Sentencia Nº 112/06 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2007

Fecha de Resolución: 1 de Octubre de 2007
 
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SP-112.06-01.10.2007 En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los 1 días del mes de octubre del año dos mil siete, se reúnen los señores Ministros, Dra. R.E.V. y Dr. V.L.M., integrantes de la S. B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 439, segunda parte, del C.P. a los efectos de dictar sentencia en los autos: "ARANIZ, L.E.; AGÜERO, H.N., en causa nº 39/05 (reg. Cámara en lo C.. nº 1 – S.. Rosa) s/ recurso de casación", registrados en esta S. como expte. n.º 112/06, con referencia a los recursos de casación interpuestos (fs. 2372/2439) por los Defensores Particulares, D.. M.C.M. y A.A.O., Defensores de H.N.A. y por el Defensor Particular, Dr. C.O.A.(.fs. 2316/2370), contra la sentencia de fs. 2287/2309vta., en la que se falló: CONDENANDO “...a L.E.A.... como autor material y penalmente responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito (art. 268 (2) primero y segundo párrafo del Código Penal) en Concurso Ideal (Art. 54 del C.) con el delito de Omisión Maliciosa de Inserción de Datos en las Declaraciones Juradas (art. 268 (3), tercera Parte, del Código Penal)...”; y “...a H.N.A.... como autor material y penalmente responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito (art. 268 (2) primer y segundo párrafo, del Código Penal)..."; y- CONSIDERANDO Que a los fines del estudio de los recursos deducidos, debemos atenernos -en el análisis de la motivación del fallo a las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia en los autos "C., M.E. y otro s/robo simple en grado de tentativa", de fecha 20 de septiembre de 2005; ello en el marco interpretativo del art. 456 del C.P.N. (art. 429 del C.P.) "...en el sentido que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, sólo inevitables por imperio de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”.- Que, por otra parte, el señor Procurador General, J.C.G., en uso de las facultades conferidas por el art. 437 del C.P., dictaminó:- a) Respecto del recurso de casación deducido por la defensa del imputado A., entendió que resulta “...confuso y contradictorio...”, al solicitar, por un lado la absolución y, por el otro, referir que en el decisorio hubo “...apartamiento de lo establecido por las distintas normas procesales”, e invocó el art. 429 del C.P. sin hacer referencia expresa a ninguno de sus incisos. Así señaló: 1) que los agravios del texto impugnativo no se encontraban debidamente delimitados. 2) Que el pedido de nulidad que desarrollaba el peticionante, sorpresivamente se transforma en un pedido de errónea aplicación de la ley sustantiva; y que, finalmente, propone en forma 'inidónea' una reducción de la pena impuesta, circunstancia esta última vedada para el tribunal de casación, pues es una facultad discrecional del tribunal de juicio. Agregó que, 3) No se advierten los vicios a las reglas de la sana crítica, pues tampoco han sido demostrados por el recurrente, quien sólo invoca las exigencias que dispone el art. 370 del C.. 4) En cuanto a los reproches procesales argüidos por la defensa, refirió el Dr. Gay que estos no resultan autosuficientes y corroboran una “inadecuada e incompleta lectura de las constancias de la causa”. También señaló que 5) En cuanto a la graduación de la pena, no es cierto que en los fundamentos del fallo no hayan sido consideradas las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del C., y remitió al respecto al párrafo dedicado a A. -fs. 2308vta.-. 6) Sobre la petición de ejercicio de control difuso de constitucionalidad en lo que respecta al art. 429 del C.P., sostuvo el Ministerio Público, que no es autosuficiente, porque el profesional no desarrolló la forma en que se vulnera la garantía constitucional que se invoca. Aseveró que 7) En lo referido a la solicitud de nulidades -entre los que se pone en tela de juicio el actuar de los integrantes del Ministerio Público F.- no existen motivos “...para demostrar lo que en su oportunidad resultó indemostrable”, y, por otra parte, consideró que el planteo resulta inoportuno y no merece ser nuevamente tratado. 8) En cuanto a la señalada errónea aplicación del art. 268 (2), primero y segundo párrafos del C., con fundamento en que no existió el delito, manifestó que basta remitirse, para responder al agravio, a lo probado por el a quo en la recreación de los hechos en la primera cuestión. También indicó que 9) en lo referente al tipo penal bajo estudio y su constitucionalidad, de lo acontecido en autos y la improcedencia de las nulidades propuestas en etapas procesales precluidas sostuvo que se adhiere al “...impecable y detallado estudio que se realiza en el fallo recurrido...”, como así también “...a las explicaciones, análisis, interpretaciones, especificaciones y conceptos vertidos por los jueces”. Con ello consideró que se da respuesta al cuestionamiento propuesto por la defensa con relación al concepto de 'apreciabilidad'. 