Sentecia definitiva Nº 109 de Secretaría Penal STJ N2, 07-07-2010

Fecha de Resolución: 7 de Julio de 2010
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 23771/09 STJ
SENTENCIA Nº: 109
PROCESADOS: FERRARI C.I.–.I.M. ÁNGEL – S.A.A.
DELITO: COHECHO ACTIVO - COHECHO PASIVO EN FORMA CONTINUADA - RECEPCIÓN DE DÁDIVAS EN FORMA CONTINUADA EN CONCURSO REAL - PERSONA INTERPUESTA EN EL DELITO DE COHECHO
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 07/07/10
FIRMANTES: S.N. – LUTZ - BALLADINI
///MA, de julio de 2010.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores V.H.S.N., L.L. y A.Í.B., con la presidencia del primero y la asistencia del señor Secretario doctor W.A., en las presentes actuaciones caratuladas: “FERRARI, C.I.; SANTAMARÍA, A. e IRIGOYEN, M.A.s. y recepción de dádivas en forma continuada s/Casación” (Expte.Nº 23771/09 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), con el planteo de la siguiente:
-
C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
El señor J. doctor V.H.S.N. dijo:

1.- Mediante Sentencia Nº 2, del 5 de febrero de 2009, la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió -en lo pertinente- condenar a M.Á.I. a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el manejo de fondos públicos e inhabilitación absoluta por el término de tres años, por considerarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo en forma continuada y recepción de dádivas en forma continuada, en concurso real (arts. 256 y 259 primer párrafo y 55 C.P.). También condenó a C.I.F. a la pena de cuatro años de prisión, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de cohecho activo (art.
///2.- 258 C.P.). Por último, condenó a A.A.S. a la pena de tres años y seis meses de prisión, como persona interpuesta en el delito de cohecho (arts. 256, 258 y 45 C.P.).

2.- Contra lo decidido, los doctores J.O.C. por el señor M.A.I., J.P.C. en representación de A.S. y M.M. a favor de C.I.F. dedujeron sendos recursos de casación, que fueron declarados admisibles de modo parcial por el a quo, por los fundamentos expuestos en los considerandos. Asimismo, se declaró la inadmisibilidad formal del recurso de casación deducido por el doctor J.P.C. en relación con el agravio referido a sus honorarios profesionales y se le impuso al doctor M.M. una multa por las razones vertidas en la resolución (arts. 30 y 31 inc. c Ley Orgánica).

3.- Ello motivó que el último de los letrados mencionados dedujera reposición y casación en subsidio y solicitara la nulidad. El juzgador resolvió rechazar la revocatoria y concedió el recurso de casación interpuesto de modo subsidiario.

4.- Mediante Auto Interlocutorio Nº 1, del 2 de febrero de 2010, el Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente admisibles los recursos, en cuanto fueron admitidos, así como también el interpuesto en subsidio por el doctor M.M. por propio derecho, y dispuso que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de los interesados. Asimismo, hizo lugar a las quejas incoadas respecto de los agravios no concedidos y
///3.- dio igual plazo a los interesados. Posteriormente el señor A.S. designó como nuevo defensor al abogado J.C.C., quien aceptó el cargo a fs. 7085. Así, realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal, los autos han quedados en condiciones para su tratamiento definitivo.

5.- El doctor J.O.C., luego de señalar algunos conceptos genéricos donde alega los errores del juzgador, sostiene que el fallo no acreditó de modo debido distintos aspectos de los tipos objetivos imputados al señor M.A.I..

Reitera su oposición -al igual que luego en el debate oral- a la incorporación por lectura de la declaración del testigo V. (prueba esencial; fs. 1453/1456 y 1688/1691), pues violenta el derecho de defensa al no haberse posibilitado su control, y cita doctrina legal.

En cuanto al art. 259 del Código Penal -dádivas-, aduce que quien supuestamente las libraba -el señor R.R., sobreseído por prescripción de la acción- debía conocer que quien las recibía era un funcionario público, lo que no resultó acreditado. Agrega que no se probó que “el Sr. R.R. conociera que detrás de la empresa sello Albany Trade se encontraba el Sr. M.I.(.P.)”.

Añade que tampoco se encuentra acreditado que R.R. haya ofrecido o entregado dinero a M.I., sino que únicamente se probó que éste pagó sumas de dinero a la empresa A.T.S. y a A.S.. Asimismo, refiere la prueba testimonial que permitiría
///4.- establecer la causa de los envíos dinerarios a las empresas A.T.S. y luego Edificom (aporte de dinero a Ferrari para el desarrollo de una máquina vinculada con el juego de azar -fs. 6825-).

