Sentecia definitiva Nº 116 de Secretaría Civil STJ N1, 15-12-2009

Fecha de Resolución:15 de Diciembre de 2009
Emisor:Secretaría Civil STJ nº1
 
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PROVINCIA: RIO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: CIVIL
INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
EXPTE. Nº 23896/09-STJ-
SENTENCIA Nº 116

///MA, 15 de diciembre de 2009.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores A.I.B., V.H.S.N. y L.L., con la presencia de la señora Secretaria doctora E.E.A., para el tratamiento de los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/FARMACIA G.S. s/EJECUCION FISCAL s/CASACION” (Expte. Nº 23896/09-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 185/197 y vta. por la parte actora, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra.-¿Es fundado el recurso?

2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?

V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor Juez doctor A.I.B. dijo:

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia Nº 416 de fecha 23 de septiembre de 2008, glosada a fs. 172/174, en lo que aquí importa, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora.

Esto es, confirmó el pronunciamiento del Juez de Primera Instancia que a fs. 122/124, hiciera lugar a la excepción de prescripción por los periodos anteriores al 05/02/02, al pago parcial documentado por la suma de $ 733,229, tuviera por desistida a la demandada de los planteos de caducidad de///.- ///.-instancia y de la excepción de inhabilidad de título, y fallara esta causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto la ejecutada, F.G.S., hiciere íntegro pago al acreedor Dirección General de Rentas, del capital reclamado de $ 165.678,23, con más los intereses, costos y costas de la ejecución.

Contra lo así decidido, se presenta la parte actora (D.G.R.) a fs. 185/197 y vta. interponiendo recurso extraordinario de casación, planteo que es contestado por el apoderado de la demandada a fs. 201/202 y vta..

Al respecto, la actora recurrente argumenta, en sustento del recurso extraordinario local deducido, que la sentencia impugnada ha incurrido: a) En la omisión de valorar prueba esencial (expediente administrativo). b) En la violación de la ley y su doctrina (art. 286, inc. 1* del CPCyC.); en el caso, de los arts. 45, 120, 121 y 122 del Código Fiscal. c) En la violación de la doctrina legal que emana del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la N.ión en la causa: “P. de Capurro, Lucía Mercedes y otro c/Fisco N.ional (DGI) s/ repetición”.

P.io a todo, para una mejor comprensión de las cuestiones a resolver, resulta menester un breve recuento de los términos en que quedó trabada la litis.

Se inician las presentes actuaciones con la demanda de ejecución fiscal deducida a fs. 9 por la Dirección General de Rentas (D.G.R.) contra el contribuyente FARMACIA G.S. por la suma de $ 234.711,40, en concepto de obligaciones incumplidas con el fisco provincial por la omisión de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Librado el mandamiento de intimación de pago y embargo contra FARMACIA G.S., se presenta esta a fs. 66/69,///- ///2.-planteando caducidad de la instancia, a la vez que opone, en subsidio, las excepciones de pago documentado, inhabilidad de título y prescripción.

Corrido el pertinente traslado, la D.G.R. contestó dichas defensas a fs. 114/117, solicitando el rechazo de las mismas. A fs. 119/120, los demandados desistieron del planteo de caducidad de instancia y de la excepción de inhabilidad de título.

El Juez de Primera Instancia dictó Sentencia a fs. 122/124 y vta., resolviendo: 1) Hacer lugar a la excepción de prescripción por los períodos anteriores al 05/02/02 conforme a lo dispuesto en los considerandos. 2) Hacer lugar al pago parcial documentado por la suma de $ 733,229. 3) Tener por desistida a la demandada de los planteos de caducidad de instancia y excepción de inhabilidad de título. 4) Fallar esta causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto la ejecutada, F.G.S., haga íntegro pago al acreedor D.G.R., del capital reclamado de $ 165.678,23, con más los intereses, costos y costas de la ejecución.

Que apelada dicha decisión por la demandada a fs. 125 (expresa agravios a fs. 135/136) y la D.G.R. a fs. 135 (expresó agravios a fs. 139/148), la Cámara de Apelaciones, mediante la Sentencia Nº 416 de fecha 23 de septiembre de 2008 glosada a fs. 172/174, rechazó ambos recursos de apelación.

Se llega así a la instancia casatoria derivada del recurso que, por su parte articulara la Dirección General de Rentas y cuyos fundamentos han sido sintetizado "supra".