10) Responde a la esgrimida ausencia de malicia prevista en el art. 268 (3) del C. con los fundamentos vertidos 'ut supra'. En cuanto al 11) elemento intencional que tuvo por probado el tribunal a quo, vinculado al elemento subjetivo del tipo, a la omisión que el imputado A. efectuara a las declaraciones juradas presentadas al Tribunal de Cuentas, entendió el señor Procurador que no resulta discutible en esta instancia, pues el mismo integra el factum establecido por el tribunal de juicio.- En cuanto a las observaciones formuladas al recurso deducido por los defensores del imputado A., el doctor GAY señaló que 1) en lo referente a la inobservancia de las normas procesales, dado que la sentencia es 'incoherente e incompleta' y la defensa apoyó sus afirmaciones en los arts. 371, 376 incs. 2 y 3 del C.P., indicó que los planteos involucrados -tales como el tratamiento de los 'contradocumentos', la arbitraria apreciación de la prueba, la falta de consideración de un crédito hipotecario en la pericia de M., la disconformidad con la tasación realizada por A., los llamados 'errores' en análisis patrimonial del perito M. en relación con una propiedad ubicada en la calle 53 de General P. y a la identificada como quinta tres terrenos, la falta de consideración por el nombrado perito de los ingresos que identifican como 'adicional FONAVI' y la discrepancia del patrimonio inicial considerado en el fallo el recurso “...sólo pone de manifiesto una subjetiva discrepancia con los análisis valorativos realizados por el tribunal de mérito y una inoportuna imputación de error a los informes para ilustrar a los jueces y a las partes”. Sin embargo, el representante del Ministerio Público expresó que es importante recordar que no es cierto que el tema de los contradocumentos no haya sido considerado por el tribunal inferior, sólo '...no se le confirió la importancia dirimente que le otorga la defensa...'.- Con respecto a la falta precisa de enunciación de los hechos, manifestó que sólo basta con remitirse a la recreación fáctica de fs. 2304, y a la nulidad de la declaración indagatoria prestada ante el juez de instrucción, a la negativa de acumulación de procesos y a la nulidad de la ampliación de pericia solicitada en el debate, resultan cuestionamientos de etapas precluidas del proceso y que, por ello, en esta instancia no pueden ser discutidas.- Continuó el señor Procurador con observaciones a la casación material del defendido A.. Así, a la invocación de la nulidad de los requerimientos fiscales en lo referente a la configuración del delito atribuido al imputado, se remitió a la apreciación confeccionada en ocasión de efectuar las observaciones al recurso de A.. Sobre la disconformidad de las actuaciones del juez de instrucción, consideró este punto respondido en orden a las apreciaciones efectuadas precedentemente y remarcó, además, que se trata de una etapa precluida del proceso. Sostuvo que la defensa no demuestra cuál es la irrazonabilidad del fallo en cuanto a los montos informados por el perito R.. Con relación a la invocada inconstitucionalidad del art. 268 (2) del C., confirmó lo alegado por el F. de Cámara y adhirió al rechazo del tribunal de mérito. Por otra parte, dejó sentado que la graduación de las penas “...dentro de los límites legales previstos es una facultad discrecional de los jueces de juicio ajena, por lo tanto, al control de casación”, y agregó al respecto, que el fallo se encuentra fundado en las previsiones de los arts. 40 y 41.- Una consideración especial mereció el tratamiento que los defensores de A. realizaron de las ampliaciones de fundamentos de fs. 2495/2503. En este sentido, el Procurador expresó que “Las consideraciones o distorsiones que exceden los motivos oportunamente propuestos son inadmisibles y no pueden ni deben ser consideradas por este Tribunal”.- Por último, el Procurador mencionó en orden a la inconstitucionalidad del inc. 4º del art. 19 del C., que adhiere a la inconstitucionalidad sostenida por E.R.Z. en su obra Derecho Penal Parte General.- A continuación exponemos los agravios de los recursos deducidos y efectuamos su análisis. Ambos profesionales en la oportunidad prevista por el art. 437 del C.P., confeccionaron escritos con ampliación de fundamentos, en los que reiteraron los motivos expuestos en los textos casatorios (2475/2488 y 2495/2503).- El recurso de casación deducido por los defensores del imputado A. -fs. 2372/2439– fue dividido en dos partes: casación formal y casación material. La primera de ellas comprende cinco ítems, los que a continuación se analizan IV.- 1. En principio, los recurrentes solicitan la nulidad de la sentencia, por carencia de fundamentación –art. 376, inc. 3º, del C.P-. A tales fines se enuncian tres agravios. En el primero de ellos, alegan que: a) no se ha tratado en la sentencia el tema de los...

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