En lo relativo al art. 256 del Código Penal, se agravia además pues sería errado que M.I. dejara de hacer o tolerara incumplimientos por parte de su consorte de causa respecto de la licitación Nº 6-90, para que continuara con la explotación de juego. En este sentido, expresa que no resulta razonable entonces que su pupilo optara por rescindir el contrato que generaría las coimas, el que tenía vigencia hasta fines del año 2011, con una prórroga hasta fines del 2016. Señala que propio M.I. denunció los incumplimientos de la empresa, cuyas actuaciones administrativas son anteriores al 8 de abril, en que se remitiera a la F.ía de Estado constancia de los incumplimientos. Al respecto, menciona la declaración en debate del perito oficial contador C.L., quien hizo referencia a los dictámenes obrantes a fs. 2064, 2966, 2977, 3811, 5692, 5793 y 6508, y dice que los cheques no eran más de 14 y fueron saneados al ser cobrados con intereses. También alega que el canon fue liquidado el 100%, con intereses moratorios, y desde el punto de vista financiero no hubo perjuicio. Esto fue ratificado, continúa, por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro. Lo mismo sostiene en cuanto al plan de inversiones -hoteles-, en el que la demora de las obras no se debió a la inacción o tolerancia de su pupilo, sino a defectos en los pliegos licitatorios, para lo que menciona prueba testimonial e
///5.- indica las fs. 914/919 y 944/949, y afirma que, pese a los inconvenientes, el plan de obra había avanzado un 40%. A ello suma que el cambio de porcentajes en la reformulación del contrato con V.S. -la provincia pasó a recibir un 42%, cuando antes lo hacía por un 52%, cambio de un pago asegurado mínimo- fue beneficioso para la representada por el imputado, la que ganó más dinero de acuerdo con los cuadros demostrativos y balances. Similares apreciaciones da en cuanto a la póliza de caución, pues ésta no vencía aun ante la falta de pago del tomador, siendo que -además- I. obligaba a la empresa a presentar los recibos. En este orden de ideas, considera no acreditado un acuerdo venal en los términos del art. 256 del código de fondo, pues su defendido aplicó un sobrecargo a las firmas V.S.. y Casinos de Río Negro S.A. Niega que éste haya recibido el 15% de los ingresos correspondientes a la primera de las sociedades, puesto que no quedó demostrado ningún incremento de su patrimonio. Agrega que el peritaje contable de fs. 5391/5393 permite acreditar que los montos girados a la firma A.T.S., controlada por C.I.F., regresaban a V.S. y egresaban para la atención de proveedores de la fallida (V.S.. se encontraba concursada). En cuanto a la transferencia de
$ 10080, dice que este monto no era anormal para su economía y que el imputado en su declaración indagatoria dio explicaciones de ella en ayuda de C.I.F..-
Por último, se agravia de la pena aplicada y dice que su monto es arbitrario. Alega que era irrelevante analizar la mayor o menor cantidad de dinero e insiste en la ausencia
///6.- de perjuicio. Dice que el a quo también ha omitido analizar el hecho de que el imputado no es reincidente y la llamada “pena del proceso”, en tanto la investigación judicial llevó más de siete años. Considera por ello que debió partirse del mínimo legal.

6.- El doctor J.P.C., como abogado defensor de A.S., argumenta que la formulación de la acusación fiscal fue realizada en exceso de los plazos previstos por el art. 318 del rito: “la Dra. Z. solicitó la prórroga del plazo establecido en el Art. 317 del CPP pasadas dos horas del fenecimiento del mismo (fs. 5857) y cuando esta parte había solicitado el sobreseimiento del Sr. S. por falta de acusación… (FS. 5873)”. Entiende que tales plazos son perentorios (arts. 137 y 139 C.P.P.) y que el plazo del art. 318 es de esa clase, pues de lo contrario no sería prorrogable. También señala los puntos que deben considerarse para estimar la razonabilidad de la duración del proceso, en el que advierte demoras injustificadas.

Afirma asimismo que la doctora Milicich de V. intervino de modo ilegítimo en el proceso, puesto que integró el tribunal de la sala revisora en el recurso de apelación contra el auto de procesamiento, que fue confirmado -Se. 176, del 15/11/05- y también intervino en otros pronunciamientos, siempre absteniéndose de votar, atento a la coincidencia de los vocales preopinantes, aunque se reunió con sus colegas en cumplimiento de los arts. 372 y ccdtes. del código adjetivo y, deliberación luego de la cual se dictaron las sentencias correspondientes. Por ello, expresa, se encontraba inhabilitada para juzgar -el mero
///7.- temor de parcialidad basta para su apartamiento-, y menciona jurisprudencia y la Regla 4.2 de las Reglas de Mallorca.

Lo mismo afirma de la intervención de la doctora V. de V., que incumple con los precedentes “Llerena” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y “H.U., de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que dicha magistrada, como vocal de trámite, analizó y admitió la procedencia de la prueba suplementaria solicitada tanto por las defensas como por el Ministerio Público F., según lo dispuesto por el art. 333 del rito, de modo tal que se colocó en la misma situación que el J. de...

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