a un caso bélico, por lo que no da derecho a resarcimiento.

Finalmente, plantea que la tasa de interés aplicada por la Cámara (24% anual) viola la doctrina legal fijada por este Superior Tribunal de Justicia en la causa “L.L.” (Expte. N° 23987/09-STJ).

3.- RECURSO DEL LETRADO DE LA PARTE ACTORA: Por su lado, el abogado apoderado de la parte actora -por derecho propio- sostiene que, al regular los honorarios (punto cuarto de la parte dispositiva), la sentencia se aparta de la solución normativa aplicable al caso y los establece por debajo de los mínimos legales sin fundamentación suficiente, lo que le causa un gravamen irreparable y una ilegítima afectación de sus derechos constitucionales (de igualdad, de protección del trabajo, de propiedad, de defensa en juicio, del debido proceso y de obtener una decisión jurisdiccional razonada conforme con el derecho vigente).

Manifiesta que, teniendo en consideración el monto por el que prosperó la demanda -de $ 764.120-, la aplicación del mínimo arancelario (11% más el 40% por la intervención como apoderado) habría llevado a que se regularan sus honorarios en el monto mínimo de $ 117.656, es decir, 135% más de lo que fue efectivamente regulado ($ 50.000), perjuicio que también aumentaría si -en vez de aplicar el mínimo de la escala- se hubiera aplicado un porcentaje mayor.

Expresa que la sentencia es arbitraria pues no posee adecuada y suficiente fundamentación, más allá de la que surge de los términos dogmáticos de la parte dispositiva. Asimismo, manifiesta que omitió aplicar los arts. 6, 7 y 8 de la Ley Arancelaria, que establecen que los honorarios se deben estimar entre el 11 y el 20% del monto del proceso para los letrados // ///-5- patrocinantes, a lo cual debe agregarse el 40% cuando se actúa en el doble carácter, esto es, cuando también se lo hace como procurador. Agrega que, para apartarse de la solución normativa, la Cámara invocó la aplicación del art. 1627 del C.igo C.il sin hacer ninguna otra consideración, pese a que para ello la misma norma exige el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 13 de la Ley 24432, que integra como ley complementaria el C.igo C.il. En referencia a la posibilidad de apartarse de los mínimos legales, destaca que la última de las normas citadas -en su parte pertinente- dice: “... la resolución que así lo determine deberá indicar bajo sanción de nulidad el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justificaren la decisión...”, y apunta que así también lo ha exigido la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia sentada en el precedente “Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de S.C. de Bariloche” (Se. Nº 7 del 15.03.01).

Finalmente, plantea la inconstitucionalidad del art. 1627 del C.igo C.il aplicado por la Cámara en la parte resolutiva de su sentencia, por entender que lo relativo a la imposición de costas y a la regulación de honorarios es materia procesal y, por ende, reservada a la autonomía de las provincias y no delegadas al Gobierno Federal (arts 75 inc. 12 y 121 de la Const. N..).

4.- LA SOLUCIÓN EN ESTA INSTANCIA. EL RECURSO DE LA DEMANDADA:

Adelanto que las cuestiones jurídicas que plantea el recurso de la parte demandada ya fueron materia de análisis y de pronunciamiento por parte de este Cuerpo en autos “N., S.S. c/ Provincia de Río Negro (Policía Prov. de R.N.) s/ Accidente de Trabajo s/ Inaplicabilidad de ley”, sentencia Nº 105 del 18.11.11 cuyas consideraciones habré de transcribir seguidamente.
/// ///-6- 4.1.- El precedente “MORENO” (sent. del 14.09.90) de este Superior Tribunal de Justicia:

El art. 43, último párrafo, de la Ley 2430 establece que los...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA