Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 16 de Agosto de 2017, expediente CNT 048126/2015/CA002

Fecha de Resolución16 de Agosto de 2017
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II SENTENCIA DEFINITIVA NRO.: 110990 EXPEDIENTE NRO.: 48126/2015 AUTOS: SEGOVIA, A.A. c/ RAMON CHOZAS S.A. s/ACCION DE AMPARO VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 16 de Agosto del 2017 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. G.A.G. dijo:

En la sentencia dictada en la instancia anterior (fs.

380/385) la Sra. Juez a quo si bien determinó que el despido del actor dispuesto por la accionada resultó discriminatorio, desestimó la nulidad del acto requerida en la demanda, al sostener que su validez fue tácitamente consentida por el trabajador al percibir las indemnizaciones derivadas del acto resolutorio.

Contra tal decisorio se alzan las partes actora y demandada a tenor de los memoriales obrantes a fs. 390/9 y 485/91, respectivamente, que merecieron oportuna réplica de sus contrarias (fs. 492/515 y 485/91).

En atención a la índole de la cuestión ventilada, se requirió opinión al F. General ante la Cámara, quien se expide a tenor del dictamen obrante a fs. 527/527, cuyos fundamentos, en líneas generales se comparten y que, por razones de brevedad, cabe dar aquí por reproducidos, y no obstante lo que seguidamente expondré.

En primer lugar he de señalar que coincido con el Dr.

E.O.Á. en cuanto a la posibilidad de encuadrar un reclamo de esta naturaleza en los términos de la ley 23.592 puesto que, como lo expuse en el caso “Álvarez, M. y otros C/ Cencosud S.A. S/ Acción de amparo” (SD Nº 95.075 del 25-6-07, del registro de esta Sala II), no existe actualmente -ni al momento del despido aquí

juzgado, vale aclararlo- ninguna razón que justifique ni explique la posibilidad de excluir a los trabajadores y empleadores así como a los despidos discriminatorios del ámbito de aplicación de la ley 23.592.

Al respecto, creo menester aclarar que resulta viable la reincorporación pretendida con sustento en la ley antes mencionada aún en un régimen de estabilidad relativa impropia que le otorga validez a un despido injustificado puesto Fecha de firma: 16/08/2017 que, como reiteradamente lo he enfatizado, no es lo mismo despedir sin causa que Alta en sistema: 17/08/2017 Firmado por: G.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO #27270518#185848758#20170817103417746 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II discriminar a través del despido (ver en ese sentido lo ha sostenido por esta S., entre otros, in re “M., E.D. c/SpicerE.P., sentencia 96649 del 30/4/09 e in re “Braun, Ricardo c/Obra Social del Personal de la Industria de la Alimentación”, sentencia 96979 del 18/8/09, a cuyas consideraciones estimo prudente remitir).

En efecto, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al confirmar la sentencia dictada por esta Sala in re “Á. , M. y otros c/Cencosud S.A.” (CSJN A. 1023, XLIII, sentencia del 7/12/2010)

la ley 23.592 ha tendido a conjurar un particular modo de menoscabo del pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional: el acto discriminatorio. Y ha previsto, por vía de imponer al autor la obligación de "dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y […] reparar el daño moral y material ocasionados", una reacción legal proporcionada a tamaña agresión pues, y sobre ello cabe poner el acento, el acto discriminatorio ofende nada menos que el fundamento definitivo de los derechos humanos: la dignidad de la persona, al renegar de uno de los caracteres ínsitos de ésta: la igualdad en dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, de la cual deriva, precisamente, el principio de igualdad y prohibición de toda discriminación, destinado a proteger en la existencia dicha igualdad en esencia, intrínseca o inherente a aquéllos (v. Declaración Universal de Derechos Humanos, preámbulo, primer párrafo, y art. 1°; PIDESC, preámbulo, primer párrafo; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ídem y art. 10.1, y Convención Americana sobre Derechos Humanos, preámbulo, párrafo segundo y arts. 5.2 y 11.1, entre otros instrumentos de jerarquía constitucional). Mortificación, la antedicha, de grado nada menor, ya que las violaciones a la dignidad de persona humana así como pueden mortificar su espíritu, también pueden dañar su cuerpo, constituyendo una fuerza patológica y destructiva del bienestar de las personas al menos igual que la de los virus y las bacterias

.

Asimismo, en el precedente “Á.” antes mencionado, la Corte sostuvo que “la protección del "derecho a trabajar" previsto en el art. 6.1 del PIDESC, al incluir el derecho del empleado a no verse privado arbitrariamente de su empleo, "si bien no impone la reinstalación, tampoco la descarta"

(cit., p. 2003; v. asimismo: C., M., The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, p. 223). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intérprete autorizado del PIDESC en el plano universal (Torrillo, Fallos:332:709, 713), ratifica esa doctrina: todas las víctimas de violaciones del derecho al trabajo, "tienen derecho a una reparación adecuada, que puede adoptar la forma de una restitución […]" (Observación general N°18, cit., párr.

48; en igual sentido, del mismo Comité: Observación general N° 16. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales —artículo 3— del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Fecha de firma: 16/08/2017 Culturales, 2005, párr. 21).

Alta en sistema: 17/08/2017 Firmado por: G.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO #27270518#185848758#20170817103417746 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II En estos términos el Máximo Tribunal ha considerado por mayoría que en el marco de un despido discriminatorio, la ley 23.592 admite la posibilidad de la reinstalación en el puesto de trabajo y que ello no se contrapone a otras garantías de jerarquía constitucional por cuanto, al decir de la Corte, “la reinstalación…

guarda singular coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados, vgr., por un despido (v. Corte Interamericana de Derechos Humanos, B.R. y otros vs. Panamá, sentencia del 

2-2-2001, Serie C N72, párrs. 202/203 —y su cita— y 214.7, y “M.”, cit., p. 2005)

y “sólo un entendimiento superficial del art. 14 bis llevaría a que la "protección contra el despido arbitrario" implicara una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reinstalación”

Consecuentemente cabe concluir que la ley 23.592 en su carácter de ordenamiento jurídico específico destinado a conjurar actos discriminatorios, prescribe la posibilidad cabal de declarar la ineficacia del acto reprochable, lo cual estaría equiparado al acto jurídico de objeto prohibido (art.953 Código Civil y art. 279 del actual Código Civil y Comercial), o incluso, a la figura del abuso de derecho (art.1071 Código Civil y art. 10 del actual Código Civil y Comercial), de modo que una empleadora no podría invocar la eficacia del ejercicio de sus iniciativas...

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