Sentencia nº 1026 de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman, 20 de Diciembre de 2010

Presidente del tribunalAntonio Daniel Estofán
Fecha20 Diciembre 2010
Número de sentencia1026

SENT Nº 1026

C A S A C I Ó N

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinte (20) de Diciembre de dos mil diez, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores A.D.E., A.J.B. y A.G., bajo la Presidencia de su titular doctor A.D.E., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: “S.C.J. vs. Club Atlético Central Córdoba y otro s/ Cobro”.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor A.J.B., A.G. y A.D.E., se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor A.J.B., dijo:

  1. Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil en Documentos y L., del 05/4/2010 que confirma la sentencia de primera instancia del 10/3/2008.

  2. El recurrente sostiene que el tribunal a quo interpreta erróneamente el derecho, en especial la Ley 24.283; que se está en presencia de una sentencia nula por haber sido resuelta en contra de una ley expresa (Ley provincial n° 8.086); que no resuelve todas las cuestiones que estaban sujetas a su decisión; que es arbitraria por ilógica, dogmática y contradictoria en sí misma y con sentencias anteriores especialmente en lo que respecta al mecanismo establecido para que el perito confeccione nueva planilla. Que por todo ello debe ser descalificada la sentencia dictada.

    Expresa que la solución correcta era rechazar la planilla efectuada por el perito, incluso por los motivos expuestos en las sentencias anteriores; no pronunciarse, en consecuencia, sobre la procedencia o no de la Ley 24.283; revocar el nuevo mecanismo establecido por el A quo por ser contradictorio con esa misma sentencia y con anteriores del mismo magistrado, especialmente la de fecha 04.06.04 y aplicar la ya ordenada por el a quo.

    Sostiene que la sentencia viola los arts. 1, 31, 75, 84, 108 y ss de la CN, leyes nacionales 23.928, 24.283, 25.561, 25.820, 25.972, Dec. Ley 214/02, arts. 33, 34, 272 y cc del CPCCT y ley provincial n° 8.086.

    Le agravia -reitera- que la sentencia resuelva sobre su pretensión jurídica de desindexación de deuda sin existir previa liquidación de deuda al haberse rechazado en la misma sentencia la efectuada por el perito y en tanto establece un nuevo mecanismo para la liquidación de la deuda resultando éste contradictorio con la propia sentencia y con las anteriores.

    Le causa gravamen la omisión del tratamiento de la Ley 8086 que fue invocada antes del dictado de la sentencia y cuya vigencia y aplicación fue reconocida por nuestros tribunales. Cita jurisprudencia. Que su agravio consiste en que al haber rechazado el tribunal la planilla de liquidación o las planillas realizadas por el perito y observaciones a las mismas, no debió resolver la cuestión litigiosa de la procedencia o no de la pretensión desindexatoria de la deuda solicitada por su parte, es decir, la aplicación o no de la ley 24.283 al faltar el parámetro imprescindible para su consideración y operatividad el cual consiste precisamente en determinar previamente el valor actual de la deuda, emergente de la sentencia, el cual debe surgir de la liquidación previa de la deuda puesto que si no se sabe el valor actual de la misma (por haberse rechazado la liquidación conforme ya fuera expuesto) se torna inoperable, por su propia naturaleza jurídica, la consideración y resolución de la procedencia o improcedencia de la ley 24.283 o sea su pretensión desindexatoria. Cita esa ley e indica que ella habilita al deudor incluso para cuestionar liquidaciones firmes no existiendo preclusión al respecto, como erróneamente considera el tribunal.

    Le agravia la omisión de pronunciarse sobre un tema específico sujeto a su decisión el cual fue si se encuentra o no derogada la ley citada por aplicación del decreto 214/02 del PE. Que el pronunciamiento que pudiera llegar a existir en la sentencia es difuso puesto que sostiene tanto la inaplicabilidad al caso por cuanto a su entender su vigencia es por actos anteriores a su promulgación y por cuanto ya prosperó la morigeración de la deuda ya se habría producido preclusión. Agregó que la derogación de la ley 24283 emana del decreto 214 citado lo que le agravia. Que un decreto no puede derogar una ley nacional por ser violatorio al art. 1 y 33 CN. Que es erróneo que se haya derogado y basta para rebatirlo el texto mismo del decreto. Que tampoco se puede derogar una ley nacional mediante sentencia. Que la ley 25.561 atiende cuestiones ajenas a la 24.283. Que existe un quiebre lógico sentencial puesto que se manifiesta que la ley 25.561 deroga la ley 23.982 motivo por el que ipso jure la ley 24.283 cobraría su plena vigencia según el criterio del a quo lo que enervaría por contradictorio su propio argumento derogativo de la ley 24.283. Que en realidad la ley 25.561 deroga parcialmente a la ley 23.928 pero ni una ni otra derogan la 24.283 cuyo hontanar jurídico es distinto a ambas leyes.

    Sostiene que procede la aplicación de la ley 24.283 cuando ya recayó sentencia haciendo lugar a la morigeración de intereses. Que donde la ley no distingue no debemos distinguir. Que esta ley no altera la cosa juzgada sino que determina el quantum de ella. Que dicha ley es de orden público aunque no se haya dicho expresamente, sujeta entonces a las directivas del CC se antepone a las convenciones particulares. Que la ley se propone impedir que la actualización haga a la deuda más onerosa que en su origen y por ello sin modificar a la obligación dispone de una nueva determinación del quantum en que ella se traduce. Redunda en estos agravios.

    Manifiesta que contrariamente a lo expuesto por el tribunal la deuda se integra con el capital más los intereses. Da como fundamentos que la ley involucra la prestación total, que no distingue al respecto su naturaleza y fin.

    Indica que la ley 24.283 es de articulación libre y por tanto no viola preclusión alguna. Cita doctrina y jurisprudencia.

    Expone argumentos en torno a porqué la sentencia es contradictoria consigo misma y con las anteriores en lo que hace al mecanismo de liquidación de deuda, cita dichos sentenciales, presentando liquidaciones y resultados según ciertas pautas que aplica y concluyendo en que la contradicción mentada hace arbitraria la sentencia.

    Propone doctrinas legales y solicita se haga lugar al recurso tentado.

  3. El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 17/6/2010; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad y -en su caso- la procedencia del mismo.

  4. El Tribunal a quo trata conjuntamente los agravios de ambos accionados. Expresa que tanto la Ley 23.928 cuanto la 24.283 tienen un marcado fin desindexatorio. Que la finalidad fue paliar el efecto disvalioso o injusto al que se puede arribar en las liquidaciones de deudas contraídas antes de abril de 1991 y aún no satisfechas. Que a partir de la vigencia de la primera ley nombrada quedó prohibida toda indexación de deuda por lo que las disposiciones de la ley 24.283 sólo podían comprender los hechos ocurridos con anterioridad a aquélla. Que, en consecuencia, no es de aplicación la Ley 24.283 cuando los valores que acoge la sentencia no han sido sometidos a cálculos de indexación o repotenciación de deudas, sino sólo de aplicación de intereses, ello porque prevé el supuesto de deudas indexadas, repotenciadas o actualizadas y no es aplicable a aquellas en que sólo se hayan aplicado intereses.

    Explicita que en autos se demanda el 29/10/96 al Club Atlético Central Córdoba y al Sr. R.U. por el cobro de dólares en concepto de capital más la suma que resulta de la aplicación de la cláusula penal, establecida en la cláusula décima del contrato de construcción de cubierta metálica celebrado con los demandados en fecha 06/3/1995, con más sus intereses determinados en la misma cláusula. Que por tanto se...

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