Sentecia definitiva Nº 47 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 13-04-2022

EmisorSecretaría Laboral y Contencioso Administrativo nº3
Número de sentencia47
Fecha13 Abril 2022

VIEDMA, 13 de abril de 2022.

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "SUBIABRE, NORMA DEL CARMEN S/ QUEJA EN: SUBIABRE, NORMA DEL CARMEN C/ BERKLEY A.R.T. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (l)" (Expte. N° A-3BA-45-L2016 // BA-0657 7-L-0000), puestas a despacho para resolver, y

CONSIDERANDO:
El señor Juez doctor R.A.A. dijo:

1. Antecedentes de la causa:

Mediante sentencia dictada el 14 de septiembre de 2020, la Cámara Segunda del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche hizo lugar a la demanda y condenó a B. Internacional ART a abonar a la señora N. del Carmen Subiabre una suma de dinero en los términos de la Ley Nº 24557, más intereses y costas.

Cabe señalar que, conforme surge del fallo, la actora el 06-07-15, mientras realizaba sus tareas habituales, al intentar girar una tarima cargada de materia prima, la misma giró y cayó, presionando su mano derecha.

Para resolver como lo hizo, la Cámara de origen fijó los hechos que consideró relevantes, indicando que la parte demandada reconoció expresamente el siniestro y la forma en que ocurrió, evaluó los dictámenes médicos obrantes en el expediente principal a los fines de determinar la eventual relación de causalidad con el siniestro antes referido y la incapacidad laboral, permanente y definitiva.

Con relación a ello, remarcó que el perito doctor R.G. concluyó que la actora presenta una afección secuelar diagnosticada como enfermedad de D.P., cuya consecuencia mensura en los términos del Decreto Nº 659/96, adicionando los factores de ponderación y arribando a una incapacidad laboral del 17,86% de la total obrera.

Señaló que la trabajadora había padecido un siniestro en el año 1999 por el cual se le dictaminó una incapacidad del 26%, porcentual que -según la Cámara- el perito médico sumó a la que deriva del siniestro que motivó el reclamo, lo que arrojó un 43,86% de incapacidad.

Adicionó que, sobre la capacidad restante (56,14%) extrajo el porcentual estimado por la licenciada O. (25% s/ 56,14 = 14,03%) considerando que padece, como consecuencia del último siniestro, una incapacidad del 31,89%, que sumado al referido 26% arrojó un total de 57,89%.

Seguidamente, expresó su discrepancia con los porcentuales de incapacidad aplicados por los peritos intervinientes en los autos principales.

En estos términos, destacó que al tratarse de un reclamo formulado en función del régimen sistémico introducido por la Ley Nº 24557, siendo de aplicación, por lo tanto, la Tabla de Evaluación de Incapacidades, deviene improcedente mensurar las secuelas psicológicas conforme las pautas del baremo referido por la licenciada O.. Citó el fallo "L." del 19-11-19 de la CSJN.

Tuvo en cuenta que la perito determinó que la trabajadora presentó un rendimiento intelectual adecuado y que no dictaminó que sufriera de la pérdida de memoria, crisis de pánico, fobias u obsesiones, ni que estuviera sometida a psicofármacos, entendiendo que no padece de una dolencia que pueda ser considerada grave y que le provoque una incapacidad que pueda ser encuadrada en el grado III o IV de la mencionada Tabla.

Ante tal circunstancia, estimó que la afección encuadraba en el grado II, fijada en un 10% de incapacidad, en el baremo del Decreto Nº 49/14.

Remarcó que el porcentual invalidante derivado del accidente padecido en el año 2015, no debe ser sumado al que fuera dictaminado en el 1999, sino evaluado sobre la capacidad restante.

Consideró el 74% (100% menos el 26%) y sobre el mismo extremo tomó el 17,89% establecido por el perito médico, concluyendo en una incapacidad de 13,2164% y sobre el porcentual de capacidad restante (100%-26%-13,2164% = 60,78%), calculó el 10% derivada de la incapacidad psíquica, obteniendo un 6,078%. De este modo, definió que la incapacidad derivada del siniestro que padeció la actora en el año 2015 era del 19,294%.

Contra lo así decidido, se alzó la parte actora a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuya denegación dio origen a la presentación de la queja en estudio.

2. Recurso de Inaplicabilidad de ley:

En oportunidad de articular el recurso principal, la recurrente aludió que la sentencia definitoria aplicó, contrariamente a lo establecido por el sistema normativo del derecho de accidentes laborales, la incapacidad psicológica por secuelas sobre capacidad restante funcional; lo que -dijo- es improcedente atento que ambas incapacidades -funcional y psicológica- provienen del mismo siniestro y no de sucesivos; razón por la que deberían ser sumados.

Del mismo modo, expuso que la resolución del grado carece de fundamento por cuanto no responde a un razonable análisis del derecho vigente, omitiendo expedirse sobre puntos reclamados en el escrito inicial, apartándose de abundante y constante jurisprudencia en sentido contrario a los términos de la sentencia.

Expresó que los sentenciantes omitieron aplicar las disposiciones del Decreto Nº 491/97, remarcando lo establecido en el art. 14 del mismo y afirmando que allí se determina que las incapacidades derivadas de igual cantidad de infortunios deben sumarse, de forma incremental.

Seguidamente, alegó arbitrariedad del fallo atacado con fundamento en que la omisión de considerar las cuestiones propuestas, así como de las pruebas rendidas, constituyen una violación del derecho de defensa en juicio que habilita la procedencia del recurso conforme lo previsto en el art. 52 de la Ley...

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