Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 22 de Octubre de 2013, expediente 14.534

Fecha de Resolución22 de Octubre de 2013
EmisorSala 4

CAUSA Nro. 14.534 -SALA IV-

C.F.C.P. “SARMIENTO, Alexis Cámara Federal de Casación Penal Gabriel y otros s/recurso de casación”

REGISTRO NRO.2055.13.4

la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil trece, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor J.C.G. como P., y los doctores M.H.B. y G.M.H. como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 517/528 de la presente causa nro.

14.534 del Registro de esta Sala, caratulada: “SARMIENTO, A.G. y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral de Menores nro. 1 de esta ciudad de Buenos Aires, resolvió el día 24 de mayo de 2011

    -cuyos fundamentos se dieron a conocer el 1 de junio de 2011- en la causa 6461 de su registro, en cuanto aquí interesa;

    1. NO HACER LUGAR a la declaración de inconstitucionalidad planteada por la defensora pública oficial en su alegato (…).

    2. DECLARAR a A.G.S., (…) coautor penalmente responsable del delito de robo con armas, en grado de tentativa. (artículos 42, 45, 166 inciso 2º, primer párrafo del Código Penal y 4º de la ley 22.278)

    3. ABSOLVER a A.G.S. (…) del delito por el que fue declarado penalmente responsable en el punto 2)

    de este veredicto y en orden al delito de robo simple en grado de tentativa (causa Nro. 6118), SIN COSTAS (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal y art. 4 de la ley 22.278).

    4. CONDENAR a A.F.F., (…) por ser coautor penalmente responsable del delito de robo con armas, en grado de tentativa a la PENA de TRES AÑOS DE PRISIÓN Y COSTAS

    (artículos 5, 29 inciso 3º, 40, 41, 42, 44, 45, 166 inc. 2

    primer párrafo, del Código Penal y 530, 531 y 533 del Código Penal de la Nación).

    5. CONDENAR a A.F.F., a la PENA ÚNICA DE

    SEIS AÑOS DE PRISIÓN CON ACCESORIAS LEGALES, sanción que comprende la pena impuesta al nombrado en el punto dispositivo 4) por el delito allí consignado y la pena de tres años y ocho 1

    meses de prisión, accesorias legales, impuesta al nombrado en la causa nº 001009-10 Juzgado de Garantías nº 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, por sentencia firme del fecha 29 de enero de 2010, por resultar ser autor penalmente responsable del delito de robo calificado por tratarse de vehículos dejados en la vía pública (dos hechos) en concurso real. Las costas se rigen por los respectivos pronunciamientos (artículos 5, 40, 41, 55 y 58 del código Penal).

    6. CONDENAR a E.A.V.G., (…) por ser autor penalmente responsable del delito de robo con armas,

    en grado de tentativa a la PENA de TRES AÑOS DE PRISIÓN y COSTAS

    (artículos 5, 29 inciso 3º, 40, 41, 42, 44, 5, 166 inc. 2º

    primer párrafo del Código Penal y 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)

    -confr. fs. 463/464, 473/496 y 515/516-.

    II. Que, contra esa decisión, interpusieron recurso de casación la Defensora Pública Oficial “Ad-Hoc”, Dra. C.M.D. (fs. 517/528), el que fuera concedido a fs.

    582/583 y mantenido a fs. 602 y, atacando el punto dispositivo nro. 3, el Sr. Fiscal General R.M.F. -ver fs.

    541/546- el cual, si bien fuera concedido y luego mantenido en esta instancia (confr. fs. 582/583 y 601), se lo tuvo por desistido a fs. 606, luego de la presentación del Dr. J. De Luca, F. General ante esta Cámara de fs. 604/605.

    III. La Defensora Oficial encarriló sus agravios en ambos incisos del art. 456 del código de forma.

    Así, luego de fundamentar la procedencia del recurso y reseñar brevemente los antecedentes de la causa, indicó que la calificación legal agravada elegida por el Sr. Fiscal para sus pupilos resultaba inaplicable, dado que de conformidad con los dichos de los testigos se encontraba acreditado que el objeto secuestrado en autos carecía de poder intimidante y vulnerante,

    motivo por el cual la calificación que resultaba adecuada era la de robo simple (art. 164 y 42 del Código Penal).

    Al respecto, cuestionó que el Tribunal a quo haya 2

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    utilizado el concepto de arma consignado en el diccionario de la Real Academia Española, el cual admite que ésta puede ser tanto un objeto destinado a realizar un ataque como a defenderse, lo que a criterio de la defensa incluiría objetos que de ninguna manera podrían quedar amparados en la categoría (por ejemplo, un chaleco antibalas).

    Continuó con su crítica diciendo que durante la audiencia de debate, la víctima del hecho dejó en claro que en ningún momento pensó que los sujetos que la abordaron estuviesen armados, con lo que debía descartarse el poder intimidatorio del objeto que llevaban consigo.

    En tal dirección, indicó que la resistencia que G.J. había efectuado contra los condenados, reflejaba dicha circunstancia, la que además, resultó en que los condenados solamente se llevaran su billetera y le dejaran el morral que portaba.

