Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 14 de Diciembre de 2016, expediente L. 118472

PresidenteGenoud-Negri-Pettigiani-Kogan-Soria-de Lázzari
Fecha de Resolución14 de Diciembre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de diciembre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., N., P., K., S., de L.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.472 "S., V.A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otra. Enfermedad profesional".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 2 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 169/175 vta.).

El Fisco de la Provincia de Bs. As. -en representación de Provincia ART SA- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 182/187 vta.), el que, denegado por el juzgador de grado (fs. 188), fue concedido por esta Corte (fs. 220/229) al resolver la queja interpuesta a fs. 211/214.

Dictada a fs. 239 la providencia de autos, sustanciados los traslados que, por razón de la entrada en vigencia del nuevo Código C.il y Comercial de la Nación (conf. leyes 26.994, BO de 8-X-2014 y 27.077, BO de 16-XII-2014), se ordenaron a fs. 233 y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

  1. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollaba como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, V.A.S. contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible", que la incapacita en un 15,80% del índice de la total obrera, habiendo percibido el 26-VIII-2011 la suma de $ 28.440 en concepto de prestación por incapacidad parcial permanente, calculada a partir de un ingreso base de $ 2.081,79 y con aplicación del tope legal previsto en la norma de aplicación -arts. 12 y 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557- (v. vered., fs. 169 y vta.).

    En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de lalitis, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557. El primero de ellos en cuanto, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, refiere sólo a los rubros sujetos a aportes y contribuciones; y el segundo, en razón del tope indemnizatorio, en cuanto prescribe que la suma que corresponde percibir con arreglo a la tarifa establecida en el primer párrafo del precepto indicado en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar el importe de ciento ochenta mil pesos ($ 180.000) por el porcentaje de incapacidad.

    A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad laboral, parcial y permanente prevista en dicho régimen legal (v. sent., fs. 171 vta./172 vta.).

    Luego, dado que el pago efectuado por la aseguradora en el mes de agosto de 2011 con valores vigentes al mes de octubre de 2006, conllevaba una injusticia inaceptable, halló adecuado proteger el crédito de la trabajadora aplicando la pauta que contempla la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, por revelarse como adecuado instrumento de actualización para alcanzar dicho objetivo (v. sent., fs. 172 vta./173).

    Sobre dicho monto, dispuso aplicar intereses conforme la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento a 30 días (v. sent., fs. 173 y vta.).

  2. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

    Cuatro agravios estructuran su crítica:

    1. En primer término cuestiona que el tribunal de grado haya incluido en el cálculo del valor mensual del ingreso base todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el salario de la actora, contrariando lo establecido en la normativa aplicable.

      Manifiesta que la naturaleza remuneratoria de cada rubro está determinada por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo; por ende, no corresponde que, para acrecentar el valor mensual del ingreso base, se adicionen sumas que no revisten el indicado carácter.

    2. En segundo lugar, controvierte la declaración de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el último párrafo del art. 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557, manifestando que constituye una típica afirmación dogmática que no se hace cargo de las circunstancias concretas de la causa.

      Sostiene que tal aspecto del pronunciamiento vulnera la doctrina establecida por esta Suprema Corte en las causas L. 79.367 "Slobodian", sent. de 14-IV-2004 -en el cual se estableció idéntico criterio en relación al tope previsto en el art. 8 inc. "a" de la ley 24.028-; L. 55.996 "C., sent. de 5-VII-1996; L. 68.511 "Onufrovich", sent. de 17-XI-1999 y L. 71.154 "Corredera", sent. de 18-IX-2002, en cuanto resolvió que"el art. 8 inc. a) de la ley 9688 -to, ley 23.643-, en cuanto establece el tope indemnizatorio no merece la tacha de inconstitucional por constituir su contenido una prudente reglamentación de los derechos constitucionales que se invocan"(fs. 184 vta.).

      Del mismo modo, denuncia transgredida la doctrina legal fijada en los precedentes L. 56.205 "N., sent. de 27-VI-1995; L. 57.357 "C.A., sent. de 1-X-1996 y L. 57.762 "F., sent. de 8-IV-1997, en los que se declaró que"infringe el art. 8 inc. 'a' de la ley 9688 modificada por ley 23.643 el fallo que omite aplicar el tope indemnizatorio que establece la norma legal indicada".

      En función de tales antecedentes, alega que en cada caso el juzgador debe evaluar los presupuestos que permitan advertir la "aniquilación" del derecho que se pretende indemnizar.

      Señala, asimismo, que los topes legales de las indemnizaciones por infortunios laborales existieron históricamente, siendo excepcionales las circunstancias en las cuales se declaró su inconstitucionalidad.

      Luego -manifiesta-, teniendo en cuenta que el resarcimiento que le corresponde percibir a la actora en modo alguno puede reputarse exiguo, se impone concluir que el tribunal le reconoció, en definitiva, una indemnización integral como si su reclamo estuviera sustentado en las normas del derecho civil, lo que justifica la revocación de la sentencia, máxime cuando se procedió a declarar la inconstitucionalidad de la norma del art. 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557, sin que se haya aportado elemento alguno para demostrar que el tope menguó el nivel de ganancia de la trabajadora.

      Sostiene que el tribunal de grado, para justificar la decisión de no aplicar el tope legal establecido en la normativa vigente, realizó un fundamento débil y ajeno a las circunstancias del caso, apartándose de la doctrina legal e incurriendo en absurdo.

      Por último, afirma, en sustento de su postura, que la decisión de origen contraría lo resuelto por esta Corte en las causas L. 81.795 "B., sent. de 8-XI-2006 y L. 84.179 "L., sent. de 22-XI-2006, en las que se establecieron los requisitos para decretar la invalidez del tope indemnizatorio por despido previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en concordancia con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre tal tópico al fallar la causa "Vizzoti".

    3. Se opone también a la definición de grado que aplicó la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, señalando -en ese orden- que constituye un instrumento utilizado por el tribunal de trabajo para sortear la doctrina de la Suprema Corte en materia de intereses, de cuyo contenido se aparta de manera ostensible.

      En ese sentido, refiere que el dictado de la mentada resolución hubo de justificarse en el marco del procedimiento administrativo previsto por la ley 24.557 -así como en el contexto de lo dispuesto por la resolución de la SRT 104/98 y de las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación 24.852 y 24.808/96- con la finalidad de resolver una situación puntual, originada en la detección de numerosos casos en los que las aseguradoras de riesgos del trabajo registraban atrasos en el pago de las prestaciones dinerarias contempladas en dicho régimen especial.

      Al respecto, denuncia vulnerada la doctrina legal sentada en la causa L. 113.328 "M., O.E." (sent. de 23-IV-2014).

    4. Por otro lado, cuestiona la tasa de interés -activa- aplicada al capital de condena; ello, por considerar que tal definición se aparta de la doctrina emanada de los precedentes L. 94.446 "Ginossi" y C. 101.774 "P., ambos con sent. de 21-X-2009, ratificada por la Suprema Corte en la causa L. 108.164 "A.", sent. de 13-XI-2013.

    5. Finalmente, cabe señalar que al evacuar el traslado conferido en virtud de la vigencia del nuevo Código C.il y Comercial de la Nación, el Fisco manifiesta -en lo sustancial- que no advierte ningún aporte genérico que pueda expresar más allá de la elocuencia de su articulado (fs. 237 y vta.).

  3. El recurso prospera con el alcance que a continuación indicaré.

    1. a. Liminarmente, observo que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal C.il y Comercial (art. 1, ley 14.141, BO 15-VII-2010). Por tal razón, la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafoin finede la ley 11.653.

      Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que...

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