Sentencia Nº 105821/1 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2023

Año2023
Número de sentencia105821/1
Fecha10 Mayo 2023
EmisorSuperior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
EstatusPublicado

FALLO Nº 52/23 SALA “A”: En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los 10 días del mes de mayo de dos mil veintitrés, se reúne la Sala “A” del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los J.M.E.S. y M.F.P., a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto por el Abogado J.H.D., en ejercicio de la Defensa Particular de N. M. R., y que originó el Legajo Nº 105821/1 -registro de este Tribunal- caratulado: “R., N. M. S/Recurso de Impugnación”, del que,

RESULTA:

I. Que la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, mediante Sentencia Nº 12/2023, condenó a M. R., D.N.I. Nº ---, a la pena de UN AÑO y OCHO MESES de PRISION por ser autor material y penalmente responsable de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal (artículos 149 bis 1º párrafo, segundo supuesto, 55 y 189 bis, inc. 2º, segundo párrafo todos del Código Penal), todo ello en el marco de la ley Nº 26485, con costas atento la Defensa privada ejercida (artículos 29 inciso 3º) del Código Penal y artículos 346 y 444 del Código Procesal Penal).

II. Contra dicha sentencia, el Defensor Particular J.H.D. interpuso impugnación. Para fundar su presentación el defensor se agravia de la errónea aplicación de la ley sustantiva, inobservancia de las normas procesales y errónea valoración de las pruebas en que ha incurrido dicho resolutivo.

III. El presidente de este Tribunal dio el trámite legal correspondiente e intervención para resolver a la Sala A. Cumplido entonces, ha quedado ésta en condiciones de ser resuelta, estableciéndose la votación conjunta de los Jueces M.E.S. y M.F.P..

CONSIDERANDO:

A..

En principio cabe afirmar que el recurso de impugnación deducido por la defensa resulta admisible a tenor de lo preceptuado en los arts. 33 inc. 1º, 387, 389 y 392 inc. 1º de nuestro ordenamiento procesal.

Otro de los requisitos requeridos para la viabilidad de los recursos, es que los motivos en los que se fundamenta se encuentran debidamente explicitados, siendo ello así, brindan los mismos el marco de tratamiento y contralor que este Tribunal revisor debe efectuar, a los efectos de garantizar a quien resultara condenado mediante sentencia aún no firme, el derecho que tiene que la imputación y pena impuesta en su contra, sea analizada una vez más en forma integral a los fines de garantizar el poder punitivo estatal, conforme lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos (Art.8:2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art.14.5) incorporados a nuestra Carta Magna como ordenamiento legal positivo con la reforma constitucional de 1994.

En tal sentido la C.S.J.N. en el Fallo ”Casal, M. y otro” (del 20/09/05), al referirse sobre los alcances de esta segunda instancia o doble conforme, expresó que: “…debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, toda lo extensa que sea posible, al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, solo inevitables por la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”.

Teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, habremos de ingresar al examen de la cuestión planteada con la amplitud de conocimiento y revisión expuesta.

El Tribunal de Juicio, consideró que han sido plenamente acreditados y efectivamente ocurrieron, habiéndose probado los hechos de la acusación, de la siguiente manera: “Entre la noche de los días 18 y 19 de octubre de 2020, en la vivienda sita en calle ---, entre --- y ---, de esta ciudad, luego de una discusión, M. R. profirió palabras intimidantes al tiempo que empuñaba una pistola Bersa Thunder 9 mm, número de serie 477466. En un momento luego de descargar el arma, tomó la munición y le dijo a J. R. “primero vas vos”. Que este hecho fue una situación en un contexto de intimidación y violencia constante durante los 17 años de relación de pareja. Por otro lado, M. R. en el momento del hecho no contaba con la autorización legal para la tenencia de la pistola Bersa Thunder 9 mm. arriba mencionada, ya que la autorización de legítimo usuario se encontraba vencida”.

Las pruebas tomadas en cuenta por el a-quo a los efectos de dar por acreditado el hecho tal fuera descripto precedentemente son: los testimonios de Jésica Barneix, J. R., J. R., E. R., F. L., A. D. P., L. B., A. G., D. O., J.A.G. y J.R.A., durante la audiencia de juicio el acusado prestó declaración en los términos del artículo 322 del Código Procesal Penal.

