Sentecia definitiva Nº 42 de Secretaría Penal STJ N2, 13-05-2022

EmisorSecretaría Penal STJ nº2
Fecha13 Mayo 2022
Número de sentencia42
uperior Tribunal de Justicia
Viedma

En la ciudad de Viedma, a los 13 días del mes de mayo de 2022, finalizado el Acuerdo
celebrado entre los miembros del Superior Tribunal de Justicia señoras J.L.L.
.P. y M.C.C. y señores Jueces R.A.A., S.G.C. y S.
.M.B., para el tratamiento de los autos caratulados "M.M.
P. C/NN S/ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE
FUNCIONARIO PÚBLICO (CFP 5315/2017)" (Legajo MPF-VI-01926-2018),
"M.M.P.S. ABUSO DE AUTORIDAD E
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" (Legajo MPF-RO-03467-2018),
"M.M.P.C.L. ÁNGEL Y
OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE
FUNCIONARIO PÚBLICO Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS" (Legajo
MPF-VR-00734-2018), "M.M.P.S. ABUSO
DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO
PÚBLICO (EX CFP 1192/2017)" (Legajo MPF-RO-05579-2018), "M.
.M.P.C.D.L.P. Y OTROS S/ABUSO DE
AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (CFP
1196/2017 - EX MPF-VI-01929-2018)" (Legajo MPF-RO-04475-2018) y "U.F.T. Nº3 E/A
EXPTE. FGR 13486/2016 S/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (GENERAL
FERNÁNDEZ ORO)" (Legajo MPF-CI-02076-2018), teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
Mediante sentencia del 3 de diciembre de 2021, teniendo como antecedentes los
legajos MPF-RO-03467-2018, MPF-VR-00734-2018, MPF-RO-05579-2018, MPF-RO-04475-2018,
MPF-VI-01926-2018 y MPF-CI-02076-2018, el Tribunal de Impugnación (TI en
lo sucesivo) resolvió -en lo pertinente- rechazar la impugnación deducida por el Ministerio
Público Fiscal en lo vinculado con el Legajo MPF-VI-01926-2018 y hacer lugar a las
impugnaciones deducidas por las respectivas defensas en los demás. Para ingresar a estas
últimas, había hecho lugar a las quejas correspondientes deducidas contra la denegatoria de
impugnación dispuesta en la instancia previa.
Como consecuencia de lo anterior, confirmó los sobreseimientos de los imputados en
lo referido a la impugnación de la acusación y declaró la nulidad de las formulaciones de
cargo realizadas a los recurrentes (y de los eventuales coimputados no recurrentes en los
términos del art. 225 primer párrafo primer supuesto CPP), así como la de todos los actos
posteriores de ellas derivados, a la vez que ordenó la remisión de los legajos a las
correspondientes Oficinas Judiciales para que, por quien corresponda, se resuelva según el
derecho declarado.
En oposición a ello, el Ministerio Público Fiscal dedujo impugnaciones extraordinarias
en los legajos identificados precedentemente, cuyas denegatorias motivaron las respectivas
quejas ante este Cuerpo. Celebrada la audiencia prevista por el art. 249 del Código Procesal
Penal, este Superior Tribunal resolvió hacer lugar a los remedios de hecho interpuestos, tras lo
cual se sucedió la audiencia propia del art. 245 de la misma norma, a la que asistieron las
partes de modo presencial y mediante la aplicación Z..
Luego de los alegatos respectivos, los miembros de este Cuerpo realizaron la
deliberación correspondiente, de acuerdo con cuyo desarrollo se ha decidido plantear las
siguientes
CUESTIONES:
1ª) ¿Son fundadas las impugnaciones extraordinarias deducidas por el Ministerio
Público Fiscal en estas actuaciones?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde?
CONSIDERACIONES
A la primera cuestión las señoras J.L.L.P. y M.C.C. y los
señores Jueces R.A.A., S.G.C. y S.M.B. dijeron:
1. Agravios de las impugnaciones extraordinarias del Ministerio Público Fiscal
1.1. Legajo MPF-VI-01926-2018
El Ministerio Público Fiscal deduce una impugnación extraordinaria en la que sostiene
que su presentación encuadra en el inc. 2° del art. 242 del rito, y cita el precedente STJRN Se.
35/19 Ley 5020 "A.. Hace una reseña de las actuaciones y funda sus agravios en que
lo decidido es arbitrario por absurdo en los términos del art. 200 de la Constitución Provincial.
Alega que el TI no dio tratamiento a los cuestionamientos deducidos en su
impugnación ordinaria y, en tal sentido, repasa las consideraciones del Juez de Revisión y
afirma que, no obstante ellas (que admiten la posibilidad de que la acusación se reformule en
torno a otro catálogo de delitos), dispuso el sobreseimiento de los imputados. Señala haber
puesto de manifiesto la contradicción que esto evidencia, pues lo decidido sella "la suerte del
proceso" y, a pesar de ello, el TI no se expidió al respecto; "más aún, rechazó la impugnación
sin dar tratamiento al agravio concreto".
Añade que otras afirmaciones del TI exhiben una fundamentación aparente. Así, en
cuanto a la correcta imputación de los hechos, explica que debe tenerse presente que la etapa
en la que se encuentra el legajo (formulación de cargos) resulta primigenia, provisoria y
mutable, por lo que no le es exigible una precisión tal que permita responder a todas las
preguntas que aquel formula. A ello suma que las consideraciones desarrolladas implican
"una grave afectación a la autonomía del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador
