Sentencia nº 565 de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman - Sala en lo Civil y Penal, 9 de Agosto de 2010

PonenteAlberto José Brito Antonio Gandur René Mario Goane
PresidenteAntonio Daniel Estofán
Fecha de Resolución 9 de Agosto de 2010
EmisorSala en lo Civil y Penal

SENT Nº 565

C A S A C I Ó N

San Miguel de Tucumán, 09 de Agosto de 2010 Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, S. en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores A.D.E., A.J.B., A.G. y R.M.G. -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, presidida por su titular doctor A.D.E., el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, en contra de la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción el 02/6/2009 (fs. 211/212 vta,), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 01/7/2009 (cfr. fs. 225). En esta sede, las partes no presentaron memoria sobre el recurso de casación (fs. 235), mientras que el Sr. Ministro F. se expide por el rechazo de la vía impugnativa intentada (cfr. fs. 236/238). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores A.G., A.J.B., A.D.E. y R.M.G.. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor A.G., dijo:

  1. - Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte querellante en contra de la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de fecha 2 de junio de 2009.

  2. - Entre los antecedentes del caso se debe indicar que la Sra. Fiscal en lo Penal de Instrucción de la IIIª Nominación del Centro Judicial Capital requirió el sobreseimiento de los acusados R.R.D. y Á.E.Á. por los delitos de exacciones ilegales y falsificación de instrumento público y de la administración pública (fs. 121). La parte querellante planteó la nulidad y la oposición al requerimiento de sobreseimiento de la señora representante del Ministerio Fiscal (fs. 125). El magistrado de instrucción rechazó los planteos de la querella y dictó el sobreseimiento solicitado por la señora Fiscal (fs. 167). Frente a esta decisión la querella interpuso un recurso de apelación el cual fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.

    El tribunal observó que los delitos por los cuales fueron intimados y sobreseídos, exacciones ilegales y falsificación de instrumento público, son delitos contra la administración pública y la fe pública por lo que no puede revestir el actual querellante el carácter de sujeto penalmente ofendido. Consideró que al no cumplirse con lo establecido en el art. 7 del CPPT debía revocarse el rol de querellante particular por carecer en estas instancias de legitimación procesal para intervenir en el juicio y así lo resolvió.

    El querellante particular interpuso un recurso de casación el cual fue concedido por el mismo tribunal en fecha 1 de julio de 2009.

  3. - El recurrente sostiene que la sentencia del tribunal adolece de debida fundamentación en tanto omitió desarrollar bases fácticas y jurídicas para declarar la falta de legitimación procesal del querellante. Que también se configuró un supuesto de sentencia arbitraria al prescindirse de la normativa aplicable al caso.

    Explica que el tribunal no pudo declarar la nulidad de oficio del rol de querellante puesto que esta situación no se encuentra contemplada en los supuestos del art. 185 del CPPT. Que surge de la causa que la persona perjudicada por haberse insertado falsamente lo contenido de las actas policiales es el doctor R. de acuerdo a lo expresamente establecido por el art. 7 y 91 del CPPT. Que el ofendido penalmente fue el doctor R. puesto que el bien jurídico protegido mediante los delitos contra la fe pública es la confianza que de la comunidad toda ha depositado en los funcionarios públicos y un integrante de esa sociedad se encuentra legitimado para accionar en contra del delincuente que ha violentado su confianza.

    Luego de hacer una extensa referencia al bien protegido en los delitos contra la fe pública del autor C.C., indica que la sentencia tiene una fundamentación sólo aparente violentando el art. 142 y cctes. del CPPT. Señala que la exclusión como querellante se apoya en artículo que no es aplicable al caso de marras puesto que se refieren al actor civil. Que la Cámara de Apelaciones tiene vedado el tratamiento del querellante particular puesto que no fue materia de agravios por ninguna de las partes, de allí que no puede dictar la exclusión puesto que ella debe ser declarada por el Juez de Garantías o el Fiscal Instructor.

    Sostiene que la resolución no cumple con los requisitos mínimos de legalidad al haber dejado de lado la nulidad manifiesta de no haberse intimado un delito e igualmente sobreseyó. Que se vulneró lo prescripto por el art. 261 del CPPT que fulmina con la sanción de nulidad al acta respectiva.

    Finaliza indicando que se vulneró la garantía constitucional de defensa en juicio, el debido proceso y la defensa en juicio.

  4. - En forma previa, puede indicarse que, en coincidencia con lo expresado por el tribunal de apelación, se considera que el recurrente no tiene legitimación procesal para intervenir en el actual proceso. En efecto, esta Corte ya ha indicado que el art. 7 del CPPT establece la legitimación para constituirse como querellante particular sólo a la víctima directa o a sus familiares en tanto tengan la calidad...

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