Sentencia Nº 102 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 20-09-2016

Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 2016
 
EXTRACTO GRATUITO
///MA, 20 de septiembre de 2016.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (Leyes Pciales. Nº 4317 y 4318)” (Expte. Nº 23211/08-STJ-), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
La señora Jueza doctora Adriana C. ZARATIEGUI dijo:
Que a fs. 450/469 y vta. los representantes de la Municipalidad de General Roca interponen recurso extraordinario federal contra la sentencia nº 37/16, obrante a fs. 421/430 y vta., a través de la cual este Superior Tribunal de Justicia por mayoría rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada en estos autos por dicho Municipio a fs. 182/189 respecto de las leyes provinciales N nº 4317 y N nº 4318 que determinan los límites territoriales de Ingeniero Huergo y Mainqué -respectivamente- estableciendo los ejidos colindantes.
La sentencia de este Superior Tribunal de Justicia liminarmente consideró que no es posible en el caso de autos revisar la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes puestas en crisis, especialmente en lo atinente a la modificación introducida en segunda vuelta -en orden a los asuntos oficiales nº 1084/08 y 1085/08 que incorporaron las sugerencia de la Dirección de Catastro-, sin contar con nuevos dictámenes (cf. el art. 99 del Reglamento Interno de la Legislatura) puesto que se trata de una práctica de economía parlamentaria, justificada por razones de conveniencia propias del mérito de dicho Poder -intérprete natural de su Reglamento- que no implica el incumplimiento del trámite legislativo en tanto ambas leyes fueron aprobadas por el cuerpo legislativo por unanimidad, decisión ni siquiera requerida por la Constitución Provincial.
En el fallo impugnado el Máximo Tribunal Provincial rechazó el argumento que sostiene la afectación del art. 225 de la Constitución Provincial por considerar que el caso no integra materia específicamente comunal -conforme la terminología de la norma-, ya que la determinación de los ejidos colindantes es asunto del Poder Legislativo Provincial según puede extraerse del artículo 227 -1º párr.- de la misma norma fundamental, en tanto establece expresamente que corresponde a la Legislatura determinar los límites territoriales de cada Municipio, tendiendo a establecer el sistema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad geográfica y posibilidad efectiva de brindar servicios municipales.
Concluyó que refuerza dicha postura lo establecido por el artículo 106 de la Constitución Provincial al establecer que el ámbito territorial se organiza por regiones y dispone que “la ley fija sus límites” y en lo que atañe al ejido del Municipio de General Roca la ley N nº 1138 no incorpora la zona del Perilago, siendo público y notorio que no es colindante de los municipios cuyos ejidos fueran fijados y aprobados por ley.
En sustento del remedio intentado el recurrente alega que la sentencia atacada incurre en vicios judiciales graves tales como la arbitrariedad sorpresiva y la existencia de gravedad institucional, habiendo transgredido el fallo impugnado los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional -autonomía municipal-, circunstancia que hace encuadrar el presente en la causal habilitante prevista en el artículo 14 inc. 2º de la ley 48 -cuestión federal compleja directa-.
Argumenta que habiéndose detectado las deficiencias en la formación de la ley corresponde que se declare la nulidad absoluta de las leyes N nº 4317 y N nº 4318 por vicios en el procedimiento de formación y sanción de aquéllas e incumplimiento del reglamento interno del cuerpo legislativo y del artículo 2º de la ley N nº 2159 -Convenios entre Municipios y Ejidos Colindantes-.
Sostiene que el argumento de la economía parlamentaria no reviste en si sustento jurídico alguno, resultando ser un fundamento judicial arbitrario por aparente y vacío, que a su vez es utilizado como causal excusatoria del trámite de ley en abierta violación del reglamento interno -art. 99- de la legislatura, de la ley N nº 2159 -art. 2º- y de los artículos 139 inc. 1º y 227 de la Constitución Provincial.
Afirma que el Poder Judicial cuenta con competencia suficiente para evaluar la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes puestas en crisis, especialmente en lo atinente -en el caso- a la modificación introducida en segunda vuelta legislativa donde se añadieron las sugerencias de la Dirección de Catastro con la omisión de los dictámenes de la Comisión de Límites (art. 2º ley N nº 2159), de la Comisión Especial de Asuntos Municipales, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (cf. art. 99 del reglamento interno de la Legislatura).
Agrega que las causales que habilitan el presente recurso -arbitrariedad sorpresiva y gravedad institucional- acontecieron al momento de dictarse la sentencia definitiva que impugnan y que por ello no fue posible para su parte advertirlas en un estadio previo lo que les impidió hacer las reservas federales del caso.
Plantea que el pronunciamiento atacado reviste gravedad institucional al permitir la validez de las leyes N nº 4317 y N nº 4318 puesto que se habilita a la Legislatura Provincial a sancionar leyes sin cumplir previamente el trámite previsto para ello, calificándolo como una suerte de zona liberada al control judicial que implica una violación al funcionamiento básico de las instituciones republicanas, afectándose a su vez el interés de los residentes del territorio pretendido por el Municipio de General Roca al no ser partes en este proceso.
A fs. 476/494 y vta. el representante de la Municipalidad de Ingeniero Huergo contesta el traslado del recurso extraordinario federal incoado por la Municipalidad de General Roca y solicita su rechazo por improcedente.
Sostiene que no existe en el caso cuestión federal compleja directa en los términos del artículo 14 inciso 2º de la ley 48 y precisa que la argumentación central de la Municipalidad de General Roca en el recurso extraordinario federal incoado no fue planteada inicialmente en su demanda puesto que allí exigía exclusivamente la inconstitucionalidad parcial de las leyes provinciales...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA