Sentencia Nº 110 de Secretaría Penal STJ N2, 26-06-2012

Fecha de Resolución:26 de Junio de 2012
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 25631/11 STJ
SENTENCIA Nº: 110
PROCESADO: M.C.N.
DELITO: LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL CARÁCTER DE FUNCIONARIO POLICIAL DE SU AUTOR EN ABUSO DE SUS FUNCIONES, AGRAVADAS POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO – VEJACIONES AGRAVADAS POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 26/06/12
FIRMANTES: BAROTTO – MANSILLA – SODERO NIEVAS
///MA, de junio de 2012.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores S.M.B., E.J.M. y V.H.S.N., con la presidencia del tercero y la asistencia del señor S. doctor W.A., en las presentes actuaciones caratuladas: “MORÓN, C.N. s/Vejaciones s/ Casación” (Expte.Nº 25631/11 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:

C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
El señor J. doctor S.M.B. dijo:

1.- Antecedentes del caso:

1.1.- Mediante Sentencia Nº 32, del 30 de junio de 2011, la S.B. de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió -en lo pertinente- condenar a C.N.M. a la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso, como autor penalmente responsable del delito de vejaciones agravadas por el empleo de un arma de fuego en concurso ideal con el delito de lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial de su autor en abuso de sus funciones (art. 45, 55, 144 bis inc. 2º, 41 bis primera parte, 89 y 80 inc. 9º en función del art. 92 C.P.), más la inhabilitación especial para desempeñarse como personal policial por el término de dos años y ocho meses, con costas (art. 498 y 499 C.P.P.). Le impuso además, por el término de
///2.- dos años, las reglas de conducta establecidas en el inc. 1º del art. 27 bis del Código Penal, esto es, fijar domicilio y presentarse mensualmente ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.

1.2.- Contra lo decidido, el doctor J.M., en representación del imputado, dedujo recurso de casación, cuya declaración de inadmisibilidad por parte del a quo dio lugar al planteo de un recurso de queja ante este Cuerpo, que tramitó en el Expte.Nº 25524/11 STJ.

1.3.- Por medio del Auto Interlocutorio Nº 55, del 3 de noviembre de 2011, este Superior Tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y declarar admisible el recurso de casación que había sido denegado en el origen.

1.4.- Consecuentemente, se dispuso que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de la defensa y se dio intervención a la F.ía General.-
1.5.- Luego se fijó fecha y hora para la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del rito, la que se modificó posteriormente en dos oportunidades (primero a pedido de la F.ía General, y luego por razones de organización interna y para una mejor administración de justicia), de modo que quedó finalmente convocada para el día 6 de junio del corriente a las 10:30 hs.

1.6.- Realizado el debate, al que comparecieron el defensor doctor J.M. y el imputado C.N.M., los autos han quedado en condiciones para su tratamiento definitivo.

2.- Agravios esgrimidos por la defensa:

2.1.- El recurrente sostiene que la sentencia es nula,
///3.- en primer lugar porque en su parte dispositiva se omitió consignar el rechazo de las excepciones interpuestas oportunamente en los términos del art. 352 del rito, a pesar de que fueron tratadas en los considerandos.

Afirma asimismo que el acta de denuncia de fs.1/3 es nula, así como los actos que de ella dependen, en virtud de que carece de la firma del señor C. (denunciante) y de la F.D.Z., omisión que no ha sido subsanada oportunamente.

Entiende también que la testimonial de C. solicitada por el J. pretendió sortear y subsanar tal inexistencia de firmas y que solo se lo citó para ratificarla y subsanar la promoción de la acción por parte del F..

Agrega que la F.ía debió haber encauzado el debido proceso tomando los hechos del escrito sin firmas como notitia criminis y prosiguiendo con la investigación de la causa, pero sin considerar la denuncia personal de C..-
Así, asevera que la denuncia penal sería inexistente, por lo que entiende afectada la validez de los distintos actos procesales que la incluyeron en su motivación (promoción de acción, indagatoria, auto de procesamiento y citación a juicio).

Añade que también es nulo el dictamen pericial del médico forense, por haber derivado de la denuncia inexistente y por colisionar con el art. 185 del Código Procesal Penal, que establece el derecho de la defensa a asistir en aquellos actos definitivos e irreproducibles, lo que no ocurrió.

///4.
Por otra parte, el recurrente señala que en la génesis de la estructura y el desarrollo lógico del fallo comienza con la arbitrariedad del análisis de la prueba y la consiguiente violación normativa, y considera que el sentenciante se aparta de los hechos reconocidos y probados en la causa y cita solo frases parcializadas y fuera de contexto. En tal orden de ideas, a su criterio los testimonios volcados en la sentencia no prueban -con el grado de certeza que amerita el plenario- la transgresión del delito que motiva el fallo condenatorio.

