Seguridad sustentable y estructura de dominación

• Autor: Enrique M. Del Percio
• Cargo: Abogado, especializado en Sociología Jurídica (UBA) y doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA)
• Páginas: 25-89

COLECCION AÑO VI Nº 10 25

Seguridad Sustentable

y Estructura

de Dominación

Por Enrique M. Del Percio*

Introducc ión

Al acu ñar un concepto nuevo con resabios de co ncep

ciones anter iores resu lta in dispen sable aler tar acer

ca de lo que ést e no significa: no se en tiende p or se-

guridad sust entable ni la mera represión, ni la prevención in-

mediat a del delito. Apu nta sí a la ind agación acerca de los

factores so ciales, polític os, juríd icos y cultu rales qu e garant izan

–o, en su caso, am enazan - la vigencia de l a paz social. En tal sen-

tido , este nu evo concep to guard a un est recho p arentesco con el

de paz , entendida como la “tranquilidad en el orden ”, siendo

en est e marco el “orden” el fruto de la justicia.

* Enriqu e Del Percio n ació en Bueno s Aires en 1961. Es abogado, esp ecia-

lizado en Socio logía Jurídica (UBA) y doct or en Derecho y Ciencias Sociales

(UBA). Actualmen te es investigad or titu lar en el In stituto de Sociología de la

Academia Nacio nal de Cien cias y Miembro Plen o de la Asociación de Filoso-

fía Latinoame ricana. Es t ambién Profesor Regular de Sociología en grado y

posgrad o en la F acultad de Derecho de la UBA y de Teor ía del Desarr ollo

Human o en la Universid ad Nacion al de San Martín, Titular de Histo ria del

Pensami ento Po lítico en la Universid ad del Salvador y de Epistem ología de

las Cienci as Sociales en la Maestr ía en Integració n Int ernacio nal en la Uni-

versidad Nacional de Rosar io.

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cuad a comun icación en tre la ciu dadanía y la policía; la exist en-

cia de u na crisis de valores o ca rencia de valo res en la so ciedad1,

son al gunos d e los factores usualm ente m encionad os como agen-

tes etiológicos de la insegu ridad. Tal cantidad de element os

pued e derivar en u na p arálisis m otivada por la imposiblidad

tant o de la comprensión de los mismos como d e las med idas

tend ientes a darles respuesta. Por eso es im port ante

sistema tizarlos, t ratand o de ver cu áles son lo s aspectos causales

y cuáles lo s resultant es.

En otros tér mino s: no cab e duda de que cualquier política

coherente d e seguridad que se en care debe tener esto muy en

cuen ta; todos sabemos qu e para ataca r las manifest aciones más

violentas del fenómeno de la in seguridad en for ma inmediata,

se deben contr atar más agen tes policiales, pagarles y capacit ar-

los mejo r y constr uir más cárceles, lo cu al por ciert o no es gra-

tuit o sino que deman daría u n im port ante sacrificio fiscal. Al

mismo tiempo, también es sabido qu e el reclamo d e solucion es

de urgencia cor re el riesgo de caer en un mero reclamo de ma-

yor represión desplazan do la posibilid ad de pensar en o tras

políticas, tales como las que pu eden incid ir en la dism inución

del in greso de gru pos en riesgo en la actividad delictiva.

De todos mod os, la exp eriencia comparada d emuestra que

un a mayor pr esencia po licial en las calles es un p oderoso facto r

de dis uasión, y si los agentes est án relativam ente bien pagos –y

por tanto n o necesit an emple os adicional es, ni otro tipo de “in-

gresos alternativos”- y adecu adamen te en trenados, au men ta

notoriamente su capacid ad de prevención y rep resión del cri-

men . Con m ás plazas en cárceles se le qui ta a las comi sarías un a

funció n que n o le es propia: el alojamien to del pr esunto d elin-

cuen te, al par qu e se elimin a una de las razon es por las qu e se

1. Estas so n algun as de las caus as mencion adas en e l marco del Programa

de Formulación Consensuada de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana de

la Universid ad de Buenos Aires.

Por cier to, la actual deman da ciudadana en torno a la segu-

ridad está referida prioritar iamente a la dismin ución d el delito,

prin cipalmen te cont ra la int egridad física y la p ropiedad . Natu-

ralmen te, urge d ar pront a respuesta a esta d emanda. Per o tam-

bién s e impon e un accionar r esponsab le por p arte de lo s distin tos

actores políticos y so ciales en or den a la er radicación de las cau -

sas que generan un marco propicio para el increm ento de la

delictivid ad. Este “accion ar responsable” hace referencia a u na

esfera de a ctividades en la que lo s resultad os no si empre se p ue-

den ver en el cor to plazo, e incluso, a veces implica la asu nción

de est rategias ind irectas de largo aliento para abo rdar pr oblemas

cuya resolución específica est á más allá de la volu ntad de los

partícipes de ese proceso.

Para d ecirlo gráficamen te, si bien es empír icamente d emos-

trable aquella vieja afirmación según la cual “cuan do los tem-

plos y las escuelas est án llen as, las cárceles están vacías”, la

posibili dad de “llen ar” templo s y escuelas no está en las m anos

de nadie (y además n o está mal qu e así sea). Pero se requiere

un a adecuad a compren sión d e las causas y facto res que llevan a

las sociedades con temporáneas a la actual sit uación, co n todas

sus ven tajas y desventajas.

