Sentencia Nº 1082/14 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:18 de Diciembre de 2017
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 18 días de diciembre de dos mil diecisiete, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia, constituida por los Dres. J.R.S. y E.D.F.M., como presidente y vocal, respectivamente, a efectos de dictar sentencia en los presentes autos caratulados: “R.S.IICFA c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa”, expediente n° 1082/2014 del que

RESULTA:

I. A fs. 257/301 vta. R.S.(., por apoderado, promueve una demanda contra la Provincia de La Pampa por la que pretende (i) la declaración de nulidad de los decretos 54/2013 y 15/2014 y, en consecuencia, se condene (ii) a la recepción definitiva de la obra “Construcción Edificio Centro Judicial -Santa Rosa- La Pampa” - Licitación nº 19/05 (la Obra) y (iii) al pago de la suma de $ 1.534.307,08, con más sus intereses, por la ejecución de los trabajos y otros gastos correspondientes a tareas de mantenimiento no contempladas en la encomienda contractual y como consecuencia de la mayor permanencia en la obra por la ejecución de aquellas tareas y de la negativa a otorgar la recepción definitiva, con más las costas procesales.

En el apartado 3 –bajo el título “Actos impugnados, contenido, derechos afectados, procedencia formal de la demanda”–, expresa que resulta nulo el decreto 54/2013, fechado el 7 de marzo de 2013 –y que imputa a R.S. el incumplimiento de sus obligaciones contractuales– por contener vicios graves e insanables en sus elementos causa y objeto.

Añade que no son ciertos los antecedentes de hecho en que se funda el referido acto administrativo en tanto responsabiliza a la empresa por los desperfectos que afectan a la obra, imputación que, consecuentemente, afecta los derechos subjetivos de la misma empresa.

También dice que el objeto, la ejecución de garantía y la promoción de acciones judiciales devienen en ilícitos.

En referencia al decreto 15/2014, de fecha 14 de enero de 2014, que rechazó el reclamo administrativo previo que fuera promovido instando la recepción definitiva de la obra, expresa que también contiene vicios tanto en la causa como en el objeto.

Seguidamente, narra los hechos relevantes. Así, relata que R.S. resultó adjudicataria de la obra “Construcción Edificio Centro Judicial”, habiendo firmado el contrato el 2 de junio de 2006.

Señala que la obra consistió en la construcción del denominado “Centro Judicial Santa Rosa” destinado a albergar los tribunales de primera y segunda instancia, del Ministerio Público, la alcaidía, dependencias vinculadas con las actividades a desarrollar en el complejo, entre las que se encuentran el estacionamiento cubierto para magistrados.

Destaca que el proyecto –elaborado por el estudio de arquitectos B.E.V.– estaba desarrollado a nivel proyecto constructivo, esto es, contenía un grado de definición muy detallado del que solamente se requería de la empresa contratista su estricta aplicación.

Relata que el complejo contenía dos edificios enfrentados y desplazados que conforman entre sí un espacio público longitudinal exterior denominado “Plaza Foro Judicial”, y que debajo de ésta se encuentra el referido estacionamiento cubierto.

Indica que el marco legal aplicable está constituido por la Ley General de Obras Públicas, ley nº 38 y su reglamentación, el pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP), el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), las cláusulas complementarias, planos y planillas.

Agrega que el artículo 67, primer párrafo, de la ley 38 establece que “Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a materiales, cuanto a la forma y plazos de ejecución”.

Por su parte, el artículo 48 de la misma ley dispone que “la ejecución de los trabajos se realizará bajo la inspección de la repartición respectiva”.

A su vez, el PBCP establece que “los materiales a emplearse (...) deberán responder estrictamente a este pliego de condiciones: todo material que no satisfaga esa condición, a juicio de la Inspección será corregido o retirado del obrador y sus adyacencias dentro de las veinticuatro (24) horas de liberada la orden de servicio respectiva”.

Dice que en relación a la aislación hidrófuga de la losa correspondiente a la planta baja del edificio –hecho que constituyó el motivo para denegar la recepción definitiva de la obra–, se había establecido que el revestimiento impermeable se constituiría con tres capas de elementos a colocarse en todos los casos de acuerdo a planos, planillas y pliego de especificaciones técnicas (fs. 262/ vta.).

Señala que tales elementos eran una doble capa de geotextil no tejido de poliéster tipo Geotextil Sika o similar –fabricado a partir de filamentos de poliéster unidos mecánicamente– bajo piedra bola exterior edificio Fueros, bajo solado plaza y otros.

