SANCHEZ, CLAUDIA MARCELA c/ AFIP s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

• Número de expediente: FBB 010844/2020
• Fecha: 26 Octubre 2021
• Número de registro: 684

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 10844/2020/CA1 – S.I.–.S.. 2

Bahía Blanca, 26 de octubre de 2021.

VISTO: El expediente nro. FBB 10844/2020/CA1, caratulado: “SANCHEZ, Claudia

Marcela c/ AFIP s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”, venido del

Juzgado Federal nro. 1 de Bahía Blanca, puesto al acuerdo para resolver el recurso de

apelación interpuesto a f. 76 contra la sentencia de fs. 71/75.

El señor J. de Cámara, doctor P.E.L., dijo:

1. El Sr. J. de grado hizo lugar a la acción entablada por el

actor, y declaró la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) y cctes. de la Ley 20.628 de

Impuesto a las Ganancias (actual art. 82 inc. “c”, t.o. según Decreto N° 824/2019) y

ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos que hasta tanto el Congreso

de la Nación legisle sobre el punto, se abstenga de descontar suma alguna por

impuesto a las ganancias sobre el haber previsional de la actora.

Asimismo, condenó a la demandada a reintegrarle las sumas

retenidas por tal concepto a partir de la interposición de la demanda y hasta su efectivo

pago, con más los intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA,

desde que cada suma fue debida y hasta el momento del efectivo pago, e impuso las

costas por su orden (fs. 71/75).

2. La parte demandada interpuso recurso de apelación a f. 76

solicitando que se revoque el decisorio en cuestión con expresa imposición de costas a

la parte actora, y presentó la expresión de agravios a fs. 78/90.

En síntesis, sostuvo que,

1. la sentencia, al condenar a su representada a abstenerse de

   descontar suma alguna por el impuesto cuestionado, ha soslayado el hecho que el

   objeto de la pretensión, atento la naturaleza de la acción, se encuentra limitado pura y

   exclusivamente a una declaración de inconstitucionalidad, es decir, de certeza y no de

   condena.

2. que las normas jurídicas cuestionadas en estos actuados

   superan el control de constitucionalidad propuesto en demanda, habiéndose respetado

   los principios de legalidad y no confiscatoriedad que rigen en la materia tributaria. Y

   que, la obligación tributaria cuestionada encuentra su origen en una ley dictada por

   Congreso de la Nación, en consonancia con el principio de legalidad que rige en

   materia tributaria conforme los artículos 4° y 17 de la Constitución Nacional;

   Fecha de firma: 26/10/2021

   Firmado por: M.A.S., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

   35182440#306501734#20211026095442565

   Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 10844/2020/CA1 – S.I.–.S.. 2

3. que resulta desacertado el argumento esgrimido en torno al

   artículo 14 bis de la Carta Magna, habida cuenta que la tutela allí prevista no implica

   la imposibilidad de gravar los haberes jubilatorios mediante el Impuesto a las

   Ganancias, sino que hace referencia a la universalidad de prestaciones de las que la

   Seguridad Social se encarga. La integridad de las prestaciones de la Seguridad Social,

   en forma alguna alude a la intangibilidad del monto del haber previsional, sino que

   refiere a la cobertura global de esas prestaciones;

4. tampoco se violenta el principio de no confiscatoriedad que

   surge del análisis de la norma constitucional –en particular del artículo 17– al

   garantizar el derecho a la propiedad del cual nadie puede ser privado sin sentencia

   USO OFICIAL

   fundada en ley;

5. en relación al fallo “G., manifestaron que la Corte puso

   especial consideración sobre las condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o

   enfermedad de jubilados, y que la a quo asimila sin mayor análisis la situación

   personal de los accionantes al caso particular de G., y que resulta evidente que los

   actores no han invocado ni comprobado que se encuentran comprendidos en la

   situación de vulnerabilidad analizada por el máximo tribunal. Que, de ser admitida la

   pretensión de la actora, obtendría una situación de privilegio respecto del resto de los

   sujetos pasivos que afrontan el impuesto;

6. sostuvieron que, de la consulta efectuada al sistema

   informático eFisco de esta Repartición, surge que las retenciones sufridas por la

   actora no alcanzan los guarismos del precedente “GARCÍA”, donde las retenciones

   consideradas por la Corte oscilaban entre el 29,33% y el 31,94% del ingreso del

   demandante, por lo que la situación de los actores se diferencia claramente del

   precedente “GARCÍA”.

