Sentencia Nº 06/08 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2008

Fecha de Resolución:27 de Agosto de 2008
 
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SA-B06.08-02.09.2008

SANTA ROSA, 27 de agosto del año dos mil ocho.-

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "FERNÁNDEZ, L.M. c/ Provincia de La Pampa s/ COMPETENCIA”, expediente n.º 06/08, (reg. Sala B del S.T.J.); y

CONSIDERANDO:

1.- Del cotejo de los presentes obrados surge que L.M.F., por derecho propio y con el patrocinio letrado de los Dres. J.R.R., M.H.M. y M.M.T., inician ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería nº. 3, de esta ciudad, demanda por “D. y P.” contra la Provincia de La Pampa.

Relata los hechos diciendo que ingresó a la Policía Provincial el 1º/2/78 y continuó su carrera hasta que el Poder Ejecutivo, mediante Decreto n.º 156/05, dispuso que a partir del 01/9/05 pase a situación de Retiro Obligatorio, en virtud de lo establecido en el art. 120 de la NJ N.º 1034.

Sostiene que la actuación de la administración significa un despido laboral sin causa legítima, concediéndole una indemnización tarifada, insuficiente, en virtud de que el actor se encontraba en condiciones de acceder a grados superiores en la escala jerárquica policial.

Solicita prueba anticipada (pericial contable), para determinar el lucro cesante.

Fundamenta la responsabilidad de la Provincia de La Pampa. Dice que la interrupción de la carrera policial, le produjo un daño actual y cierto y la causa es directa e inmediata del accionar de la administración.

Luego argumenta respecto de la pérdida de chance, por los ascensos de los que no pudo participar por el retiro obligatorio y que considera un daño resarcible.

A fs. 76 se corre traslado de la demanda a la Provincia de La Pampa.

A fs. 81/83 se presenta la parte demandada, objetan y no consienten la competencia del Tribunal.

A fs. 87/103 vta. deducen “Excepción de Incompetencia – Contestan Demanda”. Expresan que si bien no desconocen la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia en causa “N., la situación de autos es diferente, pues en aquella no existía una relación previa de empleo público que uniera a las partes, circunstancia que sí se da en autos. En razón de ello, el conflicto no puede dirimirse por las normas del derecho privado, pues el supuesto hecho generador del daño ha sido un acto administrativo, por lo cual rige la excepcionalidad del fuero contencioso administrativo, siendo aplicable el art. 2 de la Ley 952, inc. a), d), e) y h) y el art. 97, inc. 2, ap. d, de la Constitución Provincial y no la excepción contenida en el art. 3, inc. ñ) de la Ley 952. Luego, contestan la demanda.

A fs. 104, se corre traslado a la parte actora de la “Excepción de Incompetencia” interpuesta por la demandada.

A fs. 106/107 vta., el actor contesta. Expresa que no es su intención cuestionar el Decreto n.º 156/05, que la demanda deducida se basa sustancialmente en normas del derecho privado, que la mención de leyes de índole administrativo actúan como antecedentes para definir el cuadro a través del cual se materializó la voluntad del estado que produjo el perjuicio económico. Señala que encuadra la demanda en el art. 3, inc. ñ) de la Ley 952.

A fs. 111, se corre vista al Agente Fiscal. A fs. 112/113 responde la vista conferida y manifiesta que “...según el reclamo indemnizatorio esgrimido por la parte actora, la causal directa de los daños que lo generan, es consecuencia de hechos o actos realizados en su calidad específica de Estado, actuando en el ámbito del derecho público; constituye ese derecho a ser indemnizado, un derecho público subjetivo. Que naciendo entonces, ese derecho en la esfera administrativa, ...es competente la jurisdicción contencioso administrativa (art. 2, inc. a, d, e, h, de la Ley 952). Que no obstante ello, V.S debería abstenerse de pronunciarse sobre la competencia material y elevar la presente al Superior Tribunal de Justicia, para que sea dicho Tribunal el que se expida sobre la competencia ...”.

A fs. 116, la señora J.S. dispone elevar las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, “Atento al estado de los presentes, y lo dictaminado por la Sra. Agente Fiscal ..., así como lo dicho por el Sr. P. General en autos: ‘G., O.J. y otros c/ Ente Provincial del Río Colorado y otros s/ Despido’, expte. 493/01, registro S.A. del S.T.J., dictamen Nº 28/01 ... ‘Todos los tribunales de las instancias ordinarias deberían abstenerse de pronunciarse sobre la competencia material del litigio y elevar la causa, al Superior Tribunal, para que sea el máximo tribunal el que se expida sobre la competencia que la Constitución le otorga’. Ello con la finalidad de evitar ‘un inútil desgaste jurisdiccional y una prolongación innecesaria del proceso’ –argumentos que se comparten-.”.

2.- A fs. 117, el Superior Tribunal corre traslado al señor P. General, para que dictamine sobre la competencia.

