Sentecia definitiva Nº 108 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 27-12-2011

Emisor:Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo nº3
Número de sentencia:108
///MA, 27 de diciembre de 2011.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores V.H.S.N., F.A.C. y G.A. -los dos últimos por subrogancia-, con la presencia del señor S. doctor G.G.L., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “GONZALEZ, H.O. C/ TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. Nº 24250/10-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la Ia. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad, con el fin de resolver los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 547/552 vlta. por la parte demandada y a fs. 553/567 vlta. por la parte actora, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S

1ra.- ¿Es fundado el recurso?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor J. doctor V.H.S.N. dijo:

1.- EL CASO: Llegan las presentes actuaciones a mi voto a raíz de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos oportunamente por la demandada, TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. -a fs. 547/552 vlta.-, y por el actor, H.O.G. -a fs. 553/567 vlta.-, contra el fallo de la Cámara del Trabajo de la Ia. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad de Viedma que hizo lugar parcialmente a la demanda –a fs. 525/531 vlta.- y condenó a la demandada al pago de $5.000 / ///-2- en concepto de daño moral con costas, y la rechazó en todo lo demás con costas al actor, aunque lo eximió totalmente de su pago.

El tribunal de grado tuvo en consideración que el 15.II.2005, en ocasión en que se hallaba cortando con amoladora un perfil metálico -sin contar con adecuada protección facial-, el actor sufrió una herida en su ojo derecho por una esquirla eyectada del metal caliente que le ocasionó una lesión en la córnea.

Según lo relatado por el actor, tras el infortunio fue llevado al Policlínico Privado S.A. de San Antonio Oeste, donde le realizaron curaciones básicas para derivarlo posteriormente al examen del doctor C.H.. Una vez denunciado el accidente, se tramitó expediente ante la Comisión Médica Nº 18 y Prevención ART S.A. le brindó las prestaciones médico-farmacéuticas oftálmicas por un período de 119 días, de acuerdo con las previsiones de la Ley 24557.

No obstante su impedimento físico, recibió de modo infundado el alta médica -con fecha 28-II-2005-, criterio que debió ser revisado tras una campimetría visual efectuada con fecha 18-IV-2005, y de acuerdo con un informe oftálmico del doctor H., en el cual se determinaba un leucoma corneal de 0,5 mm en el área para central del ojo afectado, con disminución periférica de su sensibilidad en el campo visual y disminución del 50% respecto del ojo sano, es decir, con una agudeza perceptiva de 5/10 en su ojo herido, aunque un nuevo examen –con fecha 14-VI-2005- signó su agudeza visual derecha en 6/10 de la normal y se determinó por entonces una nueva alta médica.

En tal situación, la aseguradora ofreció resarcirlo y resultó incorporado a su empleo en la misma área y con las mismas herramientas. No obstante, luego de efectuados múltiples estudios, con fecha 15-XI-2005 la Comisión Médica Nº 18 /// ///-3- dictaminó que G. padecía un 47,20% de incapacidad laboral, extremo que derivó en el pago resarcitorio efectuado por Prevención A.R.T. conforme lo preceptuado por la L.R.T., el cual, sin embargo, a criterio del actor no cubrió la totalidad de su perjuicio, razón por la que reclamó la diferencia indemnizatoria que entendió le correspondía mediante la vía de responsabilidad civil.

Adentrado, pues, en el análisis de las probanzas y constancias del caso, el tribunal de grado concluyó en que la ocurrencia del accidente quedó fuera de toda discusión (fs. 527 vlta.), como así también la responsabilidad del empleador en el cauce de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil. No obstante, determinó la incapacidad del actor en el 2% de la total obrera, según lo indicado por la pericial médica de autos, por lo que cuantificó la indemnización en la suma de $ 6.488 y, con los intereses correspondientes, en la de $ 9.548,38, la que tuvo por sobradamente satisfecha con el pago de $ 80.149,60 efectuado por la A.R.T. en concepto de prestación dineraria reconocida en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Por lo demás reclamado, no encontró acreditado –a criterio del a quo- grado alguno ni tampoco existencia de daño biológico, sin perjuicio de que accedió a otorgar al pretendiente una reparación en concepto de daño moral, en tanto juzgó menoscabada su integridad física, tranquilidad de espíritu y libertad individual, que fijó prudencialmente en la suma de $5.000.-, en valores actuales.

El a quo admitió entonces el reclamo solo respecto de la reparación por daño moral y lo rechazó en todo lo demás pretendido.

2.- EL RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA.

A fs. 547/552 vlta. Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. cuestiona el fallo de grado en tanto /// ///-4- aplica -a su entender, sin fundamento válido alguno- la facultad excepcional de eximir de costas al vencido, pues lo hizo sin observar lo preceptuado por los arts. 25 de la Ley P Nº 1504 y 68/71 del CPCCm, ni tampoco lo señalado en la doctrina sentada en el caso “Migueliz”.

Argumenta que la Cámara acogió solo parcialmente la pretensión y fijó el daño material según una incapacidad del 2% de la total obrera, de suerte que, en definitiva, un reclamo de casi $400.000.-, jurídicamente injustificado -pues sólo progresó por $5.000.-, le ocasionó costas en concepto de honorarios por la suma de $80.867,75.

En esta línea argumental, sostiene que fue traída injustificadamente a juicio e impugna la medida de tener que afrontar los gastos generados por el actor, que intentó -a su entender- engañar al tribunal con su simulación.

A. además que no se fundó adecuadamente la exclusión del principio de costas al vencido, y que el citado precedente “Migueliz” no se compadece con el supuesto de autos, pues allí se dijo que correspondía impedir que el pago de las costas frustrara el derecho reconocido en la sentencia, aunque tal afirmación estaba enmarcada en un contexto opuesto al caso de autos, donde se había fijado que la razón principal de la exoneración radicaba en que la actora jamás podría haber presentido el cambio de la jurisprudencia previa, con base en la cual había estimado el monto reclamado.

3.- EL RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA.

A fs. 553/567 vlta. obra el recurso de H.O.G., quien imputa valoración arbitraria de pruebas esenciales para el caso, concretamente, de la pericial oftalmológica glosada a fs. 452/457, acusando por ende que la decisión de grado no resulta deducción adecuada del derecho vigente.

Entiende que, al examinar aquella pericial, el tribunal // ///-5- la reputó fundada en principios técnicos inobjetables, de suerte que aceptó sin más sus conclusiones -tanto como las vertidas en la pericial psicológica, a fs. 290/291- para fundar su veredicto. De tal manera, piensa que el a quo yerra...

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