Sentecia definitiva Nº 116 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 21-12-2017

Fecha de Resolución:21 de Diciembre de 2017
Emisor:Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo nº3
 
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///MA, 20 de diciembre de 2017.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores E.J.M., A.C.Z., R.A.A., S.M.B. y L.L.P., con la presencia de la señora Secretaria, doctora S.M.G.D., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "GALARZA, PEDRO REY C/ PREVENCIÓN ART SA Y ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 28.697/16-STJ), elevados por la Sala II de la Cámara del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por PREVENCIÓN ART SA a fs. 245/254 vlta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.- ¿Es fundado el recurso?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión, el señor J., doctor E.J.M., dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. La Sala II de la Cámara del Trabajo de General Roca decidió en su fallo de fs. 177/210 rechazar la demanda de P.R.G. contra Establecimiento H.C.S., su ex empleadora, y la admitió respecto de la aseguradora codemandada Prevención ART SA, condenándola al pago de $304.015,62 en concepto de capital e intereses, por daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivados del accidente de trabajo sufrido con fecha 13-03-2012 (fs. 3 y 31); asimismo, la condenó al cumplimiento de prestaciones en especie en los términos del art. 20, LRT.
1.2. En cuanto resulta de interés destacar, de acuerdo con la medida de jurisdicción de esta Alzada y a sus efectos, el Tribunal de grado tuvo por acreditado que, tras padecer el accidente con fractura abierta en la primera falange de su dedo meñique derecho (v. fs. 183 y ss.), G. tuvo la asistencia de la ART a través de su prestadora, Clínica Roca SA (según // ///
informe de fs. 103/105), recibiendo un alta médica autorizada por J.C.F. con fecha 30-05-2012; asimismo, que por dicha "fractura de primera falange del meñique derecho" se le determinó -por expediente SRT N° 68639/12- una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 7,85%, según el dictamen denunciado como hecho nuevo (a fs. 65) y advertido sin observaciones por el actor (a fs. 72); y que recibió por todo ello de Prevención ART la suma de $58.566,26, mediante depósito judicial en los términos dispuestos por el Tribunal (según constancia de fs. 73).
1.3. Tras abrirle paso a la acción interpuesta por G. hacia la jurisdicción ordinaria, pronunciándose por la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46, inc. 1, de la Ley de Riesgos del Trabajo, y decidir afirmativamente sobre la legitimación pasiva cuestionada por la ART respecto de la vía de responsabilidad civil, con sujeción a la perspectiva signada por la CSJN a partir de "A." y en torno de la inconstitucionalidad del art. 39, apartado 1, LRT, el a quo se avocó a examinar la idoneidad del tratamiento médico dado al actor ante el accidente traumático denunciado por Establecimiento H.C.S. y aceptado por Prevención ART (cf. fallo, a fs. 189).
1.4. En tal sentido y a fin de determinar la responsabilidad de la ART, entendió necesario esclarecer si la lesión originariamente acaecida en la mano de G. se consolidó con una incapacidad superior a la razonable, por deficiencia de las prestaciones recibidas en especie y del tratamiento terapéutico proveído por Prevención ART y, en tal caso, determinar los daños y perjuicios inherentes. Y basándose, pues, en la pericial médica y demás constancias pertinentes producidas en autos (cfr. fs. 193/194), recabó que le hicieron sutura del dedo y le proporcionaron sesiones de kinesiología, pero no se lo inmovilizaron con yeso o férula; y advirtió además que el tratamiento dado a la lesión no cumplió con los parámetros médico-científicos ni legales específicos, pues se le dio el alta y se le suspendieron las prestaciones cuando aun persistían síntomas invalidantes y no se había completado su curación, según descripción pericial sobre los procedimientos técnicos que le permitieron llagar a la conclusión de que el tratamiento asistencial recibido por G. no fue el adecuado y que de haberse cumplido el protocolo recomendado para tratar fracturas, las secuelas serían menores. Y observó en tal sentido que ese alta médica apresurada fue impugnada por el actor mediante carta documento de fecha 30-05-2012, dirigida a Prevención ART, intimándola también por cobertura médico farmacéutica, aunque sin obtener el /// ///-2- tratamiento para su cuadro de dolor, ni tampoco respuesta alguna de parte de aquella.
