Sentencia Nº 01/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución: 6 de Junio de 2017
 
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FALLO Nº 01/17- SALA "A": En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los seis días del mes de junio del año dos mil diecisiete, se reúne la Sala "A" del Tribunal de Impugnación, integrada por los J.S.M.F.M. y N.D.R., asistidos por el S.S.G.C., a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto oportunamente a fs. 2245/2280 por el Defensor Particular, Dr. A.A. por la defensa técnica de J.C.T., en la presente causa nº 02/15 -registro de este Tribunal-, caratulada: "TIERNO, J.C. s/ Recurso de impugnación", originario nº 92/13 conforme registro de la Cámara en lo Criminal nº UNO de esta ciudad, de la que:

RESULTA: Que a fs. 2214/2226 la Cámara en lo Criminal nº UNO de esta ciudad condenó a J.C.T. como autor material y penalmente responsable del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 248, primer supuesto, del Código Penal, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional (art. 26 del C.P.) e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el término de cuatro años con costas (art. 29 inc. 3º del Código Penal y 375; 498 y 499 del C.P.P.).

Que contra tal sentencia el Abogado Defensor, Dr. A.A. interpuso recurso de impugnación a fs. 2245/2280 (arts. 429 inc. 1, 2 y 3 , 433 inc. 2 del C.P.P.), al considerar que existía inobservancia de la correcta valoración de la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, resultando la sentencia, a su entender, carente de fundamentación y de errónea aplicación del derecho invocado; además de violación de garantías constitucionales tales como juez natural, juez imparcial, debido proceso y defensa en juicio, habiéndose concedido el recurso interpuesto, solo de manera parcial, tal como se desprende de la resolución de fecha 6 de febrero de 2015, obrante a fs. 2288/2289vta., rechazando la concesión del agravio consignado en el punto B) del recurso, por entender que las cuestiones allí planteadas se referían a decisiones irrecurribles por haber adquirido firmeza con antelación a la presentación efectuada.

Concretamente en el primero de los agravios refiere la falta de jurisdicción, solicitando el sobreseimiento en los términos del art. 295 inc. 4 del C.P.P., en relación con el art. 62 inc. 2, 63 y 67 último párrafo del C.P. por el delito de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.). Asimismo en subsidio solicita el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal por cuanto desde el hecho hasta la presentación del recurso habrían transcurrido 6 años y 1 mes.

En profundidad refirió que el hecho fue el 17/01/2008, resultando el primer llamado a indagatoria el 09/09/2009, la citación a juicio el 21/12/2010, dictándose la sentencia el 16/12/14. De esta manera debió ser formalmente nulo el acto de juicio (art. 18 CN, 1, 145 y 146 inc. 1 del C.P.P.). Citó jurisprudencia referida a la prescripción y consideró la necesaria extinción de la acción penal habiendo una dilación jurisdiccional innecesaria y violatoria del debido proceso y principio de legalidad (art. 18 y 19 de la C.N.), haciendo un cómputo de los términos en consideración con la calificación jurídica al respecto y en relación con el art. 62 inciso 2 del C.P.. Este último artículo refiere que la acción penal prescribirá después de transcurrido el máximo de la duración de la pena impuesta. De esta manera estando prescripto por el doble de tiempo, no habría jurisdicción para intervenir, debiendo dictarse el sobreseimiento.

En subsidio, planteó el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal por el paso de 6 años, 11 meses y 30 días desde el hecho hasta la presentación del recurso, el doble de la pena máxima de delitos tales como homicidio preterintencional, daño calificado y la máxima para el delito de lesiones graves. Al respecto entendió que se ha excedido el plazo razonable de la jurisdicción para investigar y castigar.

Consideró que el art. 67 del C.P. apuntaría a evitar trastornos o dilaciones en la investigación judicial provocados por la actividad o influencia del funcionario público involucrado, mientras se halle vinculado a la actividad o función pública. En este sentido el cargo de intendente municipal fue por 87 días y la citación a indagatoria fue para cuando no ocupaba ese cargo. En el cómputo del término de la prescripción entre la citación a juicio y hasta el dictado de la sentencia condenatoria no firme, no había cargo público municipal o de intendente que fuera ocupado, no pudiendo entorpecer el accionar de la justicia o la prosecución de la acción penal, como tampoco el resto de los funcionarios imputados que cesaron en funciones al igual que su defendido.

Expresó que al tiempo de la presentación del recurso, ocupaba el cargo de Asesor de la Cámara de Diputados como consecuencia de la intervención como Diputada Provincial de su esposa, la Sra. S.F., cuestión que si bien puede ser tenida en cuenta como "empleado público", no resulta a los fines del art. 67 segundo párrafo del C.P.. En consecuencia solicita la extinción de la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento en los términos del art. 295 inc. 4 del C.P.P..