7. que la doctrina del “leal acatamiento” en la que se asienta el

   fallo recurrido, no ha sido correctamente aplicada, en tanto no se tratan de precedentes

   análogos;

8. que más allá de lo dicho en torno a la constitucionalidad del

   tributo y a la inaplicabilidad del precedente “GARCIA” al caso señaló que la sanción

   de la Ley N° 27.617 sella la suerte de cualquier subsunción de la pretensión de

   demanda a dicho precedente y sus posteriores.

   Fecha de firma: 26/10/2021

   Firmado por: M.A.S., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

   35182440#306501734#20211026095442565

   Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 10844/2020/CA1 – S.I.–.S.. 2

9. de manera subsidiaria, indicaron que, en caso de confirmarse

   la sentencia apelada, deberá instarse la correspondiente acción de repetición de

   impuestos en sede administrativa ya que resulta improcedente la condena a la

   devolución del impuesto pretendidamente abonado por la actora, sin concurrir

   previamente a la Administración, pues ése resulta el ámbito propicio para el análisis

   completo del caso.

   Por último, sostuvieron que la tasa de interés aplicable comienza

   a correr desde el momento del reclamo (cf. art. 179 de la ley 11.683, y que, a

   diferencia de lo dispuesto por el juez a quo, dicha tasa se encuentra legalmente

   determinada en la Resolución 598/2019APNMHA.

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   3. Efectuado el traslado del memorial de agravios, la parte

   actora contestó a fs. 92/93.

   4. Previo a ingresar en el tratamiento de los agravios, cabe dejar

   sentado, que la actora solicita se declare la inconstitucionalidad de los arts. 23 inc. c),

   79 inc. c), 81 y 90 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias art. 79 inc. “c” de la

   ley 20.628, esto es, el cese en la retención y oportunamente la devolución de las sumas

   descontadas inconstitucionalmente.

   Funda su petición en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de

   la Nación “G.” y “V., R.N., por entender que las mencionadas

   normas lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad

   manifiesta los derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional y los

   instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ocasionando una lesión y un

   perjuicio actual contra la integralidad del haber previsional.

   Por su parte, los apoderados de la demandada, sostienen que la

   actora solicita la declaración de la inconstitucionalidad de la ley al impuesto a las

   ganancias, basando su reclamo únicamente en la cita del precedente “G..

   Aducen que el mencionado fallo no resulta aplicable al caso en

   examen, atento a que las circunstancias personales de la Sra. G. tenidas en

   consideración por la Corte para decidir en la forma que lo hizo difieren a las del

   reclamante.

   Concluyeron que la exclusión del actor del régimen general

   violaría principios de igualdad ante la ley y de proporcionalidad de las cargas publicas

   Fecha de firma: 26/10/2021

   Firmado por: M.A.S., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

   35182440#306501734#20211026095442565

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   establecidas en los arts. 4 y 16 de la Constitución Nacional, para todos los

   contribuyentes que se encuentran en la misma situación fiscal.

   5. En primer término, cabe dejar sentado que el art. 14 bis de

   nuestra carta magna establece que los beneficios de la Seguridad Social tendrán

   carácter integral e irrenunciable.

   El Estado tiene la obligación de mantener el principio de

   progresividad a los derechos de la población pasiva, y velar por la integralidad de los

   haberes, criterio que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

   precedente “S., M. del Carmen c/ANSES s/ Reajustes Varios” (Fallos:

   328:1602), en el cual estableció que “Los tratados internacionales vigentes, lejos de

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   limitar o condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas las medidas

   necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los derechos humanos,

   compromiso que debe ser inscripto, además, dentro de las amplias facultades

   legislativas otorgadas por el art. 75, inc. 23, de la Ley Fundamental, reformada en

   1994, con el fin de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los

   derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos…” y remarcó:

   Que la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de

   pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que

   reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios de la seguridad social y de la íntima

   vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de

   naturaleza previsional, que son financiadas primordialmente con los aportes

   efectuados durante el servicio. Los derechos a una retribución justa y a un salario

   mínimo vital y móvil dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación,

   asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida digna encuentran su correlato en las

   jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a los trabajadores

   cuando entran en pasividad…

   .

   6. Entrando a resolver, resulta dable aclarar que, a mi modo de

   ver, y conforme lo sostuve en precedentes análogos, tal como lo manifestó el J. en

   la sentencia apelada, la aplicación al caso del precedente en cuestión (Fallo “G.”)

   no se ve modificada ante la sanción de la nueva ley 27.617 ya que, si bien ésta

   introduce ciertas modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias (como lo es,

   entre otras, la elevación de las deducciones de los...