independiente por cuanto se nos está diciendo que tenemos que imputar, como lo tenemos que
hacer y a quien o bien si... faltan otros sujetos". Cita el fallo "Q." de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y afirma que se trata de un sobreseimiento prematuro, que veda a su
parte y a toda la sociedad la posibilidad de responder a los interrogantes que se plantean.
El recurrente sostiene que lo ocurrido reviste gravedad institucional, porque lo resuelto
compromete la administración de justicia, con remisión a precedentes en tal sentido, y
cuestiona diversas afirmaciones del TI pues "sostener que sólo por las limitadas alegaciones
que las partes han efectuado en las audiencias que esto es un mero incumplimiento contractual
en el que lo que existe es un crédito a favor del municipio por obras abonadas por adelantado
luce al menos apresurado... ello se debe a un error por parte del TI en su análisis de la Ley
provincial 5127 y su decreto 630". Explica asimismo que de dicha normativa nunca surgen la
existencia de porcentajes de construcción cobrados por adelantado o el reconocimiento de
créditos a favor del municipio.
Afirma asimismo que la resolución del TI pone fin al proceso e impide investigar
hechos que, por su gravedad, gozan de una tutela especial. Considera que se ha limitado
indebidamente la acción del Estado para perseguir hechos de corrupción administrativa, y
alude a las Leyes 24759 y 26097, al art. 36 de la Constitución Nacional y a los fallos
STJRNS2 Se. 29/11 "Incidente" y Se. 153/11 "C..
A continuación sintetiza sus agravios e insiste en la configuración de la arbitrariedad,
ya que el TI ha resuelto sin tener competencia para ello, dado que la formulación de cargos
era provisoria y podía ser revisada, tanto a pedido del Ministerio Público Fiscal como de la
defensa, en cualquier momento de la investigación. De tal modo, afirma, dicha resolución no
causaba agravio alguno. Agrega que, pese a ello, el Juez revisor dictó un sobreseimiento, por
lo que habría correspondido el control horizontal pertinente.
Argumenta que el TI actuó conforme una suerte de per saltum, decidiendo sobre
legajos que no estaban bajo su contienda, pues no hay dudas sobre el efecto extensivo de su
resolución. Luego reitera que ha habido intromisión en las funciones del Ministerio Público
Fiscal, lo que afecta el art. 120 de la Constitución Nacional, en una reconfiguración del
sistema inquisitivo "de por sí aniquiladora", al tratarse de un caso de corrupción, que atenta
contra el compromiso internacional de remover obstáculos para la investigación.
Manifiesta además que, aunque transcribe las formulaciones de cargo, el TI no hace
referencia alguna a lo que se hizo y dijo en cada una de las audiencias respectivas. Vuelve
sobre las características del sistema acusatorio y adversarial respecto de la esencialidad de la
separación entre el juez y la acusación y estima que se generó un control oblicuo de la
acusación, lo que habilita la instancia recursiva.
Finalmente se ocupa del supuesto de gravedad institucional y reitera su mención de la
normativa referida a la responsabilidad del Estado contra la corrupción administrativa, alude a
la complejidad consecuente de su investigación e insiste en que la decisión del TI afecta la
autonomía y función de su ministerio, con cita de la normativa involucrada.
1.2. Legajos MPF-RO-03467-2018, MPF-VR-00734-2018, MPF-RO-05579-2018 y
MPF-RO-04475-2018
En los legajos referidos, en los que el TI hizo lugar a las quejas, dio trámite a las
impugnaciones ordinarias de los defensores y anuló la formulación de cargos con reenvío a
las Oficinas Judiciales, el Ministerio Público Fiscal deduce impugnación extraordinaria,
encuadrándola en los incs. 2° y 3° del art. 242 del código adjetivo, en tanto entiende que aquel
admitió de modo indebido el remedio de hecho, ya que no se constataba el recaudo objetivo
de impugnabilidad (existencia de gravamen irreparable o afectación de garantías
constitucionales).
Advierte que el hecho de que el TI asuma facultades que son competencia exclusiva de
su ministerio constituye un caso de gravedad institucional, y luego reseña los antecedentes del
caso y resume los argumentos del órgano jurisdiccional, que califica de arbitrarios. Así,
explica la naturaleza jurídica de la formulación de cargos y aclara que estos se pueden
reformular cuantas veces sea necesario, por lo que la resolución es provisoria y susceptible de
ser modificada, lo que obsta a que sea objetivamente impugnable.
Estima asimismo que se han contradicho los arts. 7, 25, 27 y 242 del Código Procesal
Penal e invoca la existencia de un sistema de control horizontal dentro del propio Foro de
Jueces, que hace operativos los principios de simplificación y celeridad, sin dejar de cumplir
la garantía del doble conforme. A partir de diversas consideraciones, prosigue, el propio TI ha
observado la ausencia de impugnabilidad objetiva de lo decidido. Sobre el ítem, en orden a la
denuncia de las defensas que el TI admite (violación de la defensa en juicio por deficiencias
en la acusación e...

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