    Asimismo, señaló que R.E.R., otro de los deponentes en juicio, no sólo no vio el objeto, sino que además no pudo reconocerlo al serle exhibido durante el debate, lo que evidenciaría que el eventual poder ofensivo intimidatorio del objeto no tuvo influencia alguna en la conclusión del hecho.

    Siguiendo con su crítica, la defensa consideró que si bien se había acreditado la ausencia de poder intimidante en el objeto utilizado, también se había hecho una errónea aplicación de la ley de fondo, dado que no podía encuadrarse su utilización dentro de los parámetros del art. 166 inc. 2 del Código Penal.

    Para ello, consideró que el Tribunal equiparó la cosa a un arma merced a una interpretación “in mala partem” del texto legal toda vez que se extendió dicho concepto a un objeto del que se no acreditó de manera efectiva su poder vulnerante.

    Subsidiariamente, solicitó la inconstitucionalidad del artículo 166 inc. 2º del Código Penal, puesto que a su entender,

    la cuarta de remolque de automóvil secuestrada y que fuera utilizada en el hecho no puede ser considerada arma en sentido estricto, sino más bien arma impropia, lo que sería contrario al principio de legalidad.

    En tal dirección, consideró que la incorporación de 3

    cualquier instrumento que incremente el poder ofensivo del autor, incluso mediante la utilización de objetos que no guardan dicho fin, resulta violatorio del principio de legalidad ya que de así haberlo querido, el legislador hubiese previsto la hipótesis concreta como lo hizo en el artículo 163 inciso 3º

    enumerando todos los posibles objetos con poder intimidante.

    Por otro lado, cuestionó la graduación de pena efectuada por el Tribunal respecto de E.A.V.G. y A.F.F..

    En ese sentido, consideró que la misma fue efectuada de manera infundada (violando los artículos 123 y 404 inc. 2º

    del C.P.P.N.) y a partir de una errónea aplicación de las disposiciones de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

    Concretamente, entendió la defensa que la valoración efectuada por el Tribunal respecto de ambos imputados llevaba a la conclusión que una proporción importante de cuestiones vinculadas al proceso de mensuración de la pena fueron, por lo menos, meros formulismos dogmáticos, que de ningún modo pueden ser catalogados como el resultado de un razonamiento lógico.

    Así, objetó la defensa que se utilizara dos veces la violencia ejercida por los imputados para agravar la sanción impuesta en violación al principio de non bis in idem.

    Del mismo modo, cuestionó que se hablara del rol que desplegó cada uno en el hecho, sin hacer diferencias entre la autoría y la participación y que no se detalló debidamente cómo fue valorado por parte del Tribunal la impresión que se tomó de los condenados durante la audiencia.

    En cuanto a la situación particular de cada uno de los condenados, la defensa señaló que F. tenía un ámbito de determinación de la culpabilidad notoriamente reducido, en tanto provenía de una familia con alta conflictividad, a lo que debía sumarse su compulsivo consumo de estupefacientes.

    Asimismo, señaló que V.G., al igual que F. fue condenado a tres años de prisión, lo cual excede el mínimo que prevé el tipo que el Tribunal tuvo por probado, a pesar de considerar que el delito no reviste gran entidad.

    CAUSA Nro. 14.534 -SALA IV-

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    Por otro lado, la defensa atacó el pronunciamiento al considerar que se realizó una doble valoración vedada al juzgador por el principio de ne bis in idem, puesto que los antecedentes de sus defendidos fueron valorados como pauta mensurativa en un aparente fundamento del modo de cumplimiento de sanción.

    Como último agravio, la recurrente cuestionó la unificación de penas efectuada respecto de A.F.F.,

    ya que a pesar de que el Tribunal sostuvo haber aplicado el método composicional, de la suma de ambas sanciones, se advierte que se realizó en realidad una suma aritmética, sin brindar los motivos de su decisión como lo manda el artículo 123 del C.P.P.N.

    Finalmente, hizo reserva del caso federal.

    IV. Que en la oportunidad que otorgan los arts. 465 y 466 del código adjetivo se presentó el Sr. Fiscal General Dr.

    J. De Luca, quién haciendo especial eje sobre los cuestionamientos al concepto de “arma”, solicitó el rechazo del recurso interpuesto por la defensa (ver fs. 604/605).

    Asimismo y tal como se consignó ut supra, desistió del recurso de su colega de grado.

    V. Que en la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., la señora Defensora Pública Oficial,

    Dra. M.G.F. presentó breves notas en las que reiteró y amplió los argumentos brindados por su colega de grado en orden a la calificación legal adoptada y la graduación de la pena -ver fs. 618/624 vta.-.

    Asimismo, se agravió por la aplicación del artículo 12 del Código Penal a su defendido F. por considerarla una “pena prohibida”.

    En ese sentido, indicó que la mencionada norma transgrede el principio de culpabilidad y por lo tanto, resulta vulneratoria de las...

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