Sentecia definitiva Nº 95 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 14-09-2020

Número de sentencia:95
VIEDMA, 14 de septiembre de 2020.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "VARAS, MONICA ESTHER C/ IPPV S/ AMPARO S/ APELACION" (Receptoría N° Z-2RO-16543-AM2019 // Expte. N° 30730/20-STJ-), puestas a despacho para resolver, y:
CONSIDERANDO:
La señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:
1. Que a fs. 163/177 la señora Mónica Esther Varas, con el patrocinio letrado de la doctora María Belén Delucchi, Defensora de Pobres y Ausentes a cargo de la Defensoría N° 10 de la IIª Circunscripción Judicial, interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia N° 56/20, obrante a fs. 158/161 vta., a través de la cual este Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación incoado a fs. 115 por la Defensora Oficial y confirmó la sentencia de fs. 111/113 vta. dictada por la Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de la ciudad de General Roca que declaró inadmisible la acción de amparo.
2. En sustento del remedio federal intentado la recurrente sostiene que la sentencia impugnada reviste carácter de definitiva; vulnera el derecho constitucional y convencional de la amparista de acceder a una vivienda digna, lo que causa un gravamen actual e irreparable; y resulta arbitraria por apartarse -sin fundamento alguno- del reconocimiento efectuado por el Estado Provincial en cuanto a su obligación de garantizar tal derecho.
Alega desconocimiento del derecho subjetivo del que la actora es titular, así como también del alcance de la interpretación constitucional del derecho reclamado. Añade que al no cumplir el Estado rionegrino con la provisión de aquella conforme las necesidades de la amparista -persona con discapacidad- está violando principios de raigambre constitucional que vulneran toda la normativa de derechos internacionales y violentando su propio rol, de ser parte activa en la relación, proponiendo y haciendo cumplir políticas públicas que garanticen el reconocimiento de los derechos básicos e indispensables de las personas más vulnerables.
Además, aduce desconocimiento del deber de progresividad en la satisfacción de los derechos sociales mediante una exégesis regresiva.
Entiende que la decisión cuestionada ignora el umbral mínimo de efectivo goce del derecho reconocido por el ordenamiento jurídico -derecho a la vivienda- que el Estado debe garantizar conforme a las normas supranacionales aplicables al caso, y agrega que, aún cuando la política habitacional dependa del Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial como integrante del Estado obligado el que debe dar respuesta si aquel no lo hace y así se lo requieren.
Por último, menciona el desconocimiento de la operatividad del derecho a la vivienda en base a supuestas intromisiones a la política habitacional de la provincia de Río Negro y la omisión de considerar la situación de vulnerabilidad de la amparista.
3. El Defensor General, doctor Ariel Alice, a fs. 187/191 sostiene el recurso extraordinario interpuesto coincidiendo con los fundamentos expresados por la recurrente a los cuales adhiere y remite.
Agrega que eximir al Estado del cumplimiento de su obligación implica no reconocer los derechos invocados por la amparista en representación de su grupo familiar -conformado por ella y sus hijas-, quienes gozan de una doble protección legal en su condición de ciudadanas con múltiple discriminación en cuanto mujeres, pobres y persona con discapacidad en relación a una de ellas.
Señala que de adquirir firmeza la sentencia cuestionada se atenta contra el derecho de acceder a una vivienda adecuada, a la salud, a la integridad y a la vida, como...

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