El Senado aprobó cambios en la ley de defensa de la competencia

El Senado aprobó ayer una variante de la figura del arrepentido que ya rige para los delitos de corrupción: en este caso, para que las empresas puedan denunciar casos de cartelización y otras prácticas monopólicas.

Esa figura forma parte de la modificación de la ley defensa de la competencia que la Cámara de Diputados había aprobado el año pasado y que ayer convalidó el Senado, pero que volverá a la Cámara baja porque se le hicieron cambios.

La iniciativa se aprobó, con el apoyo del peronismo, con 50 votos a favor y siete en contra, la mayoría del Frente para la Victoria.

El "régimen de clemencia", como lo bautiza la ley, prevé la reducción o exención de multas a las empresas que aporten datos para detectar violaciones de la ley. Puntualmente, exime de sanción al primer potencial integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias que permitan detectar casos de cartelización.

Además se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo autárquico encargado de controlar y fijar sanciones, compuesto por un tribunal de cinco miembros y dos secretarías: las de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Hoy, por la ley vigente, la 25.156, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Poder Ejecutivo.

En la conformación de ese tribunal está el cambio central, por lo que el tema deberá volver a la Cámara de Diputados. A pedido del peronismo, se aceptó que el Senado deba prestar acuerdo tácito a los integrantes de ese cuerpo. El texto aprobado en la Cámara baja, en cambio, preveía que, si en 60 días el Senado no se expedía, las designaciones quedaban aprobadas. "El acuerdo del Congreso no puede ser ficto, debe ser expreso", apuntó el senador Mario Pais (FPV-Chubut).

Evitar distorsiones

Puntualmente, la reforma establece la prohibición de "todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado".

Respecto de las multas, indica que las empresas que incurran en prácticas monopólicas y de cartelización deberán pagar una multa de hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en la conducta ilegal, multiplicado por la cantidad de años en los que hayan sostenido esas prácticas. Ese monto no podrá exceder el 30% del total de negocios de la empresa involucrada.

La defensa del proyecto corrió por cuenta de Federico Pinedo (Cambiemos-Capital), quien lo enmarcó en las "acciones contra los abusos de monopolio"...