También se incorporó el resto de la prueba, consistente en: 1) Parte de novedades de fecha 19/10/2020 de la Unidad Funcional de Género Niñez y Adolescente. 2) Informe de la Unidad Funcional de Género, N. y Adolescencia de fecha 19/10/2020, respecto a J. R., suscripto por las L.M.J.U. y A.A.G.. 3) Informe de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de fecha 19/10/2020 respecto a J. R. 4) Acta de recepción y secuestro de armas de fecha 20/10/2020 recibidas de parte del Sr. J. R. R. de fecha 20/10/2020. 5) INFORMES Nº 242 y 251 del año 2020; y Nº 27 del año 2021 del Registro Provincial de Armas. 6) Informe de la Lic. en Criminalística Oficial Principal, A.R.D.P., perteneciente a la Agencia de Investigación Científica de esta ciudad, de 17 de febrero de 2021. 7) Informe de la Oficina de Atención a la Víctima y a los Testigos respecto a J. R. suscripto por el Lic. L.D.(. interno 37/21). 8) Informe de la Lic. en Psicología. J.A.G. respecto a tratamiento psicolígico de J.M.R., de fecha 19 de abril de 2021. 9) Informe del Registro Nacional de Reincidencia de M. R.

Agravios de la defensa

1. El recurrente plantea que el aquo no ha merituado correctamente la prueba aportada ni fundado de acuerdo a derecho su resolución, entendiendo que la misma no está debidamente motivada de acuerdo a lo establecido por el art. 349 segundo párrafo del Código Procesal Penal de La Pampa y porque además no tuvo en cuenta el principio de “in dubio pro reo”.

2. Argumenta que el J. considera que la amenaza con arma de fuego existió cuando los agentes policiales manifestaron en sus testimonios que no encontraron ni armas ni balas. Dice que el oficial O. fue el primero en llegar y que va a la habitación a hablar con la señora R. pero que nunca vio armas ni balas.

3. Agrega que la oficial B. manifestó que se ubicó en la punta de la mesa con la señora R. y que cuando se le preguntó si había armas la misma dijo que no.

4. Consigna que el padre de la víctima falta a la verdad cuando en su manifestación dijo que al llegar al hecho ya estaban los efectivos policiales y las armas ya estaban en la mesa, cuando los oficiales en sus declaraciones sostuvieron que ninguno vio armas ni municiones. Así, entiende que los padres de la señora R. sólo repitieron lo narrado por su hija a ellos pero no coincidiendo con lo relatado por la fuerza pública.

5. Sostiene que la señora R. se contradice en sus declaraciones de manera muy notoria, no sólo con los dichos sino con el relato de los hechos, que la declaración del día 31/03/21 es distinta a la declaración en la Audiencia de debate, que se pueden observar distintos hechos en los dos relatos de la víctima.

6. Cuestiona la declaración de la Licenciada B., sosteniendo que su informe y testimonio sólo refleja frases de la señora R. que son contrarias a lo que ella misma declara, cita la frase que surge del informe donde M. R. le dijo “si te descubro te vacío el cargador” y sostiene que nunca manifestó esto la presunta víctima. Y agrega que el informe también cuenta con agresiones físicas en contexto familiar cuando en ningún momento se mencionaron agresiones físicas durante el proceso.

7. Entiende que tanto la declaración de la Licenciada B. como el informe presentado, no se condicen con las declaraciones aportadas por la señora R.

8. Sostiene que la fiscalía no aportó ninguna prueba concreta, sólo testimonios de personas allegadas a la señora R. y que nunca se llamó a declarar a A. M., testigo de otro supuesto hecho en el que M. R. le apunta con una 9 mm y le gatilla y que el Juzgador toma como cierto y lo valora en el considerando Nº 5, párrafo 5.

9. Entiende que respecto al delito de tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal, el J. no valoró la prueba documental acompañada de los legítimos usuarios y tenencia de arma que consta en actuación Nº 2620230. Además explica que M. R. al momento del hecho tenía el legítimo usuario vencido pero se encontraba en trámite, lo cual no cuadra en figura típica, por lo tanto entiende no es pasible de condena alguna por no configurar delito.

10. Además cita como jurisprudencia que considera dominante la siguiente:

Dicha autorización puede faltar cuando el agente no haya realizado las gestiones necesarias para obtener dicha autorización o ellas hayan quedado truncas, o bien cuando haya operado la caducidad de esta o una nueva reglamentación exigiese otras condiciones. Por lo demás considero que el legítimo propietario de un arma de uso civil condicionado desprovista de munición, con la habilitación vencida era un comportamiento ajeno al ámbito penal, es decir atípico, más allá de la posible inobservancia de la reglamentación administrativa aplicable al caso” (CNCC, Sala V, c. 17.445, “GOLZALEZ, D,” de 22/11/01, BJ 2001)”.

11. Sobre el criterio jurisprudencial referido argumenta que si bien el Sr. M. R. al momento del hecho tenía el legítimo usuario vencido, pero se encontraba en trámite, lo cual no encuadra en una figura típica, ergo no es pasible de condena alguna por no configurar un delito.

12. El recurrente también impugna la pena concreta impuesta por el juzgador a la pena de UN AÑO Y OCHO MESES DE PRISIÓN EFECTIVA, sosteniendo que el imputado no tiene antecedentes criminales según el informe del RNR y que tampoco...

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