Afortun adament e, se ha id o gestand o un import ante con sen-

so en torno a la aceptación de la insegu ridad com o un fen óme-

no que resp onde a mú ltiples causas: el in cremen to de la

marginalidad, la pobreza y el hacin amiento; la drogadicción y

sus efect os en el accion ar de los cr iminales; las n uevas técn icas

incor poradas en el accionar criminal; los efectos de la

globalización en la vida cot idiana y laboral de la población; la

crecien te disgregación de la familia; la falta d e un ser io aborda-

je de la p roblemáti ca de la min oridad; la ex istencia de falen cias

en el sistema ed ucativo; el debilitamiento del principio de au-

torid ad; la existencia de falta d e confianza de la ciudad anía en

las inst ituciones estatales, la in existencia de una adecuada red

de con tención social; la in existencia d e confianza y de una ade-

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das esp eranzas y a ad vertir acerca de otra derivación de esta at ri-

bució n a la ley de poderes c uasi mágicos: la excesiva juri dización

de los p rogramas de formación del per sonal policial y d e las

fuerzas d e seguridad.

Así, llegamos a la n ecesidad de en cont rar u n t érmin o qu e

describ a esta exigencia de trascender la problem ática coyun tu-

ral atinent e a la seguridad, para d esignar a los elementos que

han de posib ilitar u na cierta perman encia de las condici ones qu e

la sociedad le brinda al individ uo para p oder desar rollarse ple-

namente como persona sin transgred ir los canales

insti tucionales , aún en un con texto sign ado por la incertidu m-

bre. Un a nueva realid ad necesit a una n ueva teoría que la expli-

que, como ú nica forma d e no caer en un activismo estéril.

Para ello, result a de suma utilid ad la concep tualización ela-

borad a por la Organización d e las Naciones Unidas. Esta enti-

dad p ropone defin ir a la segu ridad como la libertad frent e al

miedo y a la necesidad. En concordan cia con este postulad o,

definim os a la Seguridad Sust entable com o la libert ad frente al

peligro y a la necesid ad. Conviene aclarar qu e se ha preferido

reemplazar provisoriamente “m iedo” por “peligro” por enten -

der que aqu el hace referencia a la percepción qu e los su jetos

involu crados p ueden tener, mie ntras q ue el peligro implica u na

situación ob jetiva de riesgo.

Esta noción d e seguridad su sten table se deriva además del

concep to fun dante d e Desarrollo Human o, en el sen tido en que

es interpret ado p or SS Juan Pablo II y las Nacion es Unid as, y

que e n la Argentin a adquier e particu lar relevanci a a partir de su

inclu sión en nuestr a Constitu ción Nacional tras la reforma de

1994.

El Inform e Mundia l de Desarrollo Humano de 1994, elabo-

rado por las N aciones Un idas, vincu la estrech ament e el concep to

de segu ridad con el de Desarr ollo Hum ano, advirt iendo lú cida-

men te que “a fin d e abordar el creciente reto qu e entrañ a la se-

gurid ad hu mana, se n ecesita u n nu evo paradi gma de desar rollo

produce la sit uación caracterizada popu larmente con el dicho

“los ladrones en tran por una puer ta y salen por la otra”. Pero

tamb ién sabemo s todos qu e esto es n ecesario p ero insuficien te:

sin p olíticas de mediano y largo plazo qu e tomen en cuent a las

causas p rofun das de las prin cipales amenazas a la seguridad,

todo ese empeñ o –que en términ os impo sitivos deman daría in -

gentes esfuerzos a la población - se encam inaría ir remisiblem ente

al fracaso.

Preciso es hacer referen cia a otros d os aspectos co múnm en-

te mencion ados a la hora de p roponer medidas: las reformas al

sistema judicial y a la legislaci ón de fond o y de forma en ma te-

ria penal. En cuanto a lo primero, existe un consen so bastant e

general izado acerca de la necesidad de prod ucir tr ansformacio-

nes en un a administr ación d e just icia lent a, con escasa disp o-

nibilid ad de med ios, y –para colm o- gravement e cuestion ada a

partir del estado p úblico que h a ido toman do la indign a con-

duct a de algunos de sus miembros, afectan do la imagen y cre-

dibilidad del conjunto. De todos mod os, no cabe albergar

grand es expect ativas en orden al imp acto m ás o menos in me-

diato de estos cambios en la vida cotidiana de la mayoría de la

población. En cuan to a las reformas legislativas, deb emos h a-

cern os aún menos ex pectativas. Es imperat ivo acabar co n el mit o

del po der aut oejecuto rio de la ley. Bast en dos ejem plos par a de-

mostrar el car ácter efectista p ero no efectivo de las propuestas

que circulan en este sentido: el agravam iento de las p enas p or

robo d e autom óviles hasta superar a las de hom icidio no impli-

có en nuestro p aís merma algu na en la comisión de ese t ipo de

ilícitos, y su posterior redu cción no sign ificó un increm ento

superior al de la ten dencia gener al para delitos de ot ra índole.

Tampoco l a adopción o derogació n de la p ena de mu erte se t ra-

dujo jamás en var iaciones percep tibles en n inguno de los Esta-

dos en que se p rodu jo esa modi ficación legal. Obviam ente, est o

no im plica ignor ar que todo sist ema juríd ico es siemp re perfec-

tible; la cr ítica apu nta a n o deposit ar en esas re for mas demasi a-