Sentencia Nº 102 de Secretaría Civil STJ N1, 21-12-2017

Fecha de Resolución:21 de Diciembre de 2017
 
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VIEDMA, 20 de diciembre de 2017.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores A.C.Z., E.J.M., S.M.B., L.L.P. y R.A.A., con la presencia de la señora Secretaria doctora R.C., para el tratamiento de los autos caratulados: “M., C.B.C.., R.F.-.S. LEY 3040 (EXPTE. 20.596/15) s/INCIDENTE ART. 250 CPCC (f) s/CASACION” (Expte. N° 29149/17-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial a fin de resolver el recurso articulado por la actora a fs. 63/74 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos respecto de las siguientes
C U E S T I O N E S
1ra.- ¿Es fundado el recurso?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión la señora J.a doctora A.C.Z. dijo:
I.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA
Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 63/74 y vta. por la Sra. C.B.M. con el patrocinio del Defensor de Pobres y Ausentes a cargo de la Defensoría Oficial N° 8, contra la Sentencia Interlocutoria N° 511 del día 7/10/2016, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial obrante a fs. 54/56 que resolvió revocar la resolución de Primera Instancia y en consecuencia, dejar sin efecto la exclusión del hogar de R.F.M. y las demás medidas cautelares de prohibición y restricción que pesaban sobre éste.
II.- AGRAVIOS RECURSIVOS
A fs. 63/74 y vta. la casacionista expresa agravios y sostiene que el pronunciamiento en crisis es equiparable a sentencia definitiva por cuanto resuelve sobre medidas protectivas de derechos que se encuentran amparados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Nro. 26.485), la Ley 3040 y el Código Procesal Civil y Comercial.
Afirma que la sentencia es arbitraria por cuanto posiciona a las víctimas de violencia familiar en una situación de mayor vulnerabilidad, violentando las normas constitucionales e internacionales vigentes en la materia y exige se acompañe información sumaria para acreditar los hechos invocados, circunstancias sumamente dificiles de probar, toda vez que las situaciones de maltrato se dan en un contexto de intimidad y dentro del seno familiar. Aduce que sin perjuicio de las medidas que pueda requerir la actora en la actualidad en el expediente principal, el fallo atacado no solo la pone en estado de desprotección, sino que además le impone una suerte de sanción, revictimizándola en su situación de vulnerabilidad.
Señala que la Cámara equivoca al considerar las medidas previstas por la Ley D 3040 -modificada por Ley N° 4241- como de carácter cautelar, cuando en realidad son medidas protectivas o autosatisfactivas y que el fallo, al impedir la tutela judicial efectiva a las mujeres expuestas a situaciones de violencia familiar, incumple los arts. 4, 7 y 8 de la Convención suscripta en Belém do Pará generando un precedente de obligatoria observación por parte de los Juzgados de Familia. Destaca que la prueba de la violencia psíquica es dificultosa ya que sus rastros no están visibles, de allí la importancia de la amplitud de criterio que debe imperar para valorar dicha verosimilitud. En cuanto al "peligro en la demora", lo entiende ínsito en la misma denuncia, ya que en caso de no tomarse la medida de protección a tiempo, los daños pueden llegar a ser para la víctima hasta irreversibles.
Afirma que el fundamento constitucional de este tipo de medidas es el acceso a la justicia, procurando la tutela judicial efectiva, la cual se otorga a raíz de una situación que amerita una respuesta urgente dentro del marco del fenómeno social de violencia familiar, fenómeno que afecta principalmente a las mujeres. Por ello la postura adoptada por la Cámara de Apelaciones resulta errónea, ya que vulnera el principio de tutela judicial efectiva, el cual se encuentra expresamente contemplado en el art. 706 del Código Civil y Comercial y en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia (arts. 23 y 24).
Finalmente expresa que la decisión del a quo se sustenta en la entrevista realizada al adolescente hijo de la pareja, que fuera dispuesta en los términos del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño para que expresara su opinión sobre una situación como sujeto de derecho y persona interesada en la resolución del conflicto entre sus padres, más la desvirtúa en tanto no debe ser utilizada como medio de prueba contra su madre por estar prohibido por el art. 427 del CPCyC.
III.- CONTESTACION DE TRASLADO
A fs. 80/85 obra contestación de traslado del recurso por parte del demandado quien, luego de solicitar su inadmisibilidad formal, indica que la resolución en crisis no constituye sentencia definitiva ni puede equiparse a tal a los fines de la casación.
