Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 23/12/2025

• Emisor: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (Argentina)
• Juez: Jorge Camilo BACLINI - Daniel Aníbal ERBETTA - Roberto Héctor FALISTOCCO - Rafael Francisco GUTIERREZ - Eduardo Guillermo SPULER - Rubén Luis WEDER - Margarita Elsa ZABALZA -
• Citado como: 1012/25
• Fecha: 23 Diciembre 2025
• Categoría: derecho procesal penal,orden público,control judicial

Texto del fallo: T. 2025, SENTENCIAS NRO. 1012

Provincia de Santa Fe, 23 de diciembre del año 2025.
VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de L.D.S. y de Y.E.A., contra la resolución de fecha 4 de septiembre de 2024, dictada por la Jueza del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctora H., en autos "SCHMITT, L.D.Y.A., Y.E. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: SCHMITT, L.D.Y.A., YAMILA ELISABET S/AMENAZAS COACTIVAS CALIFICADAS, INTIMIDACIÓN PÚBLICA AGRAVADA POR EL USO DE EXPLOSIVOS Y OTROS (CUIJ 21-09330672-1)" (Expte. C.S.J. CUIJ 21-00516667-2); y,
CONSIDERANDO:
1. En la presente causa, la Jueza del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctora H., por resolución N° 423 del 4 de septiembre de 2024, resolvió confirmar la decisión de primera instancia por la cual -a su turno y en lo que aquí interesa- el doctor P. no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la defensa en relación al artículo 170 incisos 7 y 8 del Código Procesal Penal, a la par que desestimó la postulación subsidiaria de invalidación de los registros domiciliarios (cfr. fs. 2/8v.).
2. Contra tal pronunciamiento, la defensa de S. y A. interpuso recurso de inconstitucionalidad, por considerar que el mismo no satisface el derecho a la jurisdicción consignado por el artículo 95 de la Constitución provincial (fs. 14/32).
En primer lugar, alude que la resolución de Cámara resulta equiparable a sentencia definitiva, al ocasionarle a sus asistidas un gravamen irreparable, en tanto -dice- en el curso de la investigación se efectuaron una serie de allanamientos sin orden judicial por instancia del fiscal, incumpliéndose los requisitos legales, con afectación de la inviolabilidad del domicilio y del debido proceso.
Tras referir a precedentes de esta Corte, aduce que si bien tales allanamientos tuvieron un control judicial, "al realizarse el mismo mediante comunicaciones electrónicas dentro del plazo de 24 horas, es imposible que pueda pronunciarse un tribunal que hace control de constitucionalidad en tiempo y forma".
Estima que el caso es justiciable por ser susceptible de repetición y con el objetivo de que el criterio de esta Corte sea conocido y aplicado a supuestos análogos que se presenten a futuro.
Expresa que sus defendidas se encuentran privadas de libertad en prisión preventiva, circunstancia que por sí sola constituye gravamen irreparable y respecto a lo cual "incide de modo negativo la imposibilidad de controlar la prueba de cargo".
Luego de efectuar un relato de los antecedentes del caso que estima relevantes, endilga arbitrariedad a la Alzada en cuanto denegara la solicitud de inconstitucionalidad de los incisos 7 y 8 del artículo 170 del Código Procesal Penal.
Discrepa con la interpretación efectuada por la Camarista en relación a que la normativa procesal es la que define quiénes son las autoridades habilitadas para autorizar los allanamientos, resultando aplicable el precedente "R.. Al respecto, pone de resalto que no son equiparables los institutos de detención y de allanamiento sin orden, al mediar entre ellos dos rangos de afectación diversos, al ser este último una potestad con una potencialidad lesiva de derechos y garantías constitucionales sumamente mayor.
Seguidamente, arguye que es arbitrario que el Tribunal se limite a reproducir los argumentos de la Corte en el precedente de mención, pues su parte ha dado razones suficientes para considerar al régimen establecido por la reciente reforma procesal como un caso de extrema vaguedad y amplitud que desvirtúa el principio por el cual las excepciones a las garantías constitucionales que protegen el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la propiedad, requieren la decisión de un magistrado.
Manifiesta que la garantía de inviolabilidad del domicilio se encuentra vinculada a un estándar de fundamentación que no puede satisfacerse de modo constitucionalmente válido en un momento posterior donde el magistrado tiene un rol secundario, siendo que es garante de la Constitución.
Destaca que más aún en el caso teniendo en cuenta que la norma por su vaguedad, amplitud y diferimiento del control judicial a un momento ex post, no puede considerarse un régimen constitucionalmente válido y así debe declararlo.
Se queja de que la Magistrada rechazara su planteo de inconstitucionalidad en concreto de la actuación fiscal en los seis allanamientos producidos debido a la ausencia de verdadera urgencia y...