Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 30 de Mayo de 2019, expediente CAF 001432/2014/CA001

Fecha de Resolución30 de Mayo de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Expte. Nº 1432/2014/CA1: “S., M.E. c/ Estado Nacional – Min.

Agricultura, Ganadería y Pesca – INTA s/ Empleo Público”

En Buenos Aires, a 30 de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer en el recurso interpuesto en autos “S., M.E. c/ Estado Nacional – Min. Agricultura, Ganadería y Pesca – INTA s/ Empleo Público”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara J.E.M., dijo:

  1. ) Que, por sentencia de fs. 378/384, el señor juez de la instancia anterior hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. M.E.S. contra el Estado Nacional –Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (en adelante, INTA)– y, en consecuencia, determinó que la ruptura de la relación contractual que había existido entre las partes obligaba al demandado al pago de las indemnizaciones emergentes del art. 11, párrafos tercero y quinto, de la ley 25.164. A tales efectos, dispuso que las sumas adeudadas devengasen intereses desde el 30/06/2011 –momento en el que el INTA rescindió el vínculo con la actora– hasta la fecha de su efectivo pago, aplicándose la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina (cfr. art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación).

    Distribuyó las costas en el orden causado.

    Para así resolver, desestimó los argumentos de la accionante vinculados al análisis del pleito bajo los cánones del derecho laboral privado, toda vez que consideró que las cuestiones bajo examen resultaban análogas a las tratadas por el Máximo Tribunal en el precedente “R., J.L. c/ E.N. – Min. Defensa – A.R.A. s/ indemnización por despido” (Fallos: 333:311). Apreció que tal circunstancia exigía la adecuación del mentado vínculo contractual a normas de derecho público y administrativo.

    Fecha de firma: 30/05/2019 Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #16595712#235744000#20190529110848660 Sobre tales bases, subrayó que, en la especie, el Estado Nacional había utilizado una figura jurídica excepcional –locación de servicios– para la contratación de la Sra. S. como personal del INTA.

    Por consiguiente, coligió que se había constituido una verdadera desviación de poder que, al haber estado destinada a encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, tornaba operativa la protección del art. 14 bis de la Ley Fundamental contra el despido arbitrario.

    En otro orden de ideas, afirmó que la designación de la actora como delegada normalizadora de la Asociación de Trabajadores del Estado (en adelante, ATE) había acontecido el 12/07/2011 –esto es, con posterioridad a la extinción del vínculo contractual–, lo que imposibilitaba la aplicación del régimen estatuido en el art. 52 de la ley 23.551.

    Por último, en atención al modo en que decidió, estimó

    inoficioso el planteo de inconstitucionalidad formulado en relación con el art. 9º de la ley 25.164 y el art. 2º de la Ley de Contrato de Trabajo. Igual temperamento adoptó respecto del cuestionamiento a la ley 25.344, su decreto reglamentario y todas las leyes posteriores sobre consolidación de deuda pública, en tanto el crédito dirimido en autos no se encontraba alcanzado por tales normas, sino por lo preceptuado por el art. 22 de la ley 23.982 –contra el que no se había dirigido embate constitucional alguno–.

  2. ) Que, disconformes con el pronunciamiento, tanto el INTA como la actora interpusieron sendos recursos de apelación (fs. 385 y fs. 387), que fueron concedidos libremente (fs. 386 y 388, respectivamente).

    Puestos los autos en la Oficina, la Sra. S. presentó su memorial a fs. 395/399vta., contestado por el INTA a fs. 404/406.

    Por su parte, el instituto demandado expresó sus agravios a fs. 391/393, los que fueron replicados a fs. 401/402.

  3. ) Que la actora, en primer término, sostiene que las partes jamás acordaron otorgarle naturaleza administrativa al vínculo contractual bajo examen. Por consiguiente, manifiesta que el sub lite debe ser dirimido mediante normas de carácter privado, descartando así que el marco regulatorio del empleo público nacional instituido en la ley 25.164 le Fecha de firma: 30/05/2019 Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #16595712#235744000#20190529110848660 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Expte. Nº 1432/2014/CA1: “S., M.E. c/ Estado Nacional – Min.

    Agricultura, Ganadería y Pesca – INTA s/ Empleo Público”

    resulte aplicable. A su vez, reitera la inconstitucionalidad del art. 2º, inc. a, de la ley 20.744 de contrato de trabajo (en adelante, LCT).

    En consonancia con tales postulados, cuestiona el resarcimiento otorgado por el a quo, toda vez que el caso no constituye un supuesto acogido al régimen de estabilidad que determina la ley 25.164.

    Por el contrario, solicita la ponderación de los rubros indemnizatorios detallados en la LCT –verbigracia, antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, SAC proporcional y vacaciones proporcionales–.

    Asimismo, objeta que no se hayan contemplado los haberes adeudados por el INTA, en virtud de las diferencias salariales existentes entre la remuneración efectivamente percibida y la que le hubiere correspondido según la escala salarial detallada en el Convenio Colectivo de Trabajo 127/06. A tales efectos, afirma que las tareas que desplegó

    durante la vigencia de la relación laboral se hallan incluidas en el grupo escalafonario “personal de apoyo”, de conformidad con los términos del art.

    21 del referido convenio.

    En otro orden de ideas, asevera que el vínculo contractual se extendió más allá del 30/06/2011, por lo que entiende que su designación como delegada gremial transcurrió mientras prestaba servicios en el INTA. En consecuencia, solicita que se ordene el pago de las multas dispuestas en los arts. y de la ley 25.323.

    Por otra parte, reputa errónea la decisión adoptada respecto del art. 22 de la ley 23.982, dado que sus preceptos resultan inaplicables en autos hasta tanto el proceso no concluya con una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. A su vez, plantea su inconstitucionalidad, con fundamento en la afectación al derecho de propiedad.

    En lo concerniente a los intereses, arguye que su crédito –al que le atribuye carácter alimentario– merece ser tutelado tomando en consideración la tasa activa efectiva anual vencida del Banco de la Nación Argentina, hasta su efectivo pago.

    Finalmente, se agravia de la imposición de costas ordenada por el magistrado de grado, entendiendo que no se han verificado Fecha de firma: 30/05/2019 Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #16595712#235744000#20190529110848660 circunstancias excepcionales que hubiesen justificado el apartamiento del principio objetivo de la derrota.

  4. ) Que, por su parte, el INTA indica que el caso bajo análisis presenta particularidades que lo tornan disímil al supuesto contemplado en el precedente “R.”, lo cual invalida la analogía dispuesta por el a quo en el fallo recurrido.

    Al respecto, rememora que tal pronunciamiento del Tribunal Cimero se sustentó en la vulneración de la transitoriedad propia del personal contratado por el Ministerio de Defensa. En este sentido, acentuó que el vínculo laboral de R. se había extendido por más de 20 años, en franca colisión con el plazo máximo de cinco años previsto en el plexo normativo aplicable. Empero, sostiene que el sub discussio difiere de tales premisas, dado que la reglamentación del INTA relativa a contrataciones por plazo determinado carece de máximos legales.

    Asimismo, destaca que –a diferencia de “R.”– la situación de la Sra. S. no presenta los caracteres de permanencia y estabilidad en sus funciones, toda vez que los contratos suscriptos por el INTA admiten la posibilidad de sufrir modificaciones. Ello, con el propósito de ser adaptados a las variaciones en el desarrollo de...

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