Sentencia Nº 0 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 16-03-2020

Número de sentencia:0

ACTUACIONES N°: 2716/07 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel deTucumán, a 16 de Marzo de dos mil veinte, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, y los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse y Daniel Leiva, bajo la Presidencia de su titular doctora Claudia Beatriz Sbdar, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: “Portal Dora Imelda vs. AFJP Consolidar s/ Daños y perjuicios” Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Daniel Leiva y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido a fs. 579/588 por la parte actora en contra de la sentencia del 13/02/19 (fs. 570/576) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala IIª Corrido traslado, es contestado por la demandada a fs. 591/596, solicitando el rechazo del recurso Es concedido por auto del 02/05/19 (fs. 599) Corrida vista al Sr. Ministro Fiscal dictamina a fs. 607/610 que el recurso es improcedente. II.- El recurrente relata los hechos. Expone que la sentencia apelada resolvió hacer lugar a la defensa de prescripción liberatoria interpuesta por la demandada Consolidar AFJP y declarar extinguida la acción promovida en su contra, absolviendo a la accionada, con costas a la actora. II.1 Se agravia de la sentencia recurrida en cuanto entiende que la decisión del a quo respecto al momento en que considera manifestado el daño es correcta en tanto resulta concordante con lo expuesto por la actora en su demanda (fs. 5 vta., 8), con ciertos rubros incluidos en la planilla presentada por la misma (fs. 76, 79, 82, 84, 87, 89), con documentación acompañada por su parte a fs. 33, 43, 51, 63, todo lo cual remite a Marzo de 2005. Expone que se equivoca el sentenciante cuando interpreta que parte de la documentación presentada (fs. 33, 43, 51, 63 y 76, 79, 82, 84, 87, 89) remiten a que el daño se manifestó en marzo del 2005 ya que claramente explicó en la fundamentación a la apelación de la sentencia de primera instancia que en el presente caso el hecho ilícito lo constituyó el traspaso de los fondos previsionales públicos de la actora sin su autorización a la AFJP demandada; que a este hecho lo conoció recién en Noviembre de 2004, cuando concurrió a la oficinas de Anses a fin de iniciar su trámite jubilatorio y fue allí donde le brindaron la información, es decir, la actora tomó conocimiento con posterioridad de haberse producido el hecho, por lo que podría entenderse que desde allí ya se encontraba expedita la acción y por lo tanto comenzaba a correr el curso de la prescripción; que sin embargo su parte sostiene que los daños se manifestaron con posterioridad al conocimiento del hecho y por lo tanto debe tomarse esa fecha para el cómputo del plazo. Afirma que el lapso durante el cual se encontró imposibilitada de acceder a la obra social y a su jubilación ha sido prolongado y desde el mes de octubre, incluido noviembre y diciembre de 2005 intentó acceder a los servicios de distintos médicos, abonando en consecuencia de manera particular las consultas y exámenes, por no contar con la obra social PAMI que le correspondería de haber podido acceder a la jubilación, y toma esa fecha para el computo de la prescripción. II.2 Afirma que le agravia la sentencia cuando manifiesta que se desprende que el agravio de la apelante en relación al inicio del cómputo del plazo prescriptivo no resulta admisible en tanto la actora comenzó a experimentar los daños que atribuye a la accionada, con posterioridad al conocimiento del evento dañoso (Noviembre/2004), a partir de Marzo de 2005, con motivo de los padecimientos y gastos que por razones de salud debió afrontar; que a ese momento, la actora tuvo certeza del daño por el reclamo que luego habría de efectuar en el presente juicio al conocer el 02/02/2005 -según su relato de fs. 5- que los fondos no estaban migrados a esa fecha al ANSES; que es a partir de Marzo de 2005 que el daño asumió un carácter cierto y susceptible de apreciación y, por consiguiente; la fecha adoptada por el a quo constituye el punto de partida del plazo de Prescripción; que ello concuerda con las fechas a las que se remite la actora en relación a ciertos rubros que reclama en la planilla presentada por la misma (fs. 76, 79, 82, 84, 87, 89) y con algunos de los instrumentos acompañados por ella (fs. 33, 43, 51, 63) que se remontan al mes de Marzo de 2005 y que se vinculan con diferentes gastos médicos (radiología, informe psicológico, consultas oftalmológicas, consulta traumatólogo, medicamentos entre otros, movilidad, lucro cesante). Refiere que en este agravio se da clara muestra que se desvirtuó el reclamo realizado por su parte, ya que más allá que los padecimientos empezaron desde principios del año 2005, como se manifestó en la demanda, el "daño efectivo" se produjo en la última parte del año 