Manifiesta que la peticionante se ha exhibido como víctima de violencia sin serlo utilizando una herramienta legal que no requiere prueba ni sustanciación a la contraria, para perseguir un fin patrimonial propio referido a la habitación de la vivienda familiar la que, hasta la orden de exclusión, era ocupada por el denunciado y los hijos de ambos y ahora sólo por la recurrente. Entiende que la cuestión planteada podrá ser eficazmente resuelta por otra vía -disolución de sociedad de hecho- y alude a las mediaciones que planteara para resolver la cuestión de fondo sin que la actora concurriera ni avisara su inasistencia.
En lo que respecta al agravio relativo a la innecesariedad de la prueba requerida señala que la resolución del caso no ha dependido de una litigiosa interpretación del derecho sino de la apreciación de circunstancias de hecho por cuanto la recurrente no ha demostrado convincentemente sus argumentaciones.
Hace reserva de caso federal.
A su turno la Sra. Defensora General sostiene en los términos del art. 21 inc. d) de la Ley K 4199 el Recurso de Casación interpuesto por el Sr. Defensor cuyos fundamentos comparte.
Afirma que la sentencia recurrida resuelve la cuestión con evidente desconocimiento de perspectiva de género y manifiesta que la desigualdad estructural del orden social imperante no necesita probarse. Teniendo en cuenta dicha desigualdad se creó la normativa de naturaleza precautoria, que tiende a “prevenir2 la violencia contra la mujer conforme mandato de la CEDAW y el art. 26 de la Ley 26.85. Por ende, requerir que sumariamente se pruebe la violencia, a efectos de dictar una medida de prevención, resulta a todas luces desacertado y un grave retroceso en los logros de acceso a la justicia alcanzados.
Señala por último que confirmar la sentencia impugnada sienta un peligroso precedente sobre la cuestión y genera una situación de extrema gravedad institucional que amerita la intervención de ese Superior Tribunal de Justicia.
IV.- ANALISIS Y SOLUCION DEL CASO
En lo que respecta a la situación fáctica que originara la presentación judicial cabe señalar que en fecha 25-08-15 la Sra. C.B.M. radica una denuncia por ante la Comisaría 2da. de su ciudad en los términos de la ley 3040 contra su pareja el Sr. R.F.M. (52), padre de sus tres hijos A. (20), A.(18) y J. (15) con quien convive desde hace aproximadamente 22 años. Sostuvo entonces la existencia de violencia verbal y psicológica, afirmó haberse retirado del hogar y regresado después de cinco meses ante promesas de cambio de conducta de su concubino. Impuesto el trámite de ley tres días después amplió los términos de su presentación ante el Juzgado de Paz de su ciudad y peticionó de manera expresa la no citación del denunciado. Luego se presentó con patrocinio letrado por ante el Juzgado de Familia N° 7 donde solicitó la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento del Sr. M. hacia su persona y domicilio, con habilitación de días y horas, medidas que -entre otras- fueran oportunamente dispuestas por la J.a y luego revocadas por la Cámara.
Efectuada esta reseña cabe señalar que la sentencia bajo análisis reúne, a mi entender, caracteres propios de definitiva por cuanto se trata de una cuestión sujeta a un régimen procesal diferente que resuelve medidas protectivas de derechos regulados por normas convencionales.
Entiendo además que existe un interés institucional en el modo en el que se adoptan medidas en el marco de la ley de violencia familiar sobretodo porque en relación al tema en cuestión no hay doctrina legal de este Superior Tribunal y la cuestión guarda relación con el derecho de las mujeres a no ser discriminadas y vivir una vida libre de violencia.
Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe nominado “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Americano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación” ha destacado el rol “del Poder Judicial en enviar mensajes sociales avanzando la protección y garantía de los derechos humanos; en particular las normas encaminadas a proteger a sectores en particular riesgo a sus derechos humanos como las mujeres” (OEA/L/V/II.143 Doc. 60, 3 de noviembre de 2011, p. 3).
En razón de ello este Superior Tribunal de Justicia no puede eludir una revisión de aquellas decisiones judiciales en las que se ponen en discusión los derechos de las mujeres reconocidos en las convenciones internacionales incorporadas por la Constitución Nacional, como la CEDAW, o con reconocimiento legal, como lo es la denominada Convención de Belem do Pará, toda vez que su incumplimiento puede derivar en responsabilidad internacional (conf. arts. 2 dela CEDAW y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer).
Previo a...

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