Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 2 de Diciembre de 2002, expediente B 62984

PresidenteCafferata-Pérez Catella-Fleitas Ortiz de Rosas-Tedesco-Cappello-Servini-Condorelli-Sagues
Fecha de Resolución 2 de Diciembre de 2002
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de diciembre del año dos mil dos, habiéndose establecido conforme a lo dispuesto en el Ac. 2078 que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresCafferatta, P.C., F.O. de R., T., C., S., C. y S., se reúnen los señores Conjueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causaB 62.984, “S., Orlando s/ Amparo -Cuestión de Competencia art. 6 C.C.A.-“.

A N T E C E D E N T E S

I.-El señor O.S., Oficial Retirado del Servicio Penitenciario y beneficiario de Instituto de Previsión Social, por derecho propio y en su calidad de Presidente del “Centro de Jefes y Oficiales Retirados del Servicio Penitenciario”, interpone ante el Juzgado de Garantías nº 2 de La Plata acción de amparo contra la reducción de haberes dispuesta por la ley 12.727 y se disconforma con el pago de parte del beneficio previsional en Letras de Tesorería –patacones-, modalidad también contenida en la normativa de la ley 12.727.

Sostiene que el pago en patacones de parte del aguinaldo - correspondiente al primer semestre del año 2001- y la reducción hecha efectiva sobre los haberes del mes de julio 2001 vulneran el principio de irretroactividad de las leyes contenido en el art. 3 del Código Civil; señala que el principio de movilidad del monto del haber previsional se encuentra afectado con la aplicación de dicha ley y califica de confiscatorias las reducciones practicadas; con relación al sistema previsional, efectúa una valoración respecto a la recaudación, manejo y destino de los aportes de los afiliados. Funda su derecho en la normativa de los arts. 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 28 33 y normas inferiores conexas y concordantes.

  1. se abstenga el Instituto de Previsión Social de efectuar el pago de sus remuneraciones en bonos y se proceda a hacer efectiva la misma con dinero en efectivo, sin retención alguna a efectuarse en los términos de la ley 12.727; en oportunidad de ampliar la demanda, solicita le sea abonada “...la parte proporcional del sueldo anual complementario correspondiente a la primera cuota del mes de junio de 2001 y los haberes del mes de julio de 2001, en su totalidad en dinero en efectivo por no resultar ambas remuneraciones alcanzadas por las prescripciones establecidas en la ley 12.727...”. Requiere el dictado de la medida cautelar de no innovar en protección de sus derechos, que no reitera en oportunidad de ampliar la demanda (presentaciones de fs. 3/7 y 53/54).

    II.-De acuerdo a lo dispuesto por esta Suprema Corte de Justicia integrada por Conjueces con fecha 14 de agosto de 2001, el señor J. del trámite resolvió la elevación de la presente causa. Oportunamente, la actora consiente la integración del Tribunal y determinación de su competencia, amplía su presentación inicial y, como quedó dicho, no reitera la solicitud de la medida precautoria.

    III.-Requerido el informe circunstanciado previsto en el art. 10 de la ley 7166, a fs. 90/103 se presenta el señor Asesor General de Gobierno; se remite a la realizada en la causa B 62.937 cuya fotocopia aduna.

    En lo sustancial apoya la constitucionalidad de la ley cuestionada; sostiene que se encuentra dentro de las facultades del Poder Legislativo, órgano que en situaciones de crisis o de necesidad pública tiene facultades de adoptar medidas tendientes a salvaguardar intereses generales; afirma que no se configura violación al derecho de propiedad ya que se trata de una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar la crisis, prerrogativa constitucional que ha sido ejercida de modo razonable; con un exhaustivo análisis de la jurisprudencia aplicable, abona su postura.

    En torno a las Letras de Tesorería denominadas “patacón”, resalta que su emisión no ha pretendido asumir, por parte de la Provincia, facultades del Congreso de la Nación toda vez que no se trata de moneda de curso legal forzoso; que el Estado provincial se encuentra habilitado para su emisión en el decreto-ley 7764/71.

    IV.-A su turno, a fs. 104/118 se presenta el señor F. de Estado quien delimita las cuestiones a tratar en el presente ya que, a su entender, el actor trae a consideración cuestiones ajenas a lo normado por la ley 12.727, ello relativas a las modalidades generales de la liquidación y monto de sus haberes previsionales. Aclarado dicho punto, sostiene la improcedencia de la acción de amparo a la luz de la ausencia que se registra en el sub-lite, de acto manifiestamente ilegal o arbitrario frente a la validez presuntiva de los actos de autoridad pública; efectúa un pormenorizado análisis de las atribuciones que con relación al manejo de los fondos públicos le competen al Poder Legislativo, y al Poder Ejecutivo, facultades que se derivan de la normativa legal vigente.

