Sentencia Nº 100 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 14-09-2016

Fecha de Resolución:14 de Septiembre de 2016
 
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///MA, 14 de septiembre de 2016.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “DRA. ARIAS, P.A. -DEFENSORA DE MENORES E INCAPACES- S/ HABEAS CORPUS PREVENTIVO S/ CASACION” (Expte. Nº 28317/16-STJ-), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
El señor J. doctor R.A.A. dijo:
Que a fs. 182/199 la Defensora de Menores de la Ciudad de Viedma, Dra. P.A.A., interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia nº 51/16, obrante a fs. 131/142, a través de la cual este Superior Tribunal de Justicia por mayoría hizo lugar al recurso de casación interpuesto por los representantes de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro a fs. 67/81 de autos y revocó el pronunciamiento dictado a fs. 51/55 por el Vocal de la Cámara Criminal de Viedma -Dr. J.B.- que hizo lugar a la acción de habeas corpus preventivo incoada por la Defensora accionante, ordenando el cese de las prácticas policiales desarrolladas bajo el amparo del art. 5 inc. a) de la ley D nº 4109.
La sentencia de este Superior Tribunal de Justicia consideró que la decisión impugnada de fs. 51/55 realiza un análisis parcializado, sin interpretar de modo congruente el complejo plexo normativo (ley S n° 1965 y D nº 4109) que regula la protección de niñas, niños y adolescentes, realizándose allí una lectura dogmática sobre la base de una particular y antojadiza apreciación de las circunstancias fácticas.
En el fallo impugnado el Máximo Tribunal Provincial sostuvo que una interpretación razonable y armónica de la ley permite concluir que de la convergencia entre las leyes S nº 1965 y D nº 4109 resulta que el accionar policial, que representa también el accionar estatal, debe “proteger” al menor involucrado, cumpliendo con la finalidad de dar seguridad, especialmente cuanto se refiere a su protección, procediendo a la asistencia y dando inmediato aviso al organismo proteccional competente (promoción familiar, Poder Judicial, entre otros) y familiar a cargo (con acta de entrega) resguardando los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
A su vez se consideró que el planteo realizado por la Defensora de Menores e Incapaces era impreciso, de amplia generalidad y que el accionar policial en los casos de autos no afectó el derecho ambulatorio de éstos.
En sustento del remedio intentado la recurrente alega la existencia de cuestión federal al entender que la sentencia recurrida cercena los derechos de los niños, niñas y adolescentes residentes en la Ciudad de Viedma a la libertad, a la libre locomoción, el principio de inocencia y de culpabilidad penal, a las debidas garantías procesales y a una adecuada protección integral de sus derechos.
Sostiene que se afecta el principio de inocencia (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, arts. 17 y 18 de la Constitución Provincial, arts. 7, 8 y 9 de la CADH, arts. 14 y 15 del PIDCP, arts. 37 y 40 de la CIDN), desde que habilita la intervención coactiva en la vida de un niño, niña o adolescente más allá de su conducta, en virtud de valoraciones arbitrarias y descontextualizadas del concepto de protección integral.
Plantea que existe relación directa e inmediata entre las normas constitucionales e internacionales invocadas y la cuestión objeto del pleito, calificando al pronunciamiento que se impugna como contrario al derecho federal invocado.
Expresa que existe gravedad institucional debido a la afectación de las garantías de raigambre constitucional, presentándose en el caso cuestiones de interés institucional, de trascendencia social y política que traspasan el interés de las partes.
Puntualiza que el fallo impugnado no ha sido resuelto con fundamentación razonada y legal en los términos del artículo 200 de la Constitución Provincial, por cuanto se observa un vicio de ilegalidad manifiesta al sustentarse una interpretación contraria a la normativa vigente en la materia, lo que conlleva ínsita la tacha de arbitrariedad.
Agrega que no es la Policía quien se encuentra habilitada a la disposición y contralor de medidas proteccionales de los jóvenes sino las áreas administrativas de los poderes ejecutivos provinciales y municipales en el marco de sus competencias, así como de la judicial en el fuero de familia.
Critica la sentencia impugnada al considerar que no constituye un pronunciamiento válido por falta de mayoría, agregando que además de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la ley B nº 3368 es irrecurrible una sentencia que haga lugar al Habeas Corpus, tal como sucedió en autos, desnaturalizándose dicho instituto en clara transgresión del art. 207 inc. 3º de la Constitución Provincial -competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia-.
Concluye que en el fallo en crisis se advierte un claro error conceptual respecto a quién es el encargado de las políticas públicas de protección de los derechos de la infancia, subrayando que no es la policía la ejecutora de políticas públicas de protección de derechos sino que lo son los servicios locales que dependen de las áreas sociales de los poderes ejecutivos Municipal y Provincial.
Que a fs. 248/267 y vta. la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro contesta el traslado conferido y solicita que se declare inadmisible el recurso extraordinario federal al considerar que no cumplimenta los recaudos que impone la ley adjetiva -acordada 07/2004 de la CSJN- para declarar su admisibilidad formal y tampoco se configuran las causas de procedencia sustancial.
Sostiene que el remedio extraordinario incoado hace un esfuerzo estéril para revitalizar derechos de los niños, sin advertir que en el subexamine las circunstancias fácticas presentadas lejos están de reprochar a la Policía el modo en que ha intervenido en los procedimientos que la Defensora aporta como prueba.
Agrega que la simple lectura de la impugnación denota una discrepancia subjetiva de la recurrente con lo decidido por la mayoría del Superior Tribunal de Justicia...

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