Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 22 de Junio de 2011, expediente 5.287/03

Fecha de Resolución22 de Junio de 2011

Poder Judicial de la Nación “SANCHEZ, RONALDO GUZMAN C/ MOUSSA ZOUGHOUT Y CIA. S.A. S/

ORDINARIO”.

N° 5.287/03 - JUZG. Nº 17, SEC. Nº 34 - 13-15-14

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio del año dos mil once reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por:

SANCHEZ, RONALDO GUZMAN C/ MOUSSA ZOUGHOUT Y CIA. S.A. S/

ORDINARIO

, en los que según el sorteo practicado votan sucesivamente los doctores Á.O.S., M.F.B.

y B.B.C.F..

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada USO OFICIAL

de fs. 256/66?

El Señor Juez de Cámara, doctor Sala dice:

I. En la sentencia de primera instancia de fs.

256/66 -a cuyos resultandos me remito en orden a la reseña de la cuestión litigiosa-, se admitió la demanda por consignación iniciada por SANCHEZ, R.G. contra MOUSSA ZOUGHOUT Y CIA. S.A.

II. Para fallar en el sentido indicado, el J. a quo, consideró acreditada una oferta de pago real,

seria y completa del actor cuyo rechazo evidenció la mora del accipiens, habilitante de la consignación judicial.

Alegó la falta de controversia en torno al monto nominal de la deuda, resultante de la sumatoria de los cuatro cheques denunciados en la demanda y que a su vez la defendida reclamó en juicio ejecutivo, que ascienden a $

23.148,67.

Destacó que la importante crisis económica y financiera nacional ocurrida en la época de vencimiento de los cartulares –febrero y marzo de 2002- afectó a la mayoría de las operaciones financieras y provocó el dictado de diversas medidas tendientes a la flexibilización del pago de los cheques, tal como la Com. A 3462 del 07.02.02 del BCRA,

que admitía la segunda presentación al cobro dentro de los treinta días corridos.

Juzgó que la referida voluntad de pago real,

seria y completa de la accionante deudora encuentra sustento en la carta documento del 9-12-02 (fs.20) reconocida por la defendida y concordante con la restante prueba testimonial:

declaración de G., encargado de la negociación con la demandada –fs. 200/1- y de M. –fs. 231/2-.

Agregó, que el depósito de fs. 25 fue completo en cuanto al objeto debido (CCiv. 758), en tanto fue comprensivo del capital más intereses a la tasa activa que percibe el BNA para sus operaciones de descuento a 30 días,

sin capitalizar, hasta la fecha de la mediación.

Finalmente, rechazó el pedido de sanciones,

con fundamento en que la facultad conferida por el CPr., 45

debe ser ejercida prudentemente para evitar el menoscabo al principio de defensa en juicio, dado su carácter excepcional y de aplicación restrictiva. Entonces, apreció el Sentenciante de la anterior instancia que la conducta de la demandada no quedó comprendida en la norma en análisis,

máxime la época de crisis en que se encontraba el país.

III. Contra del pronunciamiento apeló la demandada, quien expresó agravios el 19.02.08 (fs. 281/7),

replicados por el actor a fs.291/3.

A fs. 283 el accionante desistió de la apelación interpuesta a fs. 267.

IV. Funda su recurso la demandada y solicita la nulidad de la sentencia de primer grado por haber sido dictada encontrándose pendiente el pronunciamiento penal en la querella iniciada por “M.” contra el actor por infracción al art. 302 C.Penal (cfr. C.. 1101).

Poder Judicial de la Nación A su vez, agravia a la accionada que el pronunciamiento en crisis considerara incontrovertida la deuda nominal, omitiendo valorar la mora del deudor y el plazo de tres años entre el vencimiento de los cheques y fecha de consignación.

En síntesis, “M.” insta la revocación de la sentencia apelada, con fundamento en la ausencia de prueba suficiente acerca del interés del actor moroso en saldar la deuda, siendo que la consignación fue iniciada con posterioridad al inicio de dos juicios en los que se le reclamó la cancelación –el ejecutivo y el penal- e incluso se le negó la posibilidad de retirar el dinero aquí depositado.

Agrega, que la normativa invocada por el Juez USO OFICIAL

a quo dictada por el BCRA el 7-02-02 resulta inaplicable en el sub-lite ya que preveía la posibilidad de una segunda presentación de cheques al cobro y, en este caso la cuenta había sido cerrada por decisión de los actores el 30-01-02 -

lo que generó el inicio de la acción penal-.

V.H. nuevo. A fs. 372/3 se admitió el hecho nuevo denunciado por la accionada a fs. 330/1,

consistente en la resolución dictada el 18-6-08, en la mencionada querella en trámite ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3.

Allí, se dispuso la suspensión del juicio, a requerimiento de los imputados, mediante el ofrecimiento de la dación en pago de la suma aquí consignada en concepto de reparación y la realización de tareas comunitarias.

