Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 11 de Noviembre de 2022, expediente CSS 042462/2017/CA001

Fecha de Resolución11 de Noviembre de 2022
EmisorCamara Federal de la Seguridad Social - Sala 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA Nº 42462/2017 Sentencia Definitiva En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos “SAN M.J.B. c/ ADMINISTRACION

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL s/PENSIONES”, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR J.A.F.A. DIJO:

El actor apela la sentencia de grado que rechaza la demanda iniciada por el Sr.

J.B.S.M.. A. contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, solicitando el beneficio de pensión derivada por el fallecimiento del Sr. H.C.M.L., con quien, sostuvo, mantuvo una convivencia desde el año 1973 hasta su fallecimiento.

El organismo previsional se opone a la pretensión de su contraria, toda vez que entiende no se acreditó la convivencia durante el plazo de cinco años que exige la ley, en los términos del art. 53 de la ley 24.241 y su DR Nº 1290/94.

La Sra. jueza “a quo”, hizo referencia a lo dispuesto por el art. 53 de la ley 24.241 y el D.R. Nº 1290/94.

Analizó la prueba producida y especialmente trató de determinar si el actor y el Sr. M.L., convivieron en el domicilio de la calle Charcas 3272 Piso 2 E,

C.A.B.A., durante los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento, es decir entre el 11.1.2008 y el 11.1.2013, considerando que el domicilio registrado del actor a la fecha del fallecimiento del de cujus estaba ubicado en la calle Montevideo 580 Piso 3

de esta Ciudad, mientras que el causante tenía su domicilio en Charcas 3272 Piso 2 E.

Señaló que la información sumaria de convivencia Nº 617 realizada luego del fallecimiento del Sr. M.L., ante la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con fecha 6.10.2015, debía ser corroborada con otra prueba suficiente, conforme lo exige la reglamentación del art. 53 de la ley 24.241, D.R. 12290/1994.

Agregó que la copia del Documento Nacional de Identidad del actor sería evaluada cotejándola con el resto de la prueba obrante en la causa, toda vez que la emisión de dicho documento lo fue con posterioridad al deceso, de manera que Fecha de firma: 11/11/2022

Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.M.D., SECRETARIA DE CÁMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

tampoco resultaba hábil para probar los hechos pasados de la convivencia con el causante, en la extensión temporal legalmente requerida.

Si bien el actor poseía una extensión de la tarjeta de crédito VISA de titularidad del causante, emitida por el Banco B.B.V.A. Francés, dicha circunstancia,

a modo de ver de la jueza de grado, no resultó demostrativa per se de la existencia de la convivencia invocada.

Evaluó que de la A.D.P. del actor, de los formularios que debió completar en sede administrativa al solicitar el beneficio de pensión, de la información sumaria, de su documento nacional de identidad, surgía que con posterioridad al deceso del Sr.

M.L., el domicilio del Sr. S.M. fue el de la calle Charcas 3272 piso 2 E,

de esta Ciudad, pero la controversia a los fines pretendidos consistía en determinar el mismo durante los cinco años anteriores al deceso del causante, de modo que tampoco dicha documental resultó suficiente para acreditar la unión de hecho invocada por el actor.

Tampoco resultó de relevancia que el actor hubiere sido el apoderado previsional del Sr. M.L.. Sostuvo que tal circunstancia no es una prueba suficiente de la singularidad de la unión convivencial invocada. Tampoco acuordó

carácter de prueba eficaz al hecho que el actor se hiciera cargo de los trámites del sepelio del causante, toda vez que también surgía de dicha documental que el domicilio del actor a la fecha del deceso del Sr. M.L., era el de Montevideo 580.

En relación con el testamento que realizara el causante a favor del actor, con fecha 10 de octubre de 2002, consideró que podría ser demostrativo de la gran estima,

afecto, cariño y amistad que los vinculaba e incluso de