    Desde otra perspectiva, sostiene que si bien el actor no cuestiona la constitucionalidad de la normativa de la ley 12.727, resulta conveniente señalar que se trata de una ley intrafederal, de claro contenido constitucional y hace hincapié en que no se ha logrado demostrar en autos la efectiva existencia de una manifiesta ilegalidad y/o arbitrariedad en el contenido de dicha ley 12.727, norma que basa su esencia en la grave situación de crisis que ha puesto en peligro la paz social y que declara en estado de emergencia administrativa, económica y financiera al Estado provincial.

    Ante lo manifestado por el actor en el sentido de que la quita y el pago en Letras de Tesorería lesiona sus derechos constitucionales, puntualiza el Señor F. de Estado que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la validez de ciertas restricciones a las garantías individuales, en salvaguarda de la seguridad general. Funda su posición en lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha reconocido reiteradamente la plena legitimidad constitucional de la suspensión o limitación temporaria de derechos fundamentales, en particular el de propiedad. Reitera la falta de fundamentación de la presentación en análisis.

    Puntualiza que en el sistema constitucional argentino no existen derechos absolutos y todos están subordinados a las leyes que reglamentan su ejercicio; enfatiza que la ley 12.727 es una ley razonable que centra su contenido en igual tratamiento de aquellos que se hallan en igual situación salarial. Lo justo en la emergencia, no es sinónimo de intangible

    V.-Al no advertirse la existencia de hechos controvertidos, se considera innecesaria la apertura y producción de prueba.

    VI.-Habiendo tomado intervención el señor P. General y encontrándose la causa en estado de ser resuelta, corresponde plantear la siguiente

    CUESTION

    ¿Es fundada la demanda?

    VOTACION

    A la cuestión planteada el S.C.D.C. dijo:

    I.-En autos no se encuentra controvertida la legitimación invocada en cuanto a la condición del aquí actor en su calidad de Presidente del Centro de Jefes y Oficiales Retirados del Servicio Penitenciario –actas glosadas a fs. 15/24-. En efecto, no existen reparos del F. de Estado ni tampoco del Asesor General de Gobierno.

    Por lo demás resulta del caso recordar que este Tribunal tuvo oportunidad de analizar exhaustivamente y resolver afirmativamente la cuestión concerniente a la legitimación colectiva en la causa B 62.986 “Q., T....” sentencia del 5-XII-2001, a la que por razones de economía procesal me remito.

    II.-Como quedara expuesto en los antecedentes, el accionante pretende se deje sin efecto la reducción de los haberes previsionales y el pago de parte de los mismos en Letras de Tesorería –patacones- ello de acuerdo a la normativa de la ley 12.727 (arts. 9, 15 y planilla anexa); asimismo, denuncia la aplicación retroactiva de dicho cuerpo legal con relación a la parte proporcional del sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del año 2001 y a los haberes del mes de julio del mismo año.

    III.-Al respecto, y sin perjuicio del análisis que efectuaré seguidamente, anticipo mi criterio contrario a la atendibilidad sustancial de la demanda y me remito a los argumentos que sostuviera en oportunidad de conformar la mayoría al dictar sentencia en las causas B 62.974 “Asociación de Maestros...”, sentencia del 10-IV-02; B 63.172 “Lovaiza de S....” y B 63.171 “Bucca...” ambas del 18-VII-02, entre otras, al tratar pretensiones equivalentes a las que se ventilan en la presente causa y cuyos fundamentos resultan de entera aplicación.

    III.-Con relación al presente, efectuaré las siguientes consideraciones.

    III-A.1.-La emergencia económica, tiene su origen en la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica, partiendo del conocido fallo dictado por el J.M. en los autos “Home Building and Loan c/ Blaisdel”. A su vez la Corte Suprema Nacional la ha aceptado, entre otros, en conocidos fallos “Hileret”, (Fallos: 98:20), su recepción definitiva con “Avico c/ De La Pesa”, (Fallos: 172:21) y “E. c/ L. de Renshaw”; (Fallos: 136:161), la ampliación de sus límites y contornos durante la década del 90 “P., (Fallos: 313:1513), “V.C.” (Fallos: 313:1638, y “Guida” (Fallos: 323:1566), hasta llegar al abrupto final del 1º de febrero de 2002 con “Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: “S., C.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo” . Y recientemente, en la sentencia “T., Leonidas c/ Ejecutivo Nacional- Ministerio de Defensa- Contaduría General del Ejército- Ley 25.453 s/ amparo”.

    Esta misma Corte ha reconocido la validez de las normas dictadas con la emergencia económica en los fallos dictados en las causas B 62.986 “Q....” sent. del 5-XII-01 y B 62.974 “Asociación de Maestros...”, sent. del 10-IV-02, con extensos argumentos.

    III-A.2.-La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sentencia del 22 de agosto 2002, dictada en los autos: “T., Leonidas c/ Ejecutivo Nacional- Ministerio de Defensa- Contaduría General del Ejército- Ley 25.453 s/ amparo” T. 348 XXXVIII, recordó que “en la causa GUIDA (Fallos: 323:1566) se pronunció acerca de la...

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