La defensa sostiene que M. no apuntó a las piernas de la víctima sino al piso, y cuestiona que la Cámara haya avanzado “aún más y fuera del facto ya no sindican a C. como víctima sino que amplían la imputación de vejaciones sobre todas las personas, cuando el facto indica como víctima únicamente al denunciante C., fallando por ende extra petita y en perjuicio de M.” (fs. 354).

Estima que de los testimonios citados en el fallo se desprende que no fue disvaliosa la conducta de M. al disparar con la Itaka en razón de los sucesos acaecidos, y que este no actuó con el dolo directo que requiere la figura de vejaciones.

También refiere algunas contradicciones entre la denuncia hecha por C. y lo relatado por él en el debate, así como el contenido de las declaraciones de los testigos, y concluye que su asistido actuó en un procedimiento policial legal y disparó su arma para disuadir a un grupo de personas que lo atacaban, sin intención de vejar y para evitar un mal mayor (lesiones al detenido y
///5.- terceros, así como daños al móvil).

Asevera entonces que la situación hacía necesaria la legítima defensa y que M. actuó en el marco de una causal de justificación y, aunque pudo haber errado sobre sus circunstancias objetivas, quiso actuar en conformidad con el orden jurídico.

Alega que no hubo extralimitación en ello y que la existencia de la lesión en la víctima no acredita por sí misma las vejaciones, pues no fue un disparo a corta distancia de modo inopinado, sino que M. gritó varias veces “váyanse” y efectuó, previo al disparo, la maniobra de carga, además de que al disparar lo hizo en dirección al piso, por lo que entiende que su acción refleja ausencia de voluntad y conocimiento del tipo objetivo, así como de dolo directo.

Por las razones expuestas, solicita que se absuelva a su asistido.

En subsidio, cuestiona las circunstancias valoradas por el Tribunal al seleccionar la pena impuesta a M., la que considera excesiva. Así, sostiene que no se tuvo en cuenta ningún tipo de justificación, aludiendo al procedimiento policial que llevaban a cabo los policías, ni la resistencia y los disturbios ocasionados por el grupo agresor, y menciona que se ignoraron los fuertes golpes sobre el móvil.

Respecto de la agravante de que la señorita C. estaba embarazada, sostiene que es posible que su defendido no haya advertido tal circunstancia. Tampoco considera probada la corta distancia a la que se habría efectuado el
///6.- disparo, a lo que agrega que las lesiones constatadas fueron leves.

A lo anterior suma que se valoraron de modo insuficiente los buenos antecedentes en la institución policial, su desempeño como chofer, su informe de abono, la inexistencia de sanciones disciplinarias y su contracción al trabajo.

En atención a tales motivos, solicita que se disminuya la pena y se le imponga el mínimo legal.

Asimismo, cuestiona la pena de inhabilitación especial impuesta, por considerarla excesiva y por entender que su ambigüedad necesariamente llevará a la pérdida del estado policial. Aduce que la figura de vejaciones, que tiene un máximo de cinco años de prisión, se halla comúnmente dirigida a aquellas personas que están privadas de su libertad.

Afirma que la inhabilitación impuesta es excesivamente severa y solicita que se le permita a M. desempeñar tareas de índole civil en la institución policial, con cita de lo resuelto por este Superior Tribunal en “ARISMENDI” (Expte. 19649/04 STJ).

2.2.- En la audiencia de debate, el letrado sostiene el recurso y plantea la nulidad de la sentencia por haber omitido consignar el rechazo de las excepciones en la parte dispositiva, aun cuando habían sido desarrolladas en los considerandos. Alega que ello ha afectado su derecho recursivo, advierte incongruencia en tal circunstancia y cita el art. 380 inc. 4 del Código Procesal Penal en lo relativo a la omisión de uno de los requisitos esenciales de
///7.- la sentencia.

Subsidiariamente, solicita la incorporación de planteos de nulidad, entre ellas la del acta de denuncia por falta de firma del denunciante y de la F. interviniente.
Hace luego una reseña de las actuaciones respecto de dicho ítem y señala que el J. pretendió convalidar la denuncia, aunque podría haber indicado que se realizara en debida forma, porque la denuncia no era válida, era inexistente. Agrega que su parte tomó conocimiento cuando se citó a indagatoria al imputado y no pudo controlar varios actos de prueba.

Ante su planteo de nulidad al recurrir el procesamiento, señala que la Cámara rechazó su agravio y lo mismo hizo el J. de primera instancia, acto que entiende condicionante de la validez del resto del proceso. Cita el art. 318 del rito, que establece la nulidad para tales casos, así como los art. 155 y 156, que establecen la forma de la...

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