Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 14 de Julio de 2010, expediente C 91034

PresidenteSoria-Negri-Genoud-de Lázzari
Fecha de Resolución14 de Julio de 2010
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de julio de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,N.,G.,de L., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 91.034, "Santos, E.C. contra M., L.B. y otros. Cobro ejecutivo de alquileres".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro, S.I., confirmó la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título respecto del fiador y mandó a llevar adelante la ejecución de los cánones locativos reclamados hasta la notificación de la demanda de desalojo, previa pesificación por aplicación de la ley 25.562 y los decretos 214/2002 y 320/2002 (fs. 620/624).

El actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 635/648 vta.).

Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

1. La Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala II, confirmó (i) la procedencia de la excepción de inhabilidad de título respecto del señor R., quien fuera demandado en carácter de fiador; (ii) el rechazo de la ejecución por los períodos posteriores a la notificación de la demanda por desalojo y (iii) la pesificación de la obligación al valor de U$S 1 = $1.

Con respecto a la primera cuestión, el tribunal tuvo en cuenta que los períodos locativos reclamados fueron devengados con posterioridad al vencimiento del plazo de locación convenido entre las partes. La alzada entendió que no medió consentimiento del fiador para la continuación de la locación en los términos del art. 1622 del Código Civil. Por ello, la Cámara adujo que la obligación del fiador no podía ser extendida más allá de la expresamente asumida por este último, aún cuando él se hubiera obligado en carácter de deudor solidario liso, llano y principal pagador.

El tribunal fundó su decisión en la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación en los autos "R.H., L. c/G.A.C. y otros", fallada el 29 de abril de 1997. Asimismo destacó que esa doctrina es receptada actualmente en el art. 1582 bis del Código Civil (modif. por ley 25.628).

Con respecto a la segunda cuestión, la alzada sostuvo que los arts. 1578 y 1581 del Código citado y el art. 521 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial no son aplicables si el contrato de locación se encuentra vencido y el locador reclamó la devolución del inmueble. Agregó que ante esa petición del locador, sólo pueden reclamarse los eventuales daños e intereses que prevé el art. 1609 del Código Civil. Consideró que el juez tiene facultades para examinar cuidadosamente el título en los términos del art. 529 del Código de forma, por lo que corresponde que de oficio declare su improcedencia.

Por último, la Cámara entendió que el planteo de inconstitucionalidad de las normas de pesificación no fue debidamente argumentado por el actor, por lo que debía ser rechazado. Asimismo, confirmó la pesificación de la deuda en los términos del fallo plenario "Z. c/ V. s/ cobro de alquileres".

  1. El actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, invocando la violación de la ley y la doctrina legal, así como el vicio del absurdo.

    Sostuvo que no consintió la prórroga del contrato de locación luego de su vencimiento, aún cuando hubiera continuado percibiendo los cánones locativos con posterioridad a dicha fecha. Manifestó que, al vencimiento del contrato, requirió al locatario y al fiador la devolución del inmueble en forma verbal, como es la "forma de actuar del hombre común", que fue desconocida por el tribunal apelado.

    Agregó que el locador dejó de abonar el canon de locación en marzo de 1995. Afirmó que ante tal situación reclamó verbalmente el pago y la restitución al locador y al fiador e inició la demanda de cobro de alquileres. Destacó que no inició demanda de desalojo por los elevados costos judiciales. Alegó que el fiador tenía conocimiento de la falta de pago de los cánones locativos y de la falta de restitución del inmueble desde entonces.

    Puntualizó que las normas sobre la fianza no son aplicables dado...

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