Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 30 de Abril de 2010, expediente 44.218

Fecha de Resolución30 de Abril de 2010

Poder Judicial de la Nación 2010 - Año del Bicentenario Causa n° 44.218 “N., S.M. s/ nulidad y procesamiento con prisión preventiva y embargo”

Juzg. Fed. n° 12 - Sec. n° 24

Reg. n° 390

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.-

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El D.E.R.F. dijo:

Motiva la intervención del Tribunal el recurso de apelación interpuesto a fs 16 por la Dra. M.C.C., en representación de USO OFICIAL

Selva M.N., contra la resolución de fecha 29 de marzo del corriente año por la que el Juez de primera instancia resolvió no hacer lugar a la nulidad oportunamente impetrada por esa parte y decretar el procesamiento con prisión preventiva de su asistida, en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, decretando embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de cinco mil pesos (art. 5, inciso “c” de la ley 23.737).

Por medio de la presentación glosada a fs 23/38 de este incidente, la defensa técnica de N. desarrolló los agravios que motivaron su impugnación, los cuales transitan por diferentes carriles. En primer término, la recurrente insistió con el planteo de nulidad de la orden de allanamiento librada por el Magistrado de grado, por haberse supeditado la realización del registro domiciliario a la detección, seguimiento e interceptación de supuestos compradores de droga en las inmediaciones del lugar, y por haberse habilitado día y hora sin fundamentación. En lo que a ello respecta, disintió con lo argumentado por el J. en cuanto a que la consulta telefónica efectuada por los funcionarios policiales intervinientes con el S. delJ., durante el procedimiento cuestionado, permitía descartar que éste hubiera sido llevado a cabo por las fuerzas de seguridad de modo discrecional. En forma subsidiaria,

para el eventual caso de que tal pretensión no fuera receptada, la incidentista criticó la valoración probatoria que llevó al a quo a la conclusión de que el destino del material estupefaciente incautado era su comercialización, y peticionó que, de conformidad con lo expresado por la imputada al momento de ser oída en declaración indagatoria en cuanto a que la droga era para su consumo personal, se cambie la significación jurídica escogida por el delito previsto en la segunda parte del artículo 14 de la ley 23.7373 y, como consecuencia de la inconstitucionalidad de tal figura, disponga su sobreseimiento. Cuestionó

también el encarcelamiento preventivo decretado respecto de su defendida,

aseverando la inexistencia de riesgos procesales que ameriten tal medida de coerción. En último lugar, sostuvo que el embargo fijado sobre sus bienes resultaba excesivo, por lo que solicitó sea reducido.

Tras un detenido análisis de las constancias obrantes en el presente sumario, concluyo que el primero de los planteos introducidos por la defensa técnica de Núñez, en cuanto a que se ha verificado, en el caso, un vicio que, por haber afectado garantías de jerarquía constitucional, amerita la declaración de nulidad solicitada, resulta ajustado a derecho.

De la lectura del auto de fojas 48/50 de los autos principales se advierte que el Magistrado de la anterior instancia encomendó a la División Operaciones Metropolitanas de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina la realización de tareas de inteligencia en el domicilio investigado “tendientes a detectar la presencia de supuestos adquirentes y/o compradores y/o tenedores de sustancias estupefacientes … en las inmediaciones” y “corroborado dicho extremo”, ordenó que se proceda “a su seguimiento e interceptación con el objeto de su fehaciente individualización,

requisa y eventual secuestro del material estupefaciente…”. A continuación, en el segundo punto dispositivo de la resolución analizada, decretó que, “de resultar positivo lo precedentemente ordenado, se deberá proceder al registro domiciliario de la finca…”.

Es decir que se supeditó la realización del allanamiento ordenado a la eventual “detección” de “compradores”, “tenedores” o “adquirentes” de estupefacientes en las cercanías del lugar, dejando, de ese modo, en cabeza de las fuerzas de seguridad intervinientes la tarea de evaluación respecto de la configuración de la existencia de motivos suficientes para ingresar al domicilio particular de un ciudadano. Se delegó a los funcionarios policiales la determinación del cumplimiento de la condición que, como requisito previo,

Poder Judicial de la Nación 2010 - Año del B. debía verificarse para proceder al registro domiciliario. La situación descripta no se vio modificada por la consulta previa al Secretario del...

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