Sentecia definitiva Nº 119 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 21-10-2020

Fecha21 Octubre 2020
Número de sentencia119
VIEDMA, 21 de octubre de 2020.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "LERCHUNDI, RICARDO -PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Y TITULAR COMISION SECCIONAL IIIa S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (Res. Nº 2098-I-2018, 034-I-2019, 2589-I-2019 y 2757-I-2019 y la Disposición Nº 027-SDU-16 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche)" (Receptoría N° CS1-799-STJ2020 // Expte. Nº 30667.1/20-STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
El señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:
1. Que en fecha 16-09-2020 el señor Ricardo Lerchundi, en su condición de Presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro y titular a cargo de la Comisión Seccional IIIª de dicha Institución, con el patrocinio letrado de los doctores Jorge Luis Olguin y Horacio Fabián Brucellaria, interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia N° 86/20 mediante la cual el Superior Tribunal de Justicia por mayoría hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa del actor para demandar la inconstitucionalidad de las Resoluciones Nº 2098-I-2018, 034-I-2019, 2589-I-2019 y 2757-I-2019 y la Disposición Nº 027-SDU-16 emitidas por el Poder Ejecutivo Municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
2. En sustento del remedio federal intentado el recurrente considera que la decisión impugnada es definitiva; atenta contra los art(s). XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -todos referidos al acceso a la justicia y a la igualdad para acceder a su amparo-; vulnera jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el exceso ritual manifiesto y resulta arbitraria.
Alega la existencia de cuestión federal suficiente en tanto se han vulnerado las normas descriptas, violentándose principios, derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con igual rango legal -cf. art. 75 inc. 22 de la CN- y añade que el fallo cuestionado reviste gravedad institucional.
Sostiene que la legitimación del Colegio de Arquitectos que representa surge de los art(s). 794 y sig(s). del CPCC los cuales establecen que la acción de inconstitucionalidad directa corresponde a quien sea afectado en sus derechos. Además arguye que el art. 207 inc. 1 de la Constitución Provincial menciona específicamente que la acción debe ser iniciada por parte interesada, e insiste en que dicho organismo tiene facultades suficientes para interponer la acción en base al art. 24 inc. k de la Ley G 2176.
Alude que el interés del Colegio Profesional que representa de regularizar el ilegítimo accionar de la Administración es actual, tendiente a restaurar los agravios o perturbaciones que están padeciendo sus representados como arquitectos y como habitantes de la ciudad de San Carlos de Bariloche, con normas inconstitucionales que los afectan de manera directa tanto en el ejercicio de su profesión como en la vida cotidiana.
Afirma que este Tribunal ya ha aceptado la legitimación de la mencionada institución en una acción similar a la presente en autos: "Colegio de Arquitectos de San Carlos de Bariloche s/ acción de inconstitucionalidad (Arts. Ordenanzas Nº 2374-CM-12 y 2375-CM-12 S. C. De Bariloche)" Expte. 26377/13-STJ-.
Manifiesta que pese alegar en la demanda y en la contestación del traslado de la excepción que existe una lesión actual, la intervención del Colegio debió aceptarse aún cuando aquella no existiera -cf. última parte del art. 207 inc. 1 de la CP-.
Por último, menciona que la vinculación de la disposición citada con el art. 794 del CPCC realizada en la sentencia resulta inadecuada, ya que no se puede supeditar el ejercicio de derechos constitucionales -que habilitan la más amplia legitimación para accionar judicialmente- a la normativa procesal de inferior valor jurídico.
3. La apoderada de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, doctora M. Mercedes Lasmartres, al contestar el traslado conferido en fecha 28-09-2020, solicita el rechazo del recurso extraordinario federal interpuesto con expresa imposición de costas.
Señala el incumplimiento de los requisitos formales establecidos por la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia del la Nación. Indica que el escrito recursivo no respetó la cantidad de renglones por página, omitió citar los precedentes del máximo Tribunal Nacional sobre el tema e indicar cuál es la declaración que el recurrente pretende obtener de aquel, sin que tampoco exista un desarrollo jurídico conciso.
Alude que el impugnante no logra exponer claramente la cuestión federal planteada ni la relación directa e inmediata entre las garantías y derechos invocados y la cuestión objeto del pleito, limitándose a enunciar principios constitucionales que cree vulnerados y a reeditar cuestiones que ya han recibido oportuno tratamiento por parte del Tribunal.
Añade que se introduce con evidente confusión conceptual el ataque de arbitrariedad, cuando en verdad se trata de una discrepancia y/o disconformidad con la apreciación jurídica de este Cuerpo sobre los antecedentes de la causa y respecto de la adecuada interpretación del derecho aplicable al caso.
Expone que el recurrente confunde atribuciones propias de representación de la institución que la Ley G 2176 le confiere al presidente del Colegio Profesional con "interés legítimo" para interponer la acción planteada.
Concluye que el accionante no demuestra cuál es el perjuicio, como así tampoco su interés inmediato y sustancial en declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones municipales.
4. Ingresando al análisis de los elementos de procedencia formal se observa que si bien el recurso ha sido interpuesto en término, por parte legitimada al efecto y se dirige contra un pronunciamiento del más alto Tribunal Provincial en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no puede prosperar.
Ello es así porque el recurrente incumple con los recaudos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco reglamentario establecido en la Acordada N° 4/2007. A saber: 1) se advierte que consigna en forma parcial la carátula del expediente, omite la indicación del carácter en que interviene en el pleito y expresa erróneamente la fecha de notificación del pronunciamiento impugnado (art. 2; inc(s). b, e y h de dicha norma); 2) en relación al art. 3 de la normativa aludida, no efectúa un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (cf. inc. b); no logra acreditar que la resolución cuestionada le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR