Sentecia definitiva Nº 29 de Secretaría Penal STJ N2, 27-04-2020

Fecha de Resolución:27 de Abril de 2020
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
EXTRACTO GRATUITO
VIEDMA, 27 de abril de 2020.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "R., P.D. s/Lesiones leves, amenazas s/Casación" (Expte.N° 30049/18 STJ), puestas a despacho para resolver el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 189/205 vta., concluida la deliberación previa de los señores Jueces, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Sentencia N° 61, del 24 de mayo de 2019, este Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación deducido por la defensa y, consecuentemente, confirmó la Sentencia N° 35/18 de la Cámara Segunda en lo Criminal de San Carlos de Bariloche que, en lo pertinente, había condenado a P.D.R. a la pena de ocho (8) meses de prisión de ejecución condicional, con pautas de conducta por el plazo de dos (2) años, como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones agravadas por el vínculo -por haber tenido una relación de pareja- y amenazas en concurso real.
Contra lo así resuelto el imputado interpone recurso extraordinario federal in forma pauperis, por lo que su nuevo representante, señor Defensor Penal Juan Pablo Laurence, lo funda técnicamente a fs. 189/205 vta., presentación esta que el señor Defensor General Ariel Alice sostiene a fs. 207/209 vta. y el señor Fiscal General Fabricio Brogna contesta a fs. 212/218 vta.
2. Que el Defensor recurrente da cuenta del cumplimiento de los recaudos formales del remedio intentado, reseña las actuaciones procesales que entiende relevantes para la solución del caso y luego se agravia por la afectación de la garantía constitucional y convencional del doble conforme y por la arbitrariedad de la sentencia de condena, en tanto invoca la falta de fundamentación adecuada y la vulneración de la garantía del debido proceso y la defensa en juicio.
En sustento de sus planteos afirma en primer lugar que la decisión de este Cuerpo no ha garantizado el derecho a la revisión integral del fallo, porque el examen preliminar de la casación de los defensores particulares fue más allá de los límites del art. 417 del rito y, además, sus críticas no fueron debidamente analizadas. Hace consideraciones generales al respecto, cita precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el punto y agrega que el único modo de asegurar el derecho invocado es acceder a la instancia federal.
Entiende también que la resolución que ataca ha confirmado una condena que, a su criterio, fue dictada violentando las garantías relativas al juez natural y al debido control de la prueba e incurriendo en errónea aplicación legal y absurda valoración de la prueba. Así, argumenta que R. fue juzgado por un magistrado del fuero laboral, designado en los términos de una ley provincial de subrogancias ya derogada, y menciona las normas que estima conculcadas, con transcripción de los fragmentos que entiende pertinentes. Seguidamente desarrolla aspectos relativos al control probatorio y señala las limitaciones de esa Defensa para examinar el testimonio de la víctima, dado que el imputado fue retirado de la sala de debate, y alega que le fue denegado su ofrecimiento de prueba de descargo. Insiste en que las medidas producidas en audiencia han sido ponderadas de modo parcial y contradictorio, en contra de las reglas de la sana crítica y de la nueva ley procesal -que considera más benigna-, y a ello añade cuestionamientos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA