Sentecia definitiva Nº 20 de Secretaría Penal STJ N2, 01-04-2022

EmisorSecretaría Penal STJ nº2
Número de sentencia20
Fecha01 Abril 2022
Superior Tribunal de Justicia
Viedma

En la ciudad de Viedma, a un día del mes de abril de 2022, finalizado el Acuerdo celebrado
entre los miembros del Superior Tribunal de Justicia señoras J.L.L.P. y M.
.C.C. y señores Jueces R.A.A., S.G.C. y S.M.B.,
para el tratamiento de los autos caratulados "BUENULEO RAMIRO Y OTS (COMUNIDAD
BUENULEO) S/ USURPACIÓN" - IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA - ART. 242
(Legajo MPF-BA-04875-2019), teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES:
Mediante Sentencia N° 207, de fecha 24 de noviembre de 2021, el Tribunal de
Impugnación (en adelante TI) hizo lugar a las impugnaciones ordinarias interpuestas por los
letrados particulares F.K. (en representación de R.M.B., L.
E.D., N.A.M., M.M. y N.A. Quijada) y
E.P. (en representación de R.A.A.B., S.N.
.F. y C.J.R., que contaban con dictamen favorable del Ministerio Público
Fiscal; revocó las decisiones de los Jueces de Garantías -del 17/03/21- y de Revisión -del
10/08/21- que habían rechazado el planteo vinculado con la atipicidad penal y dictó el
sobreseimiento de las ocho personas ya nombradas por el hecho ocurrido el día 10 de
septiembre de 2019, subsumido en el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Asimismo, el 7 de
diciembre de 2021 hizo lugar a la aclaratoria presentada por el letrado K. e indicó que
el punto cuarto de aquella decisión se perfecciona con el agregado de la referencia final "por
su orden (art. 266 del CPP)", en alusión a la imposición de costas.
Por su parte, el querellante E.F., con el patrocinio del letrado A.
P., se opuso a la decisión de sobreseimiento dictada por el TI mediante la
interposición de una impugnación extraordinaria (del 10/12/21), cuya denegatoria motivó una
queja ante este Cuerpo, a la que se hizo lugar.
Celebrada la audiencia prevista por el art. 245 del Código Procesal Penal -a la que
asistieron el querellante E.F., su letrado patrocinante A.P.; el
defensor F.K. con sus asistidos R.M.B. y L.E.
D., y el letrado E.P. con sus representados R.A.A.
.B. y S.N.F.-, escuchados los alegatos respectivos y realizada la
deliberación correspondiente, se ha decidido plantear las siguientes
CUESTIONES:
1ª) ¿Es procedente la impugnación extraordinaria?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde?
CONSIDERACIONES
A la primera cuestión la señora J.L.L.P., los señores J.R.A.
.A. y S.G.C., la señora J.M.C.C. y el señor J.S.M.
.B. dijeron:
1. Agravios de la impugnación extraordinaria
La parte querellante encuadra su impugnación extraordinaria en el inc. 2° del art. 242
del Código Procesal Penal (aun cuando hay una referencia inicial al inc. 1° de esa norma, se
alega y peticiona finalmente solo sobre el inc. 2°).
En sustento de su reclamo, alega que lo resuelto por el TI le causa gravamen
irreparable en su condición de víctima y afecta sus derechos constitucionales y
convencionales. Refiere así que se le ha impedido acceder al sistema de justicia para exigir la
reparación del daño causado conforme la obligación estatal de brindar un sistema judicial
libre, eficaz y no discriminatorio. Señala que ha sido despojado violentamente y no se le ha
garantizado su derecho constitucional a la propiedad.
Menciona diversos instrumentos internacionales que tutelan sus derechos como
víctima, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cita
también la Ley 27372 y la Constitución Nacional en su art. 17 sobre el derecho a la propiedad,
como asimismo el art. 16 respecto del derecho a la igualdad, por cuanto considera que "se
desprende de la sentencia que un grupo de personas puede vulnerar el derecho de otras sin
consecuencias penales por el solo hecho de invocar la pertenencia a una comunidad
aborigen".
Invoca también la arbitrariedad de la sentencia del TI en tanto mediante falacias y
desvíos lógicos omitió aplicar la ley de fondo (art. 181 CP), dejando de lado las constancias
de la causa y afirmando que no hubo despojo. Plantea al respecto la violación del debido
proceso y la defensa en juicio.
A ello añade que en la sentencia constan afirmaciones dogmáticas respecto del
derecho de los pueblos originarios, pero no se han tenido en cuenta sus derechos como
víctima. Critica que parte de esa decisión se sustente en un acto nulificado por vicios graves,
en relación con la resolución 90/20 del INAI, y estima que la valoración de elementos previos
al dictado de un acto anulado, sumada a la incorporación de la sentencia de la Cámara
Contencioso Administrativa Federal que así lo dispuso, descalifica la sentencia y la torna
arbitraria.
Entiende además que es una falsedad la referencia a un supuesto proceso de armonía,
puesto que en el caso solo existió y persiste un despojo violento.
Agrega que es un error afirmar la existencia de posesión ancestral cuando se trata de
una propiedad privada, adquirida según el Código Civil Argentino, ya que fue enajenada
como compraventa por su titular dominial. Sobre el punto, sostiene que la sentencia es
