Sentencia de Cámara Nacional Electoral del 22-10-2019

Número de expediente:CNE 3059-2019-CA1
CAUSA: “Partido J.
orden nacional y otros
c/Poder Ejecutivo Nacional –
Estado Nacional s/amparo –
solicita acción de
inconstitucionalidad” (EXPTE.
N° CNE 3059/2019/CA1)
CAPITAL FEDERAL

///nos AIRES, 22 de octubre de 2019.-
Y VISTOS: Los autos “Partido J.
orden nacional y otros c/Poder Ejecutivo Nacional
–Estado Nacional s/amparo – solicita acción de
inconstitucionalidad” (EXPTE. N° CNE 3059/2019/CA1),
venidos del juzgado federal con competencia electoral de
Capital Federal en virtud del recurso de apelación
interpuesto y fundado a fs. 149/153 vta. contra la
resolución de fs. 138/148, obrando su contestación a fs.
169/187, el dictamen del señor fiscal actuante en la
instancia a fs. 193/196, y
CONSIDERANDO:
1°) Que contra la decisión de la
señora juez federal de primera instancia que resuelve
–en cuanto aquí interesa- “[n]o hacer lugar a la[]
acci[ón] interpuesta[] a fs. 3/11 [vta.], […] [y]
exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a que dé
cumplimiento con el trámite legislativo previsto en
relación al Protocolo Adicional suscripto” (cf. fs. 147
vta./148), J.L., Patricia Alejandra García
Blanco y E.G.A.L.W. –apoderados
del Partido J., orden nacional- apelan y
expresan agravios a fs. 149/153 vta..-
Manifiestan que la señora magistrado
incurre en una contradicción ya que “[p]or un lado, no
hace lugar a la acción intentada, basada principalmente
en el incumplimiento de las normas legales como es la
falta de ratificación de la Declaración Conjunta
concerniente al funcionamiento del […] Parlamento del
Mercosur, y por otro lado exhorta al Poder Ejecutivo a
dar cumplimiento con el trámite legislativo previsto en
relación a la misma Declaración Conjunta” (cf. fs.
149).-
Asimismo, afirman que “[e]l caso no
versa sobre leyes en sí, sino sobre una declaración
conjunta de los cancilleres de los estados que conforman
el Mercosur, modificando el Protocolo Constitutivo del
Parlasur que se encuentra ratificado por ley 26.146,
cercenando facultades que éste otorga, exorbitando las
atribuciones del Poder Ejecutivo que avanza sobre el
legislativo sin ningún tapujo suspendiendo de hecho la
vigencia de la ley 27.120 que regula la elección de los
parlamentarios del Mercosur” (cf. fs. 149 vta.).-
Entienden, que “[l]a suspensión de
la elección directa de los parlamentarios afecta el
derecho intrínseco del partido que represent[an] de
postular candidatos a cargos electivos establecido en el
artículo 38 de la Constitución Nacional, al igual que el
derecho de los afiliados que representa[n] a elegir y
ser elegidos a las mismas categorías de candidatos” (cf.
fs. cit.).-
Expresan que “la falta de
convocatoria [se funda] en una Declaración Conjunta de
cancilleres que no puede ser aplicada internamente sin
ratificación legislativa (art. 75 inc. 22 CN)” (cf. fs.
150).-
Sostienen que “[l]a Declaración
Conjunta pretende fundar su legitimidad en el [a]rtículo
57 inc. B de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, contraviniendo que la propia Convención en su
artículo 46 1 in fine establece que la nulidad de un
tratado puede invocarse cuando la violación de una
disposición de derecho interno concerniente a la
competencia para celebrar tratados sea manifiesta y
afecte a una norma fundamental de su derecho interno.
Este es el caso […] por cuanto [se] viola
manifiestamente una norma fundamental de la Nación, el
Código Electoral Nacional en lo relativo a la elección
de Parlamentarios de Mercosur y la ley 27.120 en cuanto
a la fecha de elección de dichos parlamentarios” (cf.
fs. 150).-
Agregan que “en la misma fecha, los
cancilleres firmaron un Protocolo modificatorio del
Protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, de
similar tenor que la Declaración Conjunta, que hubiera
sido el instrumento idóneo para suspender la elección
directa de los parlamentarios, siempre y cuando hubiera
sido ratificado por los parlamentos de los países
miembros. Para evitar el procedimiento constitucional
necesario para ratificar los tratados, han pretendido
mediante una Declaración Conjunta imponer una norma que
avale la no convocatoria” (cf. fs. 150 vta.).-
Alegan que con ello se ha vulnerado
“palmariamente los incisos 22 y 24 del artículo 75 de la
Constitución Nacional […] [y] la división de poderes de
la Nación Argentina ya que a través de un acto de un
delegado del poder ejecutivo, cual es un canciller, se
suspende la aplicación de normas de un tratado
internacional, el Protocolo constitutivo del Parlamento
del Mercosur que es un tratado ratificado por el estado
argentino por ley 27.120” (cf. fs. cit.).-
Finalmente, concluyen que “la
omisión en el decreto 343/2019 […] [en cuanto a la
convocatoria a elecciones de Parlamentarios del
MERCOSUR], no posee causa legítima, carece de motivación
valedera y conlleva una finalidad espuria, como es
impedir la participación de los partidos políticos, sus
afiliados y el resto de los ciudadanos en la elección
directa de los precandidatos y candidatos a
