Sentecia definitiva Nº 108 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 24-08-2017

Fecha de Resolución:24 de Agosto de 2017
Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
 
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///MA, 24 de agosto de 2017.-
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Enrique J. MANSILLA, Adriana C. ZARATIEGUI, Liliana L. PICCININI, Sergio M. BAROTTO y Ricardo A. APCARIÁN, con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: “DEFENSORES DE MENORES E INCAPACES DE LA III CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL C/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ AMPARO (F) S/ APELACION”, Expte. n° 29218 /17-STJ-), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos.
V O T A C I Ó N
El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA, dijo:
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 84 por los Sres. Defensores de Menores e Incapaces de la IIIa. Circunscripción Judicial, Dres. Ana María Fernández Irungaray, Ricardo Mayer, Natalia De Rosa y Javier Ospital contra la sentencia dictada a fs. 78/83 por la Sra. Jueza de Amparo, María Marcela Pájaro, mediante la cual rechazó la acción interpuesta, en tanto perseguía que se ordene al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que arbitre las medidas proteccionales adecuadas a la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes de los Barrios Malvinas, Pilar I, Pilar II, Nahuel Hué y El Maitén, conocidos como “Pampa de Buenuleo”, correspondientes a problemáticas en todos sus aspectos: consumo, adicción y falta de contención familiar, comunitaria y social.
Para así decidir la Sra. Jueza de Amparo precisó que, si bien las conductas omisivas pueden ser materia de amparo, la acción intentada por los Sres. Defensores adolece de excesiva laxitud e imprecisión, lo que impide su acogimiento.
Indicó que las objeciones formuladas por el Ministerio de Desarrollo Social Provincial resultan atendibles, sosteniendo que la situación planteada involucra a múltiples áreas del Estado (salud, seguridad, educación y también a organismos nacionales).
Asimismo destacó que la cartera ministerial requerida desplegó una conducta activa en la sustanciación del proceso, informando acerca de las tareas desarrolladas como de programas de intervención.
La magistrada consideró que la legitimidad de la actividad administrativa se presume por lo que correspondía a los presentantes determinar o identificar a aquellos niños, niñas o adolescentes vulnerados en sus derechos y acreditar en cada caso concreto la inacción del organismo contra el que dirigieron el amparo.
Sostuvo que de la documental aportada en la causa no surgen precisiones, salvo en la obrante a fs. 6/7 que alude a dos familias de apellido Millahual y Olimpo, destacando que no obra determinación de cuáles son los sujetos vulnerados en sus derechos o cómo identificarlos. Agregó que el código adjetivo requiere, como requisito de la demanda la precisión de "La cosa demandada, designándola con toda exactitud" (art 330 inc. 3).
Expresó que no encuentra un caso concreto para decidir en tanto la pretensión importe “definir y delinear las políticas sociales y las decisiones propias de la órbita del Poder Ejecutivo”.
Afirmó que la intervención del Poder Judicial en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes es subsidiaria y se enerva a partir de que el obligado principal incumple los deberes a su cargo.
Precisó que la situación de autos difiere de la contemplada en la sentencia dictada en la causa "DEFENSORA DE MENORES E INCAPACES Nº 4 DE GENERAL ROCA S/AMPARO" (STJRNS4 Se. 26/15) por el Dr. Sergio M. BAROTTO.
Concluyó que los jueces no deben emitir pronunciamientos sobre cuestiones o materias abstractas sino en un caso concreto y ante un conflicto definido, no para determinar cómo debería operar el Poder Ejecutivo, cuáles son las políticas a trazar y los recursos a disponer.
A fs. 86/90 vta. los recurrentes se agravian de la consideración de la Sra. Jueza de amparo sobre la imprecisión en la demanda de autos respecto a la identificación de los jóvenes vulnerados en sus derechos y las medidas requeridas al Ministerio para atender la problemática suscitada.
Sostienen que la sentenciante no meritó lo expuesto por la Defensora Irungaray a fs. 38/43 donde constan todas las gestiones realizadas e intervenciones peticionadas al Ministerio previas a la interposición del presente amparo, sumado a que la determinación de las situaciones puntuales de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en cuestión, es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Agregan que la deficiente intervención del organismo requerido expone a graves riesgos a un colectivo de jóvenes que viven en barrios carenciados quienes, ante situaciones de vulnerabilidad, no contarán con el necesario soporte del Estado para la superación de problemáticas.