Alegó por otra parte violación de juez natural y juez imparcial, solicitando la nulidad absoluta de la sentencia condenatoria dictada por los Jueces S.E.R., M.G. y M.V. y de todos los actos desde la intervención. Ello por el modo de designación, a su entender, inidónea, parcial, sin debida designación constitucional, considerando por ello, que no resultan éstos jueces naturales al respecto y que no tienen jurisdicción (arts. 145, 146 inc. 1, 147 y 151 del C.P.P., en concordancia con los arts. 1, 5, 18, 28, 29 y 33 de la C.N.; arts. 92 y 93 de la C.N, en concordancia con los arts. 1, 5, 18, 28, 29 y 33 de la CN; arts. 92 y 93 de la Constitución Provincial, la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26 y Reglas de Mallorca por resultar violadas por la reiteradas conductas de los Jueces Sustitutos, designados por una Acordada inconstitucional nº3226 del STJ y los arts. 19 a 21 y c.c. de la Ley Provincial 2574).

Entendió el recurrente que desde fs. 1593 se viene sosteniendo la nulidad e imposibilidad de intervención de magistrados "sustitutos" por carecer de idoneidad, imparcialidad, debida designación y no resultar jueces naturales, haciéndose la reserva correspondiente conforme el art. 429 inc. 2 del C.P.P., aludiendo que los jueces se manifestaron escasamente recién en la concesión del recurso a fs. 1659, aun cuando esa resolución fue atacada de nulidad porque fue resuelto por las personas que fueron cuestionadas y de formar unipersonal. Asimismo se giraron las actuaciones al Tribunal de Impugnación Penal, cuando la petición y su resolución tendría fuero originario en el Superior Tribunal de Justicia por resultar una petición en los términos del art. 97 inc. 1º de la Constitución Provincial.-

El control resultaría de oficio y por afectación del orden público, conforme jurisprudencia que citó de la CSJN (fallos Nápoli 319:192; F.3., de manera que resultaría atemporal su resolución. Asimismo a fs.1743 los Dres. G., V. y R. plantearon una cuestión de "conciencia" y la falta, en el justiciable de confianza o un manifiesto "temor de parcialidad" expresiones propias de la CSJN (fallos D., F. y L. de la CSJN), circunstancia que no fue tenida en cuenta a fs. 2013 para resolver positivamente el apartamiento de los Jueces sustitutos. Avocados tales funcionarios resolvieron rechazar la petición de inconstitucionalidad y nulidad de sus actos por la constitución ilegal del tribunal.

Indicó que para avocarse se habrían violado las disposiciones del Código de rito porque frente al rechazo de su inhibición por parte de los Dres. D. y E., se habrían avocado sin enviar al Superior el planteo de rechazo de inhibición, así como tampoco se habría resuelto el envío del recurso de apelación oportunamente realizado para que el Tribunal de Impugnación resolviera acerca de la incidencia de la constitución del Tribunal, denegándose a fs.2130, por no cumplirse con lo dispuesto en el art. 411 del C.P.P., aun cuando en muchas de las presentaciones se consignara "Apelo".

Asimismo sostuvo que los jueces sustitutos no habrían resuelto el planteo del Dr. De Biasi a fs. 2129, en los términos de los arts. 146 inc. 1 y 47 del C.P.P. sosteniendo que era inadmisible a tenor de lo dispuesto en el art. 50 del C.P.P. y legalmente la reposición a fs. 2152, cuando luego de la resolución de los Dres. D. y E. era dicho tribunal, al que no le aceptaban la inhibición, el que debía elevar las actuaciones para el que superior resuelva conforme el art. 47 del C.P.P. y no que las partes debieran apelar en los términos del art. 50 que refiere el incidente de recusación rechazado.

Consideró la falta de igualdad de los jueces sustitutos de aquellos designados constitucionalmente, teniendo distintos mecanismos de destitución, citando el caso "S." de General Pico, de manera que la expresión contenida a fs. 2036 de que dichos funcionarios son imparciales por ser inamovibles, es una falacia que solo en la formalidad de esa ley puede ser aceptada, pero no se condice con la Constitución Nacional. La lista de sustitutos no implicaría necesariamente idoneidad para el cargo que ocupan y no tiene el mismo procedimiento de selección que aquellos funcionarios elegidos constitucionalmente, constituyendo una explícita violación de la garantía de Juez Natural, imparcialidad e idoneidad que violaría palmariamente el art. 18 de la Constitución Nacional. El artículo 1 del C.P.P. determinaría que no puede ser sometido por personas designadas por la Constitución o privarlo de dicha garantía, debiéndose evitar interpretaciones restrictivas de los derechos del imputado.

Entendió que la introducción de "sustitutos" violaría el debido proceso, la defensa en juicio y el Juez natural en tanto carecen de inamovilidad del cargo y de intangibilidad de las remuneraciones, aun cuando la Ley Orgánica se lo indique. Este sistema de designación de sustitutos vulneraría el art. 18...

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