Senado paralizado: el kirchnerismo cajonea tres jueces para Rosario por los vínculos de una candidata con Capuchetti

Cristina Fernández de Kirchner presidiendo una sesión del Senado

Con seis meses de demora y luego de que la crisis por la violencia narco en Rosario tomara dimensión global por las amenazas a la familia política de Lionel Messi, el kirchnerismo estaría dispuesto a aprobar en el Senado las designaciones de tres candidatos a jueces para tribunales de Rosario .

Se trata de los pliegos que nominan a Gastón Salmain para el juzgado federal 1 de Rosario y a Elena Dilario y Eduardo Rodrígues Da Cruz como vocales del Tribunal Oral Criminal 2 de la ciudad santafecina. Los tres, junto a una treintena de designaciones judiciales, tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos desde mediados de septiembre del año pasado y desde entonces esperan su turno para llegar al recinto de la Cámara alta.

La clave que explica el cajoneo de esos expedientes es el nombre de Dilario, cuya designación Cristina Kirchner habría vetado, según confiaron fuentes legislativas del bloque del Frente de Todos.

La jueza María Eugenia Capuchetti

La bolilla negra contra la candidata se explica en el hecho de que Dilario trabaja como secretaria en el juzgado Federal de María Eugenia Capuchetti , la jueza que lleva adelante la investigación del atentado fallido del que fue víctima la vicepresidenta.

El dictamen de la candidata fue firmado por el oficialismo después de que superara, sin contratiempos, la audiencia pública celebrada el pasado 6 de septiembre, menos de una semana después del intento de magnicidio del que fue víctima Cristina Kirchner.

Pero el pliego de Dilario terminó quedando entrampado en el enojo de la vicepresidenta con la jueza Capuchetti porque no avanza con la teoría conspirativa kirchnerista de que Fernando Sabag Montiel no actuó solo, sino que lo hizo financiado por el macrismo.

La ofensiva de la vicepresidenta contra la magistrada empezó en noviembre del año pasado, cuando comenzó a criticarla por la demora en tomar determinadas medidas procesales.

El primer ataque fue un video posteado en la red social Twitter en el que cuestionó el accionar de la magistrada, a la que responsabilizó por la pérdida de la información del contenido del celular de Sabag Montiel, la demora en detener a Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, supuestos cómplices de quien intentó matarla y falló, y la resistencia a convocar a tomar declaración al diputado de Pro Gerardo Milman, quien supuestamente habría anticipado en dos días el atentado en una conversación que mantuvo en un café de la...