El Senado aprobó la reforma procesal penal que le da más poder a la procuradora

El Senado aprobó ayer el paquete de proyectos de ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que entrará en vigor el 1° de marzo de 2016 en el ámbito de la justicia nacional de la Capital Federal. La oposición planteó fuertes disidencias con las iniciativas, en particular la que reforma el Ministerio Público Fiscal, alertando sobre las amplias facultades que le otorga a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Sobre la base de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la Cámara alta discutió seis proyectos de ley -los de implementación más el nuevo régimen de subrogancias para ocupar juzgados vacantes, como se informa por separado- en un único debate. El método se explica en el apuro que tiene una gran mayoría de senadores por volver a sus distritos para dedicarse a la campaña electoral.

Así, en poco más de cuatro horas, y con la intervención de apenas diez legisladores, el Senado aprobó los proyectos de implementación del nuevo CPP; de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría Pública Nacional; de organización y competencia de la justicia nacional y federal, y de modificación del Código Penal en materia de extinción de la acción. Ahora, los proyectos deberán ser tratados por la Cámara de Diputados.

La iniciativa más cuestionada fue el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que pone en manos de su conductor nuevas potestades, que van desde la designación sin concurso de fiscales en cargos especiales hasta la posibilidad de dar instrucciones sobre cuáles causas impulsar y cuáles archivar o dejar en segundo plano.

"Vemos con altísima preocupación la gran concentración de facultades en el procurador general de la Nación", alertó Ángel Rozas (UCR-Chaco).

En ese sentido, el senador radical citó como ejemplo de ese poder la potestad que tendrá de designar fiscales de distrito. Tras destacar que serán "designados a dedo" por la jefa de los fiscales, Rozas señaló que esos funcionarios tendrán en sus manos el poder de disponer de las acciones penales que se impulsarán y el reparto de causas entre los fiscales ordinarios en su órbita.

Por su parte, Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) dijo que el proyecto le "da una discrecionalidad absoluta (a la procuradora) no sólo para designar cargos, sino respecto de los temas y los casos a seguir, sin ningún criterio objetivo" que guíe esa determinación.

En defensa de los proyectos habló Rodolfo Urtubey (FPV-Salta), en su condición...