Seguridad pública garantizada

AutorRoberto Dromi
Páginas85-102

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Entre los peldaños del Estado de derecho democrático, que regula la convivencia de nuestro tiempo, la seguridad es un principio-valor guía y rector de la escalera del desarrollo1.

La seguridad es un valor sustantivo que traduce un estado institucional y personal y que en la actualidad penetra en el campo tanto individual como social. La seguridad se refiere a lo cierto, lo confiable, lo conocido, lo protegido, lo estable, lo transparente, lo tranquilo en la vivencia y en la convivencia. Es un valor sustancial en la vida del hombre y por ello requiere de mecanismos culturales e institucionales de garantía2. Page 86

Con la seguridad se accede a una situación física, psíquica y emocional de "hombre situado" en su relación con el orden democrático y la convivencia ciudadana. Como valor fundante la seguridad es un predicado del orden social (convivencia), del orden político (democracia), del orden público (paz y estabilidad), del orden jurídico (Estado de derecho). No puede reinar la justicia en una sociedad en la que no hay un orden cierto y seguro. No puede reinar la dignidad y la libertad en una sociedad en anarquía.

La seguridad es pilar de la vida individual y de la vida social. La seguridad del hombre en su "yo" es la seguridad privada y la seguridad del hombre en su "circunstancia" es la seguridad pública.

La Constitución nacional prevé y garantiza la seguridad civil, la seguridad política e institucional, la seguridad económica3, la seguridad social, la seguridad cultural, la seguridad jurídica, la seguridad ambiental, la seguridad educativa, la seguridad religiosa, la seguridad de la salud, la seguridad étnica, la seguridad administrativa, la seguridad comunitaria.

La seguridad se identifica con la certeza relacional, la estabilidad normativa, la previsibilidad fáctica, la independencia Page 87 judicial, la protección policial, la convivencia en paz, el garantismo procesal, la equivalencia prestacional4.

Pero, en la realidad, en la convivencia cotidiana se confrontan los atributos mencionados con:

- el aumento de los delitos y contravenciones5;

- los excesos fácticos y jurídicos del poder público;

- la ausencia de organización y procedimientos policiales y/o judiciales eficientes;

- la falta de programas integrales de prevención y lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la desaparición forzosa de personas, el lavado de dinero, el comercio ilícito de armas, el tráfico de bienes del patrimonio cultural e histórico y la degradación de la naturaleza como nuevos delitos de daños colectivos y perjuicios masivos a la humanidad;

- la carencia de cuerpos de seguridad especializados para combatir las violencias sociales manifestadas en el tránsito y el transporte, en la escuela, en el deporte, en los espectáculos públicos, en la ciudad y en el campo y en las relaciones vecinales y familiares6. Page 88

- la insuficiencia de equipamiento e infraestructura competitiva de las fuerzas de seguridad.

- la escasa colaboración de las fuerzas de seguridad entre sí dentro de una misma jurisdicción o de jurisdicciones diferentes.

La seguridad pública7 garantizada es uno de los cimientos sobre los que se construye la 5ª República. La revolución del desarrollo tendrá resultados positivos siempre y cuando se controle la legalidad y oportunidad de la gestión de las fuerzas de seguridad, se adapten las organizaciones y los procedimientos de seguridad a la eficacia, se elaboren programas consensuados entre las distintas jurisdicciones e integrales para el freno de los delitos organizados o complejos, se conformen cuerpos de seguridad especializados y con equipamiento e infraestructura adecuados. Entendemos que este es el nuevo modelo de gestión de la seguridad pública garantizada.

