Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 21 de Noviembre de 2023

Fecha de Resolución21 de Noviembre de 2023
EmisorCorte Suprema de Justicia
Número de Expediente0000
T. 331 PS. 75/98
En la Provincia de Santa Fe, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe doctores R.H.F., M.A.G., R.F.G., M.L.N. y E.G.S., con la integración del señor Juez de Cámara doctor R.P.M. y bajo la presidencia de su titular doctor D.A.E., acordaron dictar sentencia en los autos caratulados "GRAF, G.J. Y OTROS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'PEITI, R.E. Y OTROS S/ DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ASOCIACION ILICITA' - (CUIJ 21-06654444-0) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DEL COLEGIO DE JUECES PENALES DE LA SEGUNDA INSTANCIA)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00514176-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Falistocco, G., Erbetta, G., S., N. y P.M..
A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor F. dijo:
1. De relato efectuado por la recurrente surge que, en el marco de la investigación penal preparatoria dirigida contra el señor G. -junto con otras personas-, su defensa presentó una primera solicitud de suspensión del procedimiento a prueba. Ante la negativa por parte de la fiscal interviniente, la pretensión fue rechazada por el Juez de grado -doctor Vacca- mediante resolución 84 del 13.03.2020, decisión consentida por la peticionante.
Posteriormente, en fecha 19.03.2021 el representante técnico de G. solicitó una vez más la concesión del instituto, cuestión que -ante la oposición del Órgano acusador- fue nuevamente rechazada por el Magistrado.
Impugnada esta resolución por la defensa del encartado, el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctor B., el 10.05.2021 declaró su nulidad por falta de fundamentación, dispuso el apartamiento del Juez que la emitió y ordenó una nueva audiencia para tratar la cuestión.
En base a tal decisión, se llevó a cabo una nueva audiencia al día siguiente para tratar la concesión de la suspensión del procedimiento a prueba peticionada por la Defensa, con intervención de la doctora U., quien rechazó la solicitud, esencialmente por entender que el dictamen negativo de la fiscal era razonable y resultaba vinculante.
Ese pronunciamiento motivó un nuevo recurso de apelación por parte del representante técnico del imputado, el que fue resuelto por el doctor B. mediante auto 273 de fecha 10.06.2021, donde revocó lo decidido por la Jueza de grado, haciendo lugar a la suspensión del procedimiento a prueba solicitado en favor de G.J.G., bajo las condiciones establecidas en sus considerandos.
Para sustentar esta última decisión, el Camarista efectuó una serie de observaciones:
En primer lugar, expresó que la actividad del Ministerio Público de la Acusación jamás puede escapar al control jurisdiccional, en orden a la motivación jurídica fundada y razonable que sus peticiones deben contener, con anclaje en el artículo 95 de la Constitución provincial.
Entendió que la petición de la probation no es una facultad autónoma de los fiscales y que "independientemente de lo que el Código Procesal local contemple al respecto y su contradicción con la ley sustantiva, aún conjugados armónicamente" no puede interpretarse la misma como un "capricho" sin sustento en los hechos y en la oposición que se formula en el caso concreto.
En ese orden, manifestó que las razones evidenciadas por la Acusación para sostener su oposición no conformaban la motivación que se debió expresar para precisar cuáles son las características del hecho y la participación del imputado, habiendo pasado tres años y medio de la imputación.
Afirmó que, en el transcurso del tiempo indicado, la "ausencia de una pericia informática de fácil realización no puede ser óbice como suficiente razón". Estimó que, en rigor, no hubo actividad fiscal determinante para el avance de la investigación, al consistir las evidencias en declaraciones de los testigos que estuvieran en los allanamientos realizados al comienzo de la misma.
Se pronunció luego acerca de otras suspensiones de juicio a prueba otorgadas a distintos imputados por la Fiscalía en el marco de la misma causa, refiriendo que la Jueza de grado había efectuado un juicio de valor conjetural y que, en todo caso, la fiscal debió acompañar las evidencias para sostener -más allá del grado de participación que le endilgaba al encartado- por qué se oponía a su concesión en el caso concreto.