A fs. 118/118 vta. el P. General, expresa que “... ‘prima facie’ surge que nos encontramos frente a una pretensión procesal netamente administrativa, por cuanto 1º) en el caso de marras el Estado actuó en la esfera del derecho público 2º) las normas que rigen la relación del empleo policial son de derecho administrativo, 3º) la causal directa de los daños y perjuicios que generan el actual reclamo indemnizatorio son hechos o actos realizados por el Estado en el ámbito del derecho público y 4º) el análisis de la responsabilidad extracontractual que se le imputa es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Los argumentos así expuestos permiten entonces concluir, que por aplicación del precepto contenido en el art. 2º, inc. a), d), e y h de la N.J.F. 952, la presente contienda no resulta extraña a la competencia del Superior Tribunal.”

3.- A fs. 119, pasan los autos a Despacho para resolver.

4.- La Dra. R.E.V. expresa:

Que corresponde que emita el primer voto en esta causa, en la cual lo que debe resolverse es si una demanda por daños y perjuicios exclusivamente, iniciada por un ex agente público, sin cuestionamiento de acto administrativo alguno, es de competencia originaria de este Superior Tribunal mediante la acción Contencioso Administrativa –art. 2, inc. d) de la Ley 952- o corresponde a los jueces de Primera Instancia en lo Civil –art. 3, inc. ñ, de la ley citada.

Al respecto, la S.A. de este Cuerpo, con fecha 5 de junio del corriente año, en la causa “B., J.M. contra PROVINCIA DE LA PAMPA sobre D. y P. en autos ‘B., J.M. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos’” (expte. nº 837/08), ya se ha expedido sobre el tema. En dicho precedente, a fin de dirimir la disidencia planteada entre los dos Ministros integrantes de dicha Sala y luego de analizar las opiniones vertidas por los mismos en sus respectivos votos, adherí a lo expresado por el Dr. J.A.P., votando en igual sentido.

En relación a ello, considero oportuno manifestar –y agregar- en esta oportunidad, que el criterio aplicado y sostenido hasta la fecha por este Superior Tribunal en la causa “NARANJO, A.C. c/PROVINCIA DE LA PAMPA s/D. y P.” (expte. nº 175/95, reg. S.A., del S.T.J.) -en el cual se sostuvo que una demanda de daños y perjuicios de exclusivo carácter patrimonial, sin pretensión alguna de nulidad de un acto administrativo, corresponde que sea dirimida por los jueces de primera instancia en lo civil y no por los jueces con competencia en lo contencioso administrativo-, debe mantenerse, pues no advierto que existan motivos justificantes que ameriten un cambio de postura con relación a la cuestión de competencia sobre la que este Cuerpo debe expedirse.

Sostengo que es función jurisdiccional de este Tribunal considerar a la seguridad jurídica como pilar fundamental, teniendo en cuenta que los criterios asumidos por este Cuerpo, son guía indispensable para las partes de un proceso. En tal sentido, los pronunciamientos deben resultar manifiestamente claros, a fin de poder ser seguidos en el futuro y, específicamente, respecto de la cuestión de competencia en análisis, no deben contener dudas sobre la instancia a la que deben acudir cuando el objeto de su pretensión se encamina, única y exclusivamente, a un reclamo de daños y perjuicios, sin cuestionamiento de acto administrativo alguno, pues tal situación encuentra respuesta concreta en el art. 3, inc. ñ) del Código Procesal Contencioso Administrativo, mediante el cual se excluye la competencia contencioso administrativa, cuando la cuestión debe resolverse aplicando sustancialmente normas del derecho privado.

Asimismo, y coincidiendo con el Dr. PELIZZARI, entiendo que no existen causas suficientemente graves que hagan necesario un cambio jurisprudencial, en los términos expuestos en el caso “B.” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como para abandonar el criterio aplicado y sostenido, satisfactoriamente hasta ahora, por este Tribunal, sin perjuicio de considerar que las defensas opuestas por la parte demandada, en este tipo de causas, mediante la excepción de incompetencia, son totalmente idóneas y legales.

Del análisis del objeto de la presente demanda surge que es una acción promovida por un ex agente público –policía que sólo procura el cobro de una indemnización por daños y perjuicios, que no cuestiona ningún acto administrativo y que su única pretensión es defender un derecho subjetivo privado de carácter patrimonial con fundamento en normas de derecho civil, y tal situación, reitero, encuentra solución jurídica concreta en lo normado por el art. 3º, inc. ñ, Ley nº 952, que determina, por excepción, que todo lo que deba resolverse aplicando normas del derecho privado o del trabajo, no corresponde a la esfera contencioso administrativa.

En el precedente mencionado, específicamente en el voto al que adherí, el Sr. Ministro dijo “... Que si existe aparente contradicción o confusión entre alguna de las hipótesis contempladas en...

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