I).- Que, ingresando al examen de las cuestiones traídas a debate, abordaré en primer término los agravios referidos a la invocada violación de la ley (arts. 45, 120, 121 y 122 del Código Fiscal) y de la doctrina que emana del precedente ///.- ///.-de la Corte Suprema de Justicia de la N.ión en la causa: “P. de Capurro, Lucía Mercedes y otro c/Fisco N.ional (DGI) s/repetición”. Ello así, en razón de que lo que la decisión que recaiga en relación a la ley y/o doctrina aplicable al caso, indudablemente se proyectará e influirá respecto de la valoración de la prueba documental invocada como omitida; esto es si la misma, conforme al derecho aplicable, tiene -prima facie- virtualidad para provocar un fallo distinto.

Introduciéndome ahora en el análisis de tales agravios venidos en recurso, es dable señalar que dicha temática nos trae a discusión un viejo debate, cual es la proyección de los códigos nacionales, en este caso, del Código Civil sobre el Derecho Tributario Provincial.

Al respecto, es dable señalar que en el régimen federal de gobierno adoptado por la C.itución N.ional, las provincias, en ejercicio de su autonomía se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas; eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios sin intervención del Gobierno Federal; dictan sus propias constituciones, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la C.itución N.ional y conservan todos los poderes no delegados al Gobierno N.ional.

En orden a ello, se han reconocido a las provincias amplias facultades para establecer impuestos con excepción de los derechos de importación y exportación, en que la competencia ha sido atribuida en exclusividad al Gobierno Federal (art. 75, inc. 1* C.N.). En ese sentido la doctrina de la Corte Suprema de la N.ión ha afirmado que no es objetable la facultad de las provincias para darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, y en general todas las que juzguen///.- ///3.-conducentes a sus bienes y prosperidad, sin más limitaciones que las emanadas del artículo 108 (actual 126) de la C.itución (CSJN., Fallos: 7:373; siendo la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción, del resorte exclusivo de las provincias, cuyas facultades son amplias y discrecionales, de suerte que el criterio de oportunidad o de acierto con que las ejerzan es irrevisible por cualquier otro poder (CSJN., Fallos: 51:350; 105:273; 114:262; 137:212; 150:419; 174:353, entre otros), porque, entre los derechos que constituyen la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña (CSJN., Fallos: 114:282).

En consecuencia, si las provincias pueden crear contribuciones, hay quienes sostienen que resulta razonable que también puedan reglar las formas de extinción de las obligaciones tributarias, por medio del pago, compensación, prescripción, confusión, quita, remisión, etc., o prever la cancelación de las obligaciones tributarias por medio de títulos u otros medios distintos a la moneda de curso legal (conf. S., R.R., “Proyección de los Códigos N.ionales sobre el Derecho Tributario Provincial”, La ley del 3.06.2009).

Sin embargo es en dicha temática donde comienza la discusión, existiendo al respecto, dos corrientes de pensamiento, una denominada iusprivatista y la otra iuspublicista.

En términos generales, la corriente iusprivatista y/o civilista interpreta que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, y que en virtud de lo establecido por el art. 75///.- ///.-inc. 12), el Congreso N.ional tiene facultades para disponer el régimen general de extinción de las obligaciones (y de la prescripción). Sostienen que esa delegación de las provincias en el Gobierno N.ional, importa la imposibilidad de aquéllas y de sus municipios de sancionar leyes incompatibles con lo que establecen los códigos de fondo.

En ese sentido, consideran que fijar un impuesto y definir los plazos de prescripción que le son aplicables son dos cosas diversas, estando la segunda reservada al Congreso N.ional, mediante una ley nacional (en el caso, el Código Civil); entendiendo que el art. 4027 inc. 3) del Código civil es aplicable en materia tributaria local, por sobre cualquier disposición normativa de carácter provincial o municipal. En consecuencia, legislar en materia de prescripción tributaria constituye un aspecto sustancial de la relación entre acreedores y deudores, y por ello compete al legislador nacional su regulación con exclusión de otra norma provincial que se oponga a su contenido.

Por su parte, la tesis iuspublicista sostiene la validez de los ordenamientos locales fiscales sin injerencia alguna (o con una mínima, sólo como “guía” de apreciación de su razonabilidad) de los Códigos de fondo (derecho común).

Así, autores como G.B. ("Temas de Derecho Tributario", Ed. Abeledo-Perrot, p. 27 y ss.; "La autonomía del Derecho Tributario (A cuarenta años de mi primera clase universitaria)”, D., 1996), J.(. Superior de Derecho Tributario", t. I, p. 7, 1ª ed., Buenos Aires, 1957), L...

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