Sentencia Nº 117 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 28-10-2021

Número de sentencia117
Fecha28 Octubre 2021
MateriaA.G.F.(.C. S/ HOMICIDIO;

CAUSA: "ALBARRACÍN GABRIEL FRANCISCO (A) CALAVERA S/ HOMICIDIO; VÍCT: Á.J.G." (LEGAJO S-308538/2020).- En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los veintiocho días del mes de Septiembre del año 2021, se reúne el Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital, integrado en esta instancia -conforme sorteo efectuado oportunamente- por el Dr. E.R.A., la Dra. P.d.V.C. y la Dra. M.J.S., a los efectos de resolver la impugnación interpuesta por el Dr. G.H.C., por la defensa técnica de G.F.A. (a) “calavera”, en el marco de los presentes actuados, de lo cual: RESULTA:

I. - Que en fecha 21 de mayo de 2021 el Tribunal del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital, integrado por las Dras. I.A.P. de N., F.S. y A.J.T., resolvió: “I.- NO HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad instado por la Dra. D.A., AURORA DEL CARMEN y el Dr. C.H.D., en ejercicio de la Defensa Técnica del imputado G.F.A., en relación a la celebración del presente debate oral y Público bajo la modalidad remota, conforme a lo considerado y a lo previsto en el art. 108 del

CPPT.-

II.- TENER PRESENTE LA RESERVA DE CASO FEDERAL efectuado por la Dra. D.A.A.d.C. y el Dr. C.H.D., en ejercicio de la Defensa Técnica del imputado G.F.A..-

III.- CONDENAR al imputado G.F.A., argentino, instruido, DNI N° 26.486.184, PP N° 1.244.807, nacido el 19/02/1978, domiciliado en 9 de Julio de 3800, hijo de E.d.C.S. y de J.A. y demás condiciones personales narradas en la audiencia de debate, a la PENA DE DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS PROCESALES, por considerarlo autor voluntario y penalmente responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO (arts. 79, 41 bis y 45 del Código Penal), por el hecho ocurrido el día 11/10/2020 en perjuicio de la víctima A.J.G. quien falleciera el 15/10/2020, conforme a lo considerado (arts. 290, 292, 329, 330, 331 y ccdtes. del CPPT, y arts. 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del CP).-

IV.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales a los letrados intervinientes hasta tanto lo soliciten expresamente y acrediten su condición ante la

AFIP.-

V.-FIRME LA PRESENTE, por intermedio de la OGA: (a) líbrese oficio al Sr. Jefe de la Policía y al Registro Nacional de Reincidencia a los fines de la registración de la sentencia condenatoria dictada en el día de la fecha; (b) una vez firme la presente sentencia formar incidente con las grabaciones y piezas procesales pertinentes para su remisión al Juzgado de Ejecución en lo Penal a los fines

correspondientes.-

VI.-LOS FUNDAMENTOS del presente fallo, conforme al acuerdo de partes serán remitidos vía e¬mail, conforme a lo normado por el art. 17 y 291 del CPPT. La notificación será efectuada el día 01/06/2021.-

VII.-QUEDAN LAS PARTES que han participado del presente debate, notificadas en este mismo acto (Arts. 112 y 131 CPPT).-

VIII.- TÉNGASE PRESENTE, la reserva de impugnación realizada por la defensa técnica del imputado (Arts. 311 y 313 del CPPT)”. II. Los fundamentos del fallo fueron dados a conocer el día 01/06/2021 y se encuentran agregados al presente legajo (conforme surge del sistema S.A.E.); la impugnación fue concedida por resolución del tribunal a quo en fecha 23/06/2021, y luego este Tribunal, por auto interlocutorio de fecha 11/08/2021 dispuso convocar a la audiencia prevista por el artículo 314 del digesto procesal, la que se celebró en fecha 28/09/2021 con la comparecencia de todas las partes interesadas, conforme consta en el acta labrada con motivo de la misma y en el registro audiovisual. III.