1. Erradicar la impunidad de delitos y contravenciones

Atemoriza la convivencia, la constante transgresión al orden público, a veces bajo formas delictuales, a veces bajo formas contravencionales que degradan la calidad de la seguridad que provee el Estado, a la que aspiran los ciudadanos. Los secuestros express, los asaltos con rehenes, la Page 89justicia por mano propia, el hurto o robo a personas o a empresas, los disturbios callejeros, la conducción riesgosa de vehículos, entre otros múltiples ilícitos, motivan la necesidad de formular una propuesta programática de erradicación de la impunidad delictual y contravencional a saber:

1) Instituir un programa específico de prevención8 y lucha contra el delito que contenga organismos de seguridad especializados, presupuesto suficiente, equipamiento tecnológico de última generación.

Hablar de prevención implica eficiencia en todo el sistema de seguridad pública9: policía, poder judicial y cárceles, entre otros.

Pero también hace a la prevención fomentar el desarrollo social dentro de los grupos más vulnerables.

2) Aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en los espacios públicos. Esto implica que el personal salga a la Page 90 calle, que esté en contacto con la cotidianeidad, que se encuentre en el lugar para cuando el ciudadano lo necesite. La seguridad no debe estar esperando detrás de un escritorio la denuncia que llega a una comisaría, sino que debe encontrarse en el lugar para actuar.

3) Acelerar los procedimientos de resolución judicial. El tiempo que insumen los procedimientos penales debe ser revisado y abreviado, a fin de evitar que las personas privadas de libertad permanezcan largos períodos en esa situación, sin resolución judicial.

Mientras la supuesta culpabilidad es determinada, se desvirtúa la finalidad misma de la imposición de la pena y del sistema penitenciario, que es lograr la reinserción social del delincuente. Así, la extensión desmedida de los procedimientos penales, genera además de un agravio irreparable a muchos ciudadanos una superpoblación carcelaria innecesaria, que atenta contra la eficiencia del sistema en su conjunto10.

4) Efectivizar el cumplimiento de las sanciones contravencionales. La realidad muestra la falta de control en el cumplimiento de la aplicación de sanciones en el caso de contravenciones a los códigos de falta, de tránsito y de convivencia urbana.

Por ello, proponemos enviar a los infractores un aviso del inicio de la actuación administrativa ante el incumplimien- Page 91to de la sanción. En él se advertirá sobre las futuras y mayores consecuencias civiles en caso de no concurrir a los organismos administrativos pertinentes o no pagar la multa indicada en su oportunidad.

Por otra parte existe la necesidad de buscar soluciones rápidas para aquellos conflictos vecinales menores con remedios efectivos a través de grupos de mediadores municipales en donde el primer encuentro entre las partes sea obligatoriamente el inicio de la instancia del arbitraje.

2. Controlar el actuar de las fuerzas de seguridad

El imperio del derecho supone la conformidad del orden jurídico con el normativo formal y con valores sustanciales, metajurídicos, sin cuyo respeto integral no existe Estado ni derecho.

El Estado y la sociedad requieren reglas claras y precisas de juego, sobre la base del respeto mutuo y recíproco de los "derechos", llamados "competencias" y "libertades" según el caso. La seguridad pública estará garantizada en la seguridad jurídica pues ésta es el fundamento de la vinculación de las fuerzas de seguridad al derecho, es la razón de ser del poder del Estado. Esta seguridad se frustraría si el propio Estado se librara de su vinculación a las leyes.

El control está enraizado como principio natural en la misma estructura del poder estatal, pues no hay "poder sin control" o, al menos, no debería haberlo. Es un predicado republicano su instauración y regulación. El control sobre el actuar de las fuerzas de seguridad se impone para garantizar la sujeción de su obrar a reglas y principios del derecho.

El control es el instrumento impuesto para verificar la correspondencia entre "medios" y "fines". A mayor control, Page 92 menor abuso. Un deficiente procedimiento de fiscalización o estructura de contralor, además del riesgo político por las tentaciones que el ejercicio del poder ofrece, ayuda a enseñorear la arbitrariedad y descomponer valores en desmedro del fin último y primero del Estado: el bien común.

El control judicial impone a las fuerzas de seguridad ajustar cada uno de sus actos a las normas y principios del ordenamiento jurídico, de manera...

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