Ello, derivó en una nueva controversia entre las partes. La acreedora proclama que el pago fue en concepto de reparación del daño penal, por lo que es independiente a la acción comercial. Entonces, al disponerse de las sumas depositadas para cumplir con lo ofertado en el expediente criminal, ésta perdió su objeto, manteniendo únicamente virtualidad la acción ejecutiva acumulada. El actor resiste esta interpretación según los argumentos que vertió a fs.

335/336.

VI. Estrictas razones de orden lógico imponen atender preliminarmente el planteo de nulidad introducido por la emplazada en su expresión de agravios.

Hay uniformidad en el sentido de que para la aplicación del instituto de prejudicialidad es necesario que ambas acciones -la civil y la penal- nazcan del mismo hecho (cfr. B. -dir.-, “Código Civil...”, t. 5, pág. 299).

Su finalidad, como menciona la recurrente, es evitar el escándalo que significaría el dictado de sentencias contradictorias.

Esa esencial característica, empero, no concurre en el caso. La presente demanda civil se encauza al pago en consignación de la deuda que mantenía el actor por el rechazo de los cuatro cheques librados con el objeto de cancelar el precio de cierta compraventa de mercadería. De su lado la querella penal tendería a comprobar la tipificación del delito de frustración maliciosa del pago de un cheque por quien lo hubiera librado (art. 302 inc. 3ero. C.. Penal) por el cierre voluntario de la cuenta corriente antes del vencimiento de los documentos.

La circunstancia de que tales valores hubiesen sido ponderados en ambas causas, no significa que concurra una identidad de objeto ni la eventual conformación de sentencias incompatibles. Mientras que en este expediente se analiza si el deudor tuvo la intención real, concreta y completa de cancelar la deuda, en el penal se indaga si la conducta de los accionantes encuadra en el tipo penal apuntado.

En suma, la finalidad del sub-examine (idoneidad de una consignación) no podía verse afectada por la absolución o condena criminal que tenía otro objetivo, de Poder Judicial de la Nación manera que no había prejudicialidad con los alcances previstos en los arts. 1101 a 1103 del C.. Civil.

La solución referida queda definitivamente concluida cuando se examina, luego, el tema de la probation otorgada. Es que tal instituto permite la suspensión del juicio penal a prueba sometido a las condiciones que establece el ordenamiento positivo.

En el caso se hizo lugar a la suspensión según decisorio del 18-7-08 que en fotocopia obra a fs. 345/353 del Tribunal Oral actuante. Esta S. admitió como hecho nuevo tal evento (fs. 272/273).

Ello conlleva implícito que no habrá fallo en tal causa y diluye cualquier perspectiva de sentencias USO OFICIAL

contrapuestas, dado que solo existirá una: la que se pronuncie en la especie. Situación que además tiene expresa base normativa en el art. 76 quater del Código Penal (incorporado por el artículo 5 de la ley 24.316) donde estatuye que: “… la suspensión del juicio a prueba hará

inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código Civil…

.

Por consiguiente la nulidad en examen es inaceptable merced a la probation dictada en jurisdicción criminal.

VII.1º) El hecho nuevo admitido, a fs.

372/373, generó debate en torno a los efectos que debe atribuirse a la dación en pago de los importes consignados luego de dispuesta la suspensión del sumario penal a prueba.

Para aportar claridad al análisis juzgo oportuno detallar las diversas causas existentes entre las partes –además del presente jucio-.

(1) M.Z. y Cia. S.A., con apoderado, reclamó ejecutivamente por presentación materializada en Cámara Comercial el 27.12.02

(Juzg.Com.23.S. 230) el cobro de los cuatro cheques objeto de la consignación referida infra, contra G.O.S. Y R.G.S.. Obra acumulado a la presente consignación y donde se acogió la defensa de litispendencia.

(2) E.J.Z., como apoderado de la empresa M.Z. y Cia. S.A., denunció el 14-6-02 a G.O.S. y R.G.S. por el delito previsto en el art. 302, inc. 3ero., del C.. Penal.

Describió que entre Agosto y Octubre del 2001 le vendió

mercadería a los denunciados quienes en contraprestación le proporcionaron cuatro cheques de pago diferido por $

23.148,68 (que son los que originaron la consignación y la ejecución). Al vencimiento no pudo percibirlos debido al cierre de la cuenta corriente por sus titulares. Así comenzó

el expediente: “S., G.O.G. y S.R. s/ infracción art. 302 “ (861/2002). Elevada la causa a juicio intervino el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº3. El 3-06-08 se suspendió el juicio a prueba (fs. 723 a 735 que en fotocopia tengo a la vista). Celebrada el mismo día la audiencia al efecto (fs.737/738) se otorgó el beneficio por decreto de fs. 752/759.

  1. ) En la especie, el 17-2-03 R.G.S. -mediante su apoderada- consignó la suma de $

    23.148,67 (boleta deposito a fs. 26) correspondiente a cuatro cheques (identificados a fs. 26 vta). Complementó el capital con $ 11.754,51 por intereses calculados a tasa activa, a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el rechazo de cada título hasta la fecha de mediación del 05-02-03. Oportunidad en la que trató de cancelar la deuda, sin éxito por ausencia de su contraparte, mediante entrega de un cheque certificado del...

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