2005 que fue cuando se intentó acceder a servicios médicos y todavía no se contaba con la obra social PAMI. Es decir que a finales de octubre, noviembre y hasta el mes de diciembre de ese año se causó el verdadero daño que es lo central del reclamo. Se agravia de la sentencia cuando expresa que la actora admite en ese sentido que sus padecimientos comenzaron en Marzo de 2005 y se prolongaron durante todo el año, sin lograr justificar en forma convincente que los daños se hubieran producido recién en Octubre, Noviembre y Diciembre de 2005 cuando, por otra parte, se encuentra acreditado su ingreso como afiliada al Pami desde el 07/10/2005 (fs. 192).Reitera lo antes expuesto al respecto y que si bien es cierto que los diversos inconvenientes comenzaron antes del 10/10/2005, tal como se referenció en la demanda, el daño se produjo efectivamente en el lapso de tiempo en el cual su parte se vio impedida de acceder a cobertura médica. Se queja en cuanto la sentencia recurrida interpreta que a partir de lo expuesto, se concluye que la decisión del a quo sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción es correcta, debiendo desestimarse en consecuencia el agravio de la apelante al respecto. Refiere que el inicio del cómputo del plazo de prescripción es incorrecto porque, como ya señaló, no debería ser marzo del 2005 la fecha de inicio del plazo. II.3 Se agravia de la sentencia impugnada respecto de la dispensa de la prescripción (art. 3980 CC) en cuanto argumenta que su invocación no resulta atendible, no solo por tratarse de una cuestión que no fue propuesta en tiempo oportuno en ocasión de contestar el traslado conferido sobre la defensa opuesta (fs. 133/137), sino porque además se trata de un supuesto cuya aplicación no corresponde al caso, en tanto los hechos invocados por la apelante como configurativos de la imposibilidad fáctica para accionar (consistentes en los padecimientos de salud experimentados durante todo el año 2005 hasta concretarse la operación quirúrgica el 21/06/2006), ocurrieron mientras se hallaba en curso la prescripción. Respecto de este agravio expone que la invocación realizada por la Cámara sobre la falta de proposición de la dispensa en tiempo oportuno es incorrecta ya que su parte si se refirió a los impedimentos facticos que tuvo para interponer la demanda en tiempo oportuno; que sin perjuicio de ello, también dice que no existe norma alguna que obligue a la parte de invocar la dispensa para que la misma se aplique ya que, es una facultad del juez su aplicación, y también que, la invocación de la dispensa al apelar la sentencia de primera instancia también debe ser considerada como válida y en tiempo oportuno. Se agravia de la sentencia impugnada cuando expresa que cabe precisar que los impedimentos de hecho -como los alegados- no configuran un supuesto previsto legalmente como causal de suspensión de la prescripción, aunque admiten su invocación para liberar al acreedor de las consecuencias de la prescripción cumplida, dispensándolo de sus efectos tal como lo prevé el art. 3980 CC, más no inciden en el cómputo del plazo prescriptivo que se halla en curso; que la citada norma no establece una causa de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, sino una liberación o dispensa de la ya cumplida durante el lapso que duró el impedimento para obrar. Expresa que equivoca la cámara al valorar el modo de invocación de la dispensa. Que su parte no la invocó como una suspensión o interrupción sino justamente como una liberación de la prescripción por el lapso de tiempo en que su parte se encontró impedida (consistentes en los padecimientos de salud experimentados durante todo el año 2005 hasta concretarse la operación quirúrgica el 21/06/2006), es decir que quien dictó la sentencia debió aplicar el instituto de la dispensa anexando el lapso de tiempo de la imposibilidad al plazo de prescripción de dos años. Que la dispensa invocada ha sido realizada en el sentido referido en este párrafo y no en el sentido interpretado por la Cámara en la sentencia hoy cuestionada. Destaca que su parte recién pudo concretar una operación de alto riesgo de vida el 21/06/06, con lo cual exigir a una parte que tiene una situación tan extrema el inicio de una acción judicial seria pasar por alto el espíritu del legislador que justamente realizó previsión para este tipo de situaciones tanto en el viejo como en el nuevo Código Civil. Que recién con posterioridad a junio del 2006 pudo -efectivamente-, estar en condiciones de empezar a realizar acciones tendientes a buscar el resarcimiento del daño. Se pregunta si cabe alguna duda que un litigio judicial nunca puede estar por delante del bien más preciado como es la vida. II.4 Se agravia de la sentencia recurrida en cuanto expresa que cabe aclarar que las causales de suspensión configuran un elenco cerrado, que no...

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