Luego, descalificó ciertos argumentos esbozados en la decisión de primera instancia, considerando que la Jueza había omitido lo establecido por el artículo 76 ter del Código Penal al afirmar que la suspensión del juicio a prueba sella la suerte procesal del imputado porque luego no se podrá solicitar su revocación y enjuiciarlo; colocándolo en una situación en que "su posibilidad de la probation quede en manos del arbitrio Fiscal, tanto en tiempo como en modo".
Finalmente, tras efectuar una serie de apreciaciones respecto al plazo de duración de la investigación, resolvió -en definitiva- revocar la decisión de primera instancia y hacer lugar a la suspensión del procedimiento a prueba en favor del justiciable bajo las condiciones establecidas en el mismo pronunciamiento.
2. Contra dicho resolutorio, la representante del Ministerio Público de la Acusación interpone recurso de inconstitucionalidad.
Para fundar la procedencia de la vía, sostiene -por un lado- arbitrariedad en la fundamentación que revoca la decisión de primera instancia y -por el otro- afectación al principio de legalidad.
Respecto al primer orden de agravios, alega que la Alzada, al descalificar la decisión de grado, sustituyó el criterio de la Fiscalía sin analizar si el mismo era el reflejo de una actitud "caprichosa, infundada o en contravención con la normativa imperante". Señala que el A quo desconoció el rol de parte del Ministerio Público de la Acusación dentro del sistema acusatorio actual y la normativa vigente que exige la conformidad fiscal.
En ese marco, entiende que la Cámara soslaya que, ante una pretensión defensista de aplicación de la suspensión de juicio a prueba, la Fiscalía tiene "un deber constitucional de fundamentar la decisión de dar continuidad a la investigación" que le es conferida por mandato legal.
Asimismo, afirma que el A quo se refirió sobre aspectos de la investigación que no eran necesarios para evaluar la procedencia del instituto y utilizó tales extremos para otorgarlo, interfiriendo -dice- en las funciones propias del Ministerio Público de la Acusación al asumir la acción a través de la jurisdicción.
Insiste en que en la investigación penal es el fiscal quien decide si puede proceder a acusar o arribar a otra solución del conflicto, por lo que la resolución atacada contraría el sistema acusatorio adversarial, porque el Juez habría decidido sobre el ejercicio de la acción penal.
Manifiesta en relación a la suspensión del juicio a prueba que "la oposición fundada por parte del fiscal es obstáculo para su concesión".
Por otro lado, alude a la afectación del principio de legalidad. Estima que la resolución atacada no resulta derivación razonada del derecho vigente y soslaya el marco legal y constitucional imperante.
Considera que la normativa aplicable en cuanto al ejercicio de la acción atribuye de modo exclusivo la función de persecución penal al Ministerio Público de la Acusación y es el fiscal quien tiene la potestad de solicitarlo con el acuerdo del imputado y su defensor.
Expresa que, según lo normado por el artículo 10 de la ley 13018, la función jurisdiccional se limita a resolver las peticiones de las partes, de lo que surgiría -a su juicio- que es únicamente el Acusador quien debe decidir si existen elementos para llevar a juicio o aplicar algún tipo de salida alternativa.
Arguye que, más allá de la naturaleza jurídica del instituto en cuestión, la normativa procesal santafecina y el Código Penal luego de la reforma por ley 27147, le restan matiz a ese debate, a partir de lo expuesto en el artículo 71 y 76 de éste último.
Concluye que el carácter vinculante de la oposición del fiscal deriva del mandato constitucional que atribuye al Ministerio Público la promoción y ejercicio de la acción penal y cuando expresa su negativa a la suspensión del proceso manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción.
3. Evacuado el traslado correspondiente, el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctor B., declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.
4. Sentado ello, en el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, sin perjuicio de lo expuesto en el punto V del auto 484/21 y oído el Procurador General, encuentro satisfechos los recaudos formales de la impugnación, y considero que el planteo recursivo ostenta entidad constitucional suficiente para operar la apertura de esta instancia de excepción.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora G. dijo:
1. Adhiero al relato de la causa desarrollado en el voto del señor Ministro doctor F. en los puntos 1 a 3, a los cuales me remito por razones de brevedad.
2. El examen de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad que compete efectuar a esta Corte a tenor de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, oído el señor P. General, me conduce a propiciar la ratificación del criterio por la admisibilidad dispuesto por el Tribunal a quo en el auto 484 del 29.09.2021.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor E. expresó idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor F. y votó en igual...

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