Otra señal de alerta para la independencia judicial

La comisión de acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aconsejó la apertura del proceso de remoción del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que ahora tendrá que ser tratada por el plenario del cuerpo. La medida constituye otro hecho de llamativa gravedad institucional no sólo por la falta de elementos concretos contra el magistrado, sino también por la fundada sospecha de que, desde el partido gobernante, se busca desarticular a la justicia federal bahiense en momentos en que investiga maniobras con facturas "truchas" que podrían comprometer al pseudoempresario Lázaro Báez, vinculado en negocios con la familia Kirchner, y en que tramita politizadas causas por lesa humanidad.

Tal como lo ha reflejado recientemente el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado, la justicia federal de Bahía Blanca viene sufriendo desde mediados de este año un duro embate institucional. Éste comenzó con la remoción del magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, Santiago Ulpiano Martínez, desplazado por decisión de la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura, en un trámite que fue duramente cuestionado, ya que fue corrido por simple mayoría de votos, violando normas locales e internacionales que garantizan la estabilidad de los magistrados. Para ello fue clave el doble voto de la presidenta del cuerpo, la jueza Gabriela Vázquez, cuyo proceder viene siendo escandaloso: asumió en representación de los jueces y con la promesa de que no sería funcional al kirchnerismo y, sin embargo, no ha hecho otra cosa que ser el vehículo del Gobierno en la cristalización de sus deseos de avasallamiento de la Justicia por parte del poder político.

Martínez -quien antes de ser desplazado dispuso una serie de allanamientos en empresas sospechadas de haberle aportado a Báez facturas irregulares, en una causa por presunta asociación ilícita fiscal- fue subrogado en forma ilegal por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, perteneciente a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Claramente, haber forzado el ingreso de Ramos Padilla tiene para el Gobierno un doble propósito: en primer lugar, como se ha dicho, obstaculizar la investigación de los negocios entre Báez y el matrimonio Kirchner y, por otro, avanzar contra el empresario de medios Vicente Massot, en la forzada causa que se le sigue con el fin de vincularlo con violaciones de los derechos humanos.

Como parte de esa...