Semillas: el Gobierno acepta cambios en la ley

El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en su proyecto de ley de semillas, pero siempre que haya un consenso en el sector privado (las entidades del agro y la industria semillera) sobre las modificaciones a aplicar y que se respete que el poder de control siga en manos del Estado. Así lo expresó a LA NACION el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en el marco de la Exposición Rural de Palermo.

"La ley tiene que ser por consenso mayoritario, ojalá sea unánime", señaló el funcionario. Consultado sobre si aceptaría cambios en el proyecto oficial, indicó: "Si hay acuerdo de partes, y con la salvedad de que el único poder de policía es del Estado".

La ley vigente, de 1973, se puso en marcha cuando no existían los cultivos transgénicos y cuando la soja cubría una superficie mínima. Esa norma, además, le dio al productor la potestad irrestricta de hacer uso propio de su semilla. Es decir, cosechados la soja o el trigo, guardarse una parte como semilla para volver a sembrar en la campaña siguiente. Por sus características, el productor sólo puede hacer esto con la soja y el trigo. En maíz y girasol, donde no se puede hacer uso propio por las características de las semillas, todos los años debe comprar las semillas a la industria.

En agosto de 2016, Agroindustria presentó en el Congreso un proyecto que, entre otras cosas, acota el uso propio. Su iniciativa expresa que tras la compra de la semilla el productor deberá pagar por tres campañas más por la semilla que se reserve para uso propio. En cambio, si en la nueva siembra se reserva más de lo inicial, deberá pagar sin límite de tiempo.

El Gobierno exceptuó del pago a "aquellos agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y a los pueblos originarios que, en el contexto de prácticas de...