1.5. La Cámara consideró que Prevención ART tenía, conforme al contrato de seguro suscripto, la relevante responsabilidad de otorgarle adecuada atención médica al trabajador de su afiliada empleadora, con el compromiso asumido de proporcionar una prestación adecuada, integral y óptima. Por ello, la deficiente prestación incurrida constituyó respecto del contratante del seguro un grave incumplimiento contractual y, en relación al trabajador accidentado, un grave incumplimiento extracontractual, de suerte que la responsabilidad civil de la ART resultó así, fuera de las limitaciones del contrato de seguro, en el cauce del art. 1074, del Código Civil.
Destacó que la ley 24557 -LRT- imponía a la ART la dación al damnificado de "prestaciones en especie" reguladas por los arts. 20, 3; 21, 1, c; 26, 7; y 40, 2, d; destacando que el citado art. 20 enumera las prestaciones en especie a cargo de las ART, consistentes en asistencia médica y farmacéutica, prótesis, ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario; y que el art. 26, 7, prevé a fin de posibilitarlas que las ART dispongan como servicio propio o contratado de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie, previstas también legalmente, pudiendo para ello contratar servicios con las obras sociales.
Advirtió al respecto que las relaciones entre el trabajador y el empleador y entre éste y la ART son de naturaleza contractual, la cual no media entre el trabajador damnificado y la ART, quien mantiene con el empleador un contrato obligatorio cuyo beneficiario es el trabajador, quien a su vez no es parte del mismo; pacto por el cual una persona, el empleador, conviene con otra, la ART, que ésta realizará prestaciones de la LRT -en especie y dinerarias- a favor de otra -beneficiario, trabajador o derechohabientes-. Y en tales condiciones, el beneficiario, si bien ajeno al contrato, adquiere un crédito a título personal para exigir el cumplimiento, a su favor, de la prestación pactada y, en su caso, a la reparación de los daños provocados por el cumplimiento deficiente de dicha prestación; situación contemplada en el art. 504 del Código Civil bajo la figura de estipulación a favor de terceros, que es autónoma de la reparación que debe brindar la ART con fundamento en la LRT.
Además, compartiendo la perspectiva de que el trabajador accidentado, sin dejar de ser dependiente del empleador, se convierte en paciente de la ART, consideró que ella le debía /// ///
prestaciones de salud eficientes, integrales y óptimas, dentro de un marco legal con límite mínimo obligatorio fijado por la autoridad sanitaria, mientras que los profesionales y auxiliares de la ciencia médica intervinientes debían, a su vez, cumplir con las reglas del arte, fueran estas técnicas, legales o éticas; enfoque que advirtió receptado en el art. 20, 3, de la LRT, donde se establece que las prestaciones referidas en los apartados 1, a), b) y c) del mismo artículo se otorga a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes.
Entendió por eso que lo previsto por la LRT y sus reglamentaciones se trataba de un contrato forzoso mediante el cual el trabajador resulta relegado a una situación de cierta indefensión, al tener que aceptar las prestaciones médicas ofrecidas, bajo pena de suspensión del pago de las dinerarias (art. 20, 2, LRT); es decir, a aceptarlas del prestador contratado por la ART (art. 2.7, LRT), proporcionando según su conocimiento -con carácter de declaración jurada- información sobre sus antecedentes médicos y patologías (art. 7, Res. SRT 43/97). Y consideró que G. quedó sometido, a consecuencia del siniestro laboral, a lo que la ART propusiera como tratamiento de su afección, resultándole muy dificultoso acceder a una interconsulta o a un tratamiento alternativo por fuera del sistema, frente a la resistencia lógica de la obra social para solventar gastos que el sistema pusiera en cabeza de la ART; a lo cual se sumara que el trabajador no estaba en condiciones económicas de afrontar tales gastos en forma privada o particular, de suerte que el tiempo que perdiera en tratar de que ambos prestadores de salud atendieran en debida forma sus necesidades le jugaba en contra para lograr la recuperación de su situación de salud.
Estimó por tanto preclara la necesidad de tutelar la integridad psicofísica del trabajador; deber de indemnidad en torno de ciertos factores adicionales a los propios del infortunio laboral y ocasionados directa o indirectamente por los prestadores de la asistencia contratada, en tanto la atención médica resultaba definitoria de su salud psicofísica, de sus posibilidades de reinserción laboral y de su proyecto de vida. Por eso, si la ART tenía la gestión y el financiamiento del sistema, seguíase de ello una obligación de seguridad vinculada a los servicios de sus prestadores, de manera análoga a lo que se ha entendido respecto de las obras sociales, pero todavía más allá, puesto que la ART impone el servicio profesional que intervendrá en su tratamiento, por lo que, si la ley determina su deber de...

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