Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 26 de Octubre de 2022

Fecha de Resolución26 de Octubre de 2022
EmisorCorte Suprema de Justicia
T. 322 PS. 73/76

Santa Fe, 26 de octubre del año 2022.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia 161 del 14 de mayo de 2021, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de R. en autos "CABRERA, O. Y OTROS contra GONZALEZ, ROGACION Y OTROS -PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA- (CUIJ 21-25081592-9)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00514580-2); y,
CONSIDERANDO:
1. Mediante sentencia del 14 de mayo de 2021 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y L. de Reconquista hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada representada por el defensor de oficio, en consecuencia, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda.
Suscintamente, la Alzada disintió con el juez de grado en cuanto a la suficiencia de la prueba acompañada para acreditar la posesión "animus domini" desde, al menos, el año 1993, señalando que el tema de marras excluye la posibilidad de un decisorio basado sólo en prueba testifical.
2. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de inconstitucionalidad en los términos de la ley 7055, afirmando que el fallo del Tribunal no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción (fs. 33/55v.).
En particular, el recurrente considera que la Cámara incurrió en un excesivo rigor formal y no se sujetó a las circunstancias fácticas de la causa.
El accionante argumenta que la Alzada, al entender insuficientes los medios probatorios aportados, realiza una valoración arbitraria de los mismos. Ello así, por cuanto el A quo argumentó que no podía basar su decisorio en testimonios exclusivamente, extremo que no luce congruente con los demás elementos confirmatorios producidos (documental, instrumental y constatación judicial).
El quejoso afirma que el Tribunal soslayó que, en el caso, no se produjo ninguna prueba en contrario de lo afirmado por su parte y que -a todo evento- si le cabían dudas acerca de la veracidad de su pretensión, debería haber arbitrado las medidas que estimara pertinentes para mejor proveer y no lo hizo.
Finalmente, la impugnante reitera su planteo respecto de la postura rigorista de la Alzada que desembocó en la pérdida de los derechos a tutelar y señala -en tren de argumentar su posición- la simpleza documental que se requiere en los regímenes administrativos provinciales vigentes de Regularización dominial y de Prescripción Adquisitiva Administrativa.
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