parlamentarios del Mercosur establecida en la ley
26.571, en el Código Nacional Electoral y en la ley
27.120. Afecta entonces sus derechos políticos
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, que
forma parte de nuestro plexo constitucional (Artículo 75
inc. 22 CN), ya que se les impide ser elegidos en una de
las categorías de precandidatos y candidatos que
establecen nuestras normas electorales” (cf. fs. 151
vta./152).-
A fs. 169/187 M.C.D. y
A.M.P., en representación del Estado Nacional
(Jefatura de Gabinete de Ministros), contestan los
agravios.-
Manifiestan que “[e]l Decreto N°
343/2019 no legisló en materia electoral al omitir la
convocatoria de elecciones de los Parlamentarios del
Mercosur, sino que cumplió un compromiso internacional
por el cual se suspendió la cláusula del Protocolo
Constitutivo referente a las elecciones directas” (cf.
fs. 171).-
Sostienen que “[l]a Declaración
Conjunta firmada por todos los Estados Parte, constituye
un acto jurídico legítimo conforme a los arts. 18 y 57
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados y art. 99 inc. 11 de la Constitución Nacional
(cf. fs. cit.).-
Afirman que “la actora tuvo una
errónea lectura del FALLO que cuestiona, pues en la
parte dispositiva la magistrado interviniente no ofreció
dudas, rechazó las acciones interpuestas y exhortó al
Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con el trámite
legislativo en relación al Protocolo Adicional, lo cual
corresponde. Pero en ninguna parte de su SENTENCIA
mencionó que se deba cumplir con el trámite legislativo
para la Declaración Conjunta” (cf. fs. 172 vta.).-
Aseveran, asimismo, que “la
Declaración Conjunta […] no constituye un tratado
internacional, sino que consiste en un acto ad hoc por
el cual las Partes manifestaron en conjunto la voluntad
de suspender parcialmente el Protocolo Constitutivo”
(cf. fs. 174).-
Alegan que “[e]n cuanto a su
legitimidad cabe señalar que […] la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados contempla, en su
artículo 57, inciso b), la posibilidad de suspensión
total o parcial de un acuerdo internacional por voluntad
de todos los Estados Partes del tratado […], y en tal
sentido […] no establece plazos ni exige trámite
adicional alguno para que la suspensión surta efectos
más allá de la concurrencia de la voluntad de las
Partes” (cf. fs. 174/vta.).-
Entienden que “en el derecho
constitucional argentino tanto la denuncia como la
suspensión de un tratado, al igual que lo que ocurre en
el caso de los Estados Unidos, importa una facultad
privativa del Poder Ejecutivo Nacional que se ejercita
como una facultad discrecional de dicho Poder en el
manejo de las relaciones exteriores, sujeta únicamente a
razones de oportunidad, mérito y conveniencia” (cf. fs.
175 vta.).-
Expresan que “[e]l Estado Nacional
no transgredió las nomas convencionales y
constitucionales, en tanto el Protocolo Adicional se
encuentra transitando las etapas correspondientes a la
celebración de Tratados” (cf. fs. 180).-
Por último, afirman que “[e]n el
caso surge evidente, que ‘la Declaración Conjunta
Relativa al Funcionamiento del Parlamento del Mercosur’
constituye un acto internacional suscripto por los
Estados Partes del Mercosur […][,] un acto de política
exterior que, como tal, reviste la calidad de cuestión
no justiciable” (cf. fs. 185).-
A fs. 193/196 emite dictamen el
señor fiscal actuante en la instancia quien remite a su
dictamen de fs. 13/15 [vta.] donde considera que
“corresponde que el P[oder] E[jecutivo] N[acional]
incorpore la convocatoria omitida de la categoría, en
tanto y en cuanto la ley 27.120 permanezca vigente
‘iuris et de iure’” (cf. fs. 15 vta.).-
2º) Que, ante todo cabe destacar
que, el adecuado tratamiento del caso –en la medida en
que se cuestiona la Declaración Conjunta que el Poder
Ejecutivo utilizó como fundamento del decreto 343/19, a
través del cual no realizó la convocatoria a elecciones
de los Parlamentarios del Mercosur- aconseja recordar la
naturaleza de los derechos en juego, y armonizar los
preceptos de nuestro ordenamiento constitucional y los
principios que aquí se encuentran involucrados.-
En ese orden de ideas, deben ser
considerados, primordialmente, el principio de
supremacía constitucional (artículo 31 de la
Constitución Nacional) y el de representación basado en
la soberanía popular y la forma republicana de gobierno
(arts. 1, 22 y 33 de la Constitución).-
3º) Que, en cuanto al primer aspecto
corresponde señalar que el orden jerárquico normativo
establecido en el artículo 31 antes citado se
complementa y se refuerza con los artículos 27, 28 y 99,
inciso 2° en tanto se refieren, respectivamente, a los
tratados internacionales, a las leyes y a los decretos,
de modo tal que todo el ordenamiento jurídico aplicable
dentro de la República debe adecuarse al orden jurídico
interno que surge de la Constitución Nacional.-
En tal sentido se ha pronunciado la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordando el
papel central que en materia de tratados internacionales
tiene
...

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