1.- En su memorial de agravios, el Dr. C., por la defensa técnica de G.F.A., señaló fundamentalmente que impugnaba la sentencia condenatoria de fecha 21/05/21 por considerar que no se tuvieron en cuenta los elementos colectados durante la investigación penal preparatoria, particularmente las entrevistas testimoniales aportadas en audio y video. Agregó que no puede garantizarse el derecho de las partes a través de medios técnicos (audiencias virtuales), violentándose el derecho de defensa, por lo que solicitó la nulidad del juicio. Por otra parte, sostuvo la defensa que la sentencia carece de fundamentos válidos, haciendo una referencia de todas las pruebas que considera que fueron arbitrariamente valoradas por el tribunal de juicio, proponiendo una interpretación diferente de las mismas. En el mismo sentido, alegó la defensa que no debió aplicarse al caso la figura legal del art. 79 del Código Penal, ya que el hecho fue “culposo”, realizando un análisis sobre los requisitos para la configuración del tipo culposo o imprudente. Luego cuestionó la aplicación de la agravante prevista en el art. 41 bis del Código Penal, por entender que esa norma ya está contemplada en el homicidio, porque puede cometerse con arma de fuego, es decir que sí se halla prevista de manera amplia (no expresa) en el delito de homicidio. La defensa tambien impugnó el monto de la pena, considerándola errónea, por cuanto el imputado A. no tiene antecedentes de ninguna naturaleza, posee arraigo, actividad laboral y familia, teniendo en cuenta además el lugar y el contexto en que se desarrolló el hecho. Por último, realizó una serie de citas doctrinarias y jurisprudenciales en apoyo de sus dichos, formuló reserva del recurso extraordinario provincial (art. 318 -inc. 2°-, NCPPT), y de caso federal (ley 48), solicitando en definitiva que declare la nulidad de la condena o bien se recalifique la conducta del imputado A. como “homicidio culposo” y se le imponga el mínimo de la pena. En la audiencia celebrada en fecha 28/09/2021, conforme a las previsiones del art. 314 procesal, la codefensora Dra. A.d.C.D.A. planteó en primer término la inconstitucionalidad del art. 108 del NCPPT -que prevé la posibilidad de celebrar audiencias remotas-, señalando que el código puede prever el sistema remoto, pero hace muchos años está el principio de la inmediación, que hace a la defensa y al debido proceso, y este sistema remoto atenta contra los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, porque los jueces deben tomar contacto con las partes. Destacó que hace unos días le llamaron la atención por no tener las herramientas para el sistema remoto, pero la justicia debe proveer los elementos necesarios para que exista justicia. Agregó que tuvo audiencias presenciales, y es lo correcto, debe haber presencialidad, no se puede deshumanizar la justicia; que en otras audiencias se puede aceptar, pero donde de juzga a una persona tiene que haber presencialidad, respetando el distanciamiento social y los protocolos sanitarios. Continuó señalando que uno de los pilares básicos de la democracia es el debido proceso y la defensa en juicio, tanto material como técnica, y debe ser en presencia de un juez que vea donde se desarrolla el debate. Ese principio que está imbuido el debate no puede ser vulnerado. Los jueces observan, escuchan, verifican, sino harían una sumatoria de pruebas y fijan una condenan, las conductas deben ser valoradas, una máquina no puede valorar conductas. Hay que humanizar la justicia. Se aleja del ciudadano, hay indefensión. El ciudadano siente que no existe justicia. El nuevo código procesal, cuando nos lleva a la vía remota, violenta la defensa en juicio, que afecta la inmediación y la publicidad porque no se permitió presencia del público. Un juicio está lleno de determinadas situaciones que un ser humano capta y un juez debe valorar a través de la sana crítica racional. Por otra parte, señaló que la calificación de la sentencia de fecha 21/05/2021 no es la más acorde a la conducta que tuvo como responsable a A., quien nunca tuvo la intención de causarle la muerte a la Sra. J.A.. Añadió que: “la querella y MPF dirán que las declaraciones prestadas en la Investigación Penal Preparatoria no tienen valor, que solo son válidas cuando se dan en el debate, pero ¿qué valor tienen estas entrevistas dentro de un proceso? Yo puedo decirle al F. una cosa y en debate decir otra cosa y no va a tener valor. Ante el interrogatorio de la defensa a los señores B., C. y D., tuvieron tres entrevistas y una en el debate donde, a D. se le preguntó porque no dijo antes lo que dijo en el debate, y contestó que estaba bajo el efecto de shock por la Sra. Á.. Se ve que tiene una conversación amena con el F., porque no dijo en esa oportunidad lo que dijo en el debate. Pedimos la falsedad testimonial en el debate que no se ha tenido en cuenta. La expresión de “vieja puta, vieja gorda” nunca se dijo antes y en el debate lo dijeron, a mí me dijeron lo mismo y no hubo sanción. ¿Qué decimos a esto? No pasó nada, se les pasó. El respeto debe ponderar en todo el debate. Cuando surge en el debate la ofensa a esta defensora lo dije a los jueces, los mismos términos de los testigos son los del querellante a mi persona”. Agregó que estas entrevistas de D., B. y C., fueron ofrecidas por el MPF y la querella; si no ha habido objeción, han debido ser valoradas. Bajo esas entrevistas mi cliente ha estado privado de la libertad y se ha hecho el requerimiento de apertura de juicio y tenidas en cuenta en el control de acusación. Pedimos que sean comparadas para ver cómo han mentido. No han valorado el testimonio de M.A. por ser la hija de A.. El tribunal de la misma forma que no ha valorado el testimonio de la hija, luego ha valorado la declaración de C.“. y C.J., que han dicho que la Sra. Á. era como una madre para ellos. ¿Porque no han sido medidos con la misma vara? D. y B. son amigos de C. alias “S.. Las entrevistas son diferentes a lo que han manifestado en el debate oral, han sido guionadas. Mi cliente jamás mintió, es un albañil, no es experto en armas, en la justa sabe leer y escribir, no sabe de armas. El arma no fue peritada, no puede tener seguridad de que funcione y que A. sepa de armas, es un albañil, no tiene estudios. Manifestó también la defensa que cuando A. se encontraba en el lugar del hecho y se retiraba, ahí salió S. a golpear a su hijo, e hizo un disparo que estaba a un...

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