Expresan que la magistrada ha obviado los derechos fundamentales de sus asistidos, obrando en forma contraria al interés supremo de los mismos, conforme imposición del art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Máxime, si se tiene en cuenta que de acuerdo a lo prescripto por el art. 2 de la Ley 26061 los derechos y las garantías reconocidos (que reflejan lo establecido en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño) son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles y no transables.
Respecto a las obligaciones que se les pretende endilgar sostienen que no es función del Ministerio Público de la Niñez relevar, detectar y determinar las situaciones puntuales de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en los barrios de la ciudad, excepto en los casos advertidos por el Ministerio en el marco de las tareas propias y que motivan los constantes pedidos de intervención, hoy desoídos.
En referencia a que la problemática involucra a muchas otras áreas del Poder Ejecutivo (seguridad, salud y educación) y a organismos nacionales, insisten que ello no obsta a la efectiva intervención del Ministerio de Salud dado que el art. 19 inc. 10 de la ley N° 5105 determina que el Ministerio de Desarrollo Social debe actuar en la prevención y rehabilitación de adicciones sociales.
Manifiestan que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, debe diseñar e implementar las políticas públicas a los fines de garantizar los especiales derechos de los que son titulares los niños, niñas y adolescentes, por su condición de personas en desarrollo y conforme el amplio espectro jurídico internacional; sumado el articular con los demás organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal la intervención y abordaje de las situaciones de vulnerabilidad, según corresponda, de acuerdo a cada problemática.
Expresan que se vieron en la obligación de interponer la presente acción judicial a fin de lograr se imponga al Ministerio a cumplir con las obligaciones a su cargo. Ello, ante la falta de respuesta y de abordaje del Ministerio requerido respecto de los oportunos requerimientos efectuados por los recurrentes y ante la información obtenida por parte de los referentes barriales y profesionales de diversas áreas municipales y provinciales, en cuanto a que dicho Ministerio estaba ausente en las graves situaciones presentadas en los barrios y todo esto sin perjuicio de haber manifestado éste último que realizaban gestiones para mejorar los recursos existentes.
A fs. 114/117 vta. obra contestación de la delegada del Ministerio de Desarrollo Social con el patrocinio de los Dres. Santini y Fernández Bardaro solicitando el rechazo del remedio interpuesto por carecer de una crítica concreta y razonada respecto del fallo que pretenden cuestionar.
A 121/126 obra Dictamen de la Sra. Defensora General, Dra. Rita Custet Llambí, sosteniendo que la sentencia debe ser revocada y ordenar al organismo señalado que efectúe el relevamiento y las acciones posteriores necesarias a fin de garantizar los derechos violados.
Coincide con el remedio recursivo interpuesto por los Defensores Públicos y señala que, en el actual sistema de promoción y protección de la niñez, es el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia el encargado de llevar adelante esas políticas, debiendo coordinar y/o articular con todas las áreas del Poder Ejecutivo que resulten necesarias para alcanzar los fines previstos en las leyes 4109, 26.061 y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
A su entender se configuran en autos los presupuestos requeridos en el art. 43 de la Constitución Nacional para la procedencia de la acción de amparo interpuesta, en tanto la administración pública debe efectuar un relevamiento en los barrios para evaluar, diseñar y aplicar las políticas públicas necesarias a efectos de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que residen en el lugar, lo cual se niega a hacer.
A fs. 128 vta. la Sra. Procuradora General advierte que el memorial de contestación (fs 114/117) ha sido efectuado por la Delegada del Ministerio de Desarrollo Social, Lic. Natalia Almonacid, -con patrocinio letrado de los Dres. Anabel Santini y Carlos Fernández Bardaro- quienes se han presentado sin acreditar poder suficiente para litigar en nombre y representación del Estado Provincial -de conformidad a los términos del Art. 2 de la ley K 88-. Es por ello que solicita, con carácter previo a emitir dictamen y a efectos de evitar planteos de nulidad, que se notifique a la Fiscalía de Estado para que tome debida intervención.
A fs. 133 y vta. se agrega escrito presentado por los apoderados de la Fiscalía de Estado, Dres. Blanca Passarelli, Laura Lorenzo, Juan Ángel Garciarena, solicitando el rechazo del recurso y adhiriendo a la contestación de agravios presentada por la delegada del Ministerio de Desarrollo Social.
DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL
A fs. 136/142 la Sra. Procuradora General, Dra. Silvia Baquero Lazcano, dictamina que corresponde el rechazo del recurso de apelación incoado, debiendo confirmarse la...

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