arbitraria, en tanto no ha habido acto de otorgamiento de propiedad comunitaria ni se ha
cumplido el procedimiento previo fijado en la Ley 23302.
Manifiesta que el hecho de "que algunos de los imputados hayan realizado trámites
tendientes al reconocimiento como Comunidad mapuche no les da derecho ni los habilita para
que puedan ejercer vías de hecho, el reconocimiento como Comunidad es a los efectos que
ejerzan los derechos, pero por las vías legales, esto es una gran confusión del TI". A ello
agrega que uno de los imputados (M.) no es rionegrino y fue coautor en la usurpación.
Entiende que la sentencia impugnada convalida las vías de hecho, ya que los
usurpadores no tenían la posesión sino que el recurrente era el poseedor con justo título.
Señala además que invocar ser miembros de una comunidad no los aparta de los derechos y
obligaciones que tienen como miembros de la sociedad argentina, ni de la aplicabilidad del
Código Penal; y que tampoco la normativa sobre derechos de los pueblos indígenas citada en
la sentencia (arts. 14 y 17 de la Convención 169 OIT y art. 75 inc. 17 C.Nac.) menciona las
vías de hecho como método para recuperar tierras.
Cuestiona la argumentación del TI según la cual las propiedades comunitaria y
particular no se excluyen y sería el fuero civil el encargado de determinar sus alcances, por
estimar que es contraria a lo establecido en la Ley 23302, donde se distinguen tierras fiscales
y privadas y, en este último caso, sería el Congreso de la Nación, no el fuero civil, el que
decide si expropia o da a la comunidad una tierra igual a la que no puede acceder por ser
propiedad privada.
Critica el análisis efectuado en relación con el tipo penal del art. 181 inc. 1° del
Código Penal y afirma que sí existe una cuestión objetiva, que es el despojo por la fuerza que
hicieron quienes resultaron sobreseídos por el TI, mientras que el elemento subjetivo también
está en el legajo, es decir, que tuvieron la intención clara y precisa de despojarlo de su
propiedad.
Califica de descabellada la referencia a que "la pertenencia a una Comunidad indígena
se transforma entonces en un elemento negativo del tipo de la usurpación" y agrega que en el
año 2019, cuando sucedieron los hechos, concurrían todos los elementos del tipo y no había
tierras individualizadas como afirma la sentencia, en tanto no existía la resolución del INAI
que luego fue declarada nula, ni su relevamiento territorial.
Finalmente, efectúa la reserva del caso federal y solicita que se admita la impugnación
extraordinaria.
2. Contestaciones de traslado de las defensas
2.1. Al contestar el traslado, el letrado F.K. (en representación de R.
.B., L.D., N.M., M.M. y N.Q. solicita su
rechazo, pues considera acertada la sentencia impugnada. Alude a las vías a las que ya ha
recurrido la querellante para hacer valer sus derechos (justicia civil por juicio de escrituración,
justicia federal de Bariloche y contencioso administrativo federal, donde obtuvo una sentencia
favorable que se encuentra recurrida por el INAI). Considera entonces que el TI ha aplicado
correctamente el derecho y se ajusta a la posición de este Cuerpo y de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el caso "M.P. c/Palma", al estimar que no hay ni puede
haber ilicitud penal en una ocupación tradicional delimitada mediante los procedimientos
adecuados que el derecho internacional exige -art. 14.3 convenio 169 OIT-, lo que fue
suficiente para que el Ministerio Público Fiscal compartiera el pedido de sobreseimiento y
desistiera de la acción penal.
Agrega que la impugnación debe ser rechazada ya que el TI, además, dejó sin efecto la
conversión de la persecución penal pública en privada.
En lo sustancial, refiere que al señor F. jamás se le ha impedido el acceso a la
justicia ni el derecho a ser oído, sino que solo ha obtenido una sentencia desfavorable a sus
pretensiones.
Argumenta que el nombrado se ha adjudicado erróneamente, por ser falsa y no poder
acreditarla, la calidad de "dueño" de parte del predio objeto de autos, pues la propiedad no le
pertenece ni le corresponde, "su pretenso derecho no sólo es negado por la Comunidad sino
que es litigioso, negado por inhábil para transmitir derecho e incluso falsificado el
instrumento en el pretende apoyar su pretensión".
Señala que el derecho a la propiedad contemplado en la Constitución Nacional (art.
17) incluye la propiedad comunitaria indígena y, en cuanto al derecho a la igualdad, considera
que debe ser entendida como un trato diferencial, que incluya una cosmovisión, una cultura y
una espiritualidad diferentes, a lo que suma que la igualdad real fue aplicada a los pueblos
indígenas por este Superior Tribunal en el caso "CODECI", donde se dejó atrás el principio de
igualdad formal, que postula el impugnante.
Por otra parte, afirma que no existió un despojo violento y que la comunidad no
recuperó el territorio, ya que nunca lo perdió. Aduce que la ocupación tradicional se reputa
siempre vigente porque lo que se valora es el vínculo de la...

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