Sentencia Nº 1069/09 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2010

Fecha de Resolución:31 de Mayo de 2010
 
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SC-1069.09-31.05.2010 /// PUEBLOS ORIGINARIOS – Posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (art. 75 inc. 17 C.N.) El art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional establece que “Corresponde al Congreso... 17) Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respecto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.- Sobre el punto que aquí interesa, ha dicho S. que las comunidades pasan a ser propietarias y poseedoras de las tierras que tradicionalmente ocupan. En consecuencia, “...aunque esa ocupación no haya sido animus domini, siempre que fuere durante un tiempo muy extenso, casi inmemorial (el apto para configurar una situación de ‘tradición’, y que por ende, debe superar con creces una posesión veinteañal o treintañal), nace para ellas, y con prescindencia de las reglas civilistas, un título de dominio” (N.P.S., Elementos de derecho constitucional, Tomo 2, Ed. Astrea, 2001, págs. 569 y 570).- Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria implica la preservación de una forma cultural al mismo tiempo que el aseguramiento de derechos patrimoniales diferentes y con un estatuto especial. En el caso planteado por la Comunidad Mayagna al Estado de Nicaragua, la Corte Interamericana dispuso que Nicaragua debía delimitar, demarcar y titular las tierras pertenecientes a la Comunidad a través de medidas legislativas, administrativas o de otro tenor a fin de instrumentar un mecanismo adecuado y eficaz para asegurar aquellos derechos (CIDH, 31/08/01, “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/Nicaragua”).- (...) Asimismo, el tipo de propiedad comunitaria reconocida, con los caracteres de no enajenable, intransmisible, inembargable y no tributable, constituye una nueva forma de propiedad –prima facie tuitiva de los indígenas previstos como grupos– no contemplada en el Código Civil, por lo que, al decir de Sagües, resulta “...urgente que la legislación civilista regule este instituto” (op. cit. pág. 571), lo que no ha acontecido hasta la fecha, habiéndose limitado el Poder Legislativo a dictar normas que sólo postergan el debate sobre la cuestión de fondo.- En efecto, con el dictado de la Ley Nº 26160 (B.O. 29/11/2006, ADLA 2007- A, 6) se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años (art. 1º) PRINCIPIOS PROCESALES – Principio dispositivo: cuándo cede por la necesidad de hacer prevalecer los poderes del juez sobre las facultades dispositivas de las partes.- Aún cuando el ordenamiento jurídico procesal se fundamenta en el principio dispositivo, en algunas ocasiones, el interés social comprometido en cierta clase de relaciones jurídicas –como el analizado en el sub lite– impone, la necesidad de hacer prevalecer los poderes del juez sobre las facultades dispositivas de las partes. El proceso civil adquiere, en tales hipótesis, carácter inquisitorio pues las partes carecen de la disponibilidad del derecho o de la relación que les sirve de fundamento y la autonomía privada, por lo que debe ceder paso a una mayor injerencia del órgano judicial sobre el contenido material y formal del litigio (Lino Enrique Palacio, Derecho Procesal Civil I, Editorial Lexisnexis, Bs. As., 2005, págs. 255 y 256).- /// En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 31 días del mes de mayo del año dos mil diez, se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, D.E.D.F.M. y por su vocal, Dra. R.E.V. , a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “ROJAS M.C. contra SOSA L.L. sobre incidente de ejecución de sentencia, en autos: ‘DE C.T.H.J.c.L.L.s., expte. nº 1069/09, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que- RESULTA Que a fs. 219/225 los Dres. C.F.Á. y S.N., en representación de L.L.S. y de la Comunidad Aborigen E. interponen recurso extraordinario provincial en los términos del inciso 1º del art. 261 del C.P.C.C. contra la sentencia de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que a fs. 215 resolvió: “I.- Rechazar los recursos de apelación referidos en los precedentes considerandos, con costas por su orden, sin derecho a percibir honorarios.” Solicitan que se revoque la sentencia de la Cámara de Apelaciones y se ordene la realización de un sumario de oficio conforme lo dispuesto por las leyes provinciales nº 2222, ratificada y prorrogada por las leyes nº 2300 y 2405 a fin de acreditar la pertenencia de su mandante a una comunidad aborigen y resolver así la suspensión del desalojo ordenado en autos por la jueza de primera instancia.- Expresan que “... en dicha sentencia se ha aplicado erróneamente o violado la ley (artículo 261 inciso 1) en virtud de que ha desconocido la existencia de leyes que son de orden público (ley 26160); el procedimiento estatuido en el artículo 2 de la Ley 2222; la vigencia de la ley 2405 y las obligaciones suscriptas por el Estado Nacional y contenidas en el Convenio 169 de la OIT que son de cumplimiento obligatorio para todos los tribunales de la República” (fs. 219 vta).- Acreditan el cumplimiento de los recaudos formales, y relatan los hechos de la causa diciendo que en el juicio principal que se ejecuta, en forma previa al desalojo, se ordenó promover un incidente de información sumaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 2222.- Señalan que por diversas circunstancias –que relatan en detalle– no se cumplimentó con la formación del incidente pero pese a ello, la jueza de primera instancia, a fs. 120, dictó la resolución por la cual se levantaba la suspensión del proceso y se ordenaba el desalojo, decisión que fue confirmada por la Alzada, en franca violación de las normas jurídicas dictadas para proteger los derechos de los aborígenes, ocupantes tradicionales de esas tierras.- En el parágrafo V transcriben un párrafo de la sentencia de la Alzada y sobre el particular manifiestan que: “Si bien se encuentra vigente la norma del artículo 480 del Código Procesal, también es cierto que la ley 2222 y 2405, hoy vigentes en la provincia, han generado una modificación en el Código Procesal Civil y Comercial y a la regla general contenida en dicho artículo 480, y siendo que estas leyes son posteriores a la sanción del Código Procesal, la regla de la inapelabilidad ...se ha visto alterada en razón de que ambas leyes disponen el derecho a la suspensión de los procesos de ejecución de los juicios de desalojos de inmuebles rurales, siempre que fueran ocupados por cualquier título, por familias o habitantes, indígenas u originarias o sus descendientes, cualquiera sea el estadio procesal en...

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