Agrega que en medio de las mencionadas capas de Geotextil, se colocaría una capa constituida por la membrana de PVC tipo SIKAPLAN y que incluye “fleje de acero y sellador de bordes de tabiques de submuración. S.=1,00 m.” y membrana impermeabilizante pre-elaborada de PVC tipo SIKAPLAN o similar, sobre mortero de terminación –incluido–, bajo espejo de agua según planos (fs. 262 vta.).

Seguidamente, dice que “estas prescripciones contractuales fueron las que definieron los materiales y técnica constructiva a aplicar en la materia, e inexcusablemente debían ser cumplidas por la contratista bajo apercibimiento de rechazo por parte de la inspección”, conforme normas contractuales y legales.

Señala que ninguno de los documentos de la licitación incluyó la ejecución de obras tendientes a prevenir una eventual elevación de la napa de agua.

En referencia al procedimiento para la recepción de la obra, transcribe los artículos 42 y 43 del PBCP y en relación al régimen de garantías de la obra señala que “la aclaración con consulta nº 1, en la respuesta 2, expresa: 'Monto Garantía del Contrato: 5 % del monto del contrato...Se devuelve con la recepción provisoria de la obra. Fondo de reparo. 5 % del monto de cada certificado. Se devuelve con la recepción final de la obra” (fs. 263 vta.).

Manifiesta que la obra fue concluida el 8 de marzo de 2009 según acta de recepción provisoria del 14 de julio del mismo año.

Obras Públicas expidió el certificado de competencia técnica en el que se asentó que los plazos previstos habían sido cumplidos satisfactoriamente y que el concepto de R. SA era “muy bueno”. La superficie cubierta de la obra ejecutada había sido de 26.500 metros cuadrados.

Más adelante, indica que durante el período de conservación R. realizó numerosas tareas que no consistieron ni en la ejecución de obras faltantes ni en vicios de los trabajos ejecutados, sino por desperfectos en el uso y en el mal uso. Destaca que esos trabajos nunca fueron facturados.

Expresa que una clara exposición de los trabajos inherentes a la colocación de la membrana para la aislación hidrófuga de la planta baja del complejo, sus peculiaridades y cuidados requeridos permitirán una razonable y justa apreciación de la conducta de la empresa en la ejecución de esos trabajos y las reales causas de las filtraciones.

Seguidamente, explica la forma de ejecución, las características del aislamiento hidrófugo, los cuidados y su mantenimiento.

Dice que luego de cumplido el plazo de conservación y ejecutado las tareas de reparaciones, recibió la Orden de Servicio nº 226, de fecha 8 de julio de 2010, en la que se hizo saber que no se procedería a la recepción definitiva de la obra por considerar que durante dicho período de conservación no se habían cumplimentado lo requerido por distintas órdenes de servicio.

Expresa que aquella comunicación fue rechazada por la empresa toda vez que, además de haber ejecutado las tareas de conservación estipuladas contractualmente, había realizado tareas extracontractuales de mantenimiento y de reposición de elementos dañados por el mal uso de los destinatarios de la obra.

Expone que mediante la Nota 524, R. solicitó la recepción definitiva de la obra con fundamento en la finalización del plazo de conservación y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, requerimiento que fue rechazado mediante la Orden de Servicio 229, de fecha 29 de julio de 2010.

Señala que, el 31 de julio de 2009, la obra había sido entregada a su usuario, esto es, al Poder Judicial provincial, quedando a cargo de éste la obligación de mantenimiento del edificio.

Dice que el conflicto comienza a definirse con la recepción de la Orden de Servicio 239, de fecha 6 de mayo de 2011, por la que se notifica a R. SA el deber de cumplir el reclamo formulado por el Gerente General del Centro Judicial (Nota CJ 156/2011, del 3/5/2011), que consistió, básicamente, en las filtraciones en el área de cocheras y en los vértices en la Sala de Control.

Explica que las referidas filtraciones derivaban de la falta de mantenimiento tanto de los embudos de drenaje del agua como de las juntas del revestimiento exterior del edificio que, por sus características constructivas y por el clima de la zona, requería la realización de operaciones y cuidados necesarios.

Narra que la referida Orden de Servicio fue reiterada mediante carta documento de fecha 1 de febrero de 2012, respondida por R. el 9 de febrero de aquel año.

Argumenta que la persistencia de las filtraciones evidenciaba que el mantenimiento de la obra por el comitente o el usuario había sido nulo.

Agrega que hasta el solado de la plaza seca fue demolido para la realización de una nueva aislación, obra que se podría haber evitado si desde julio de 2009 el usuario hubiera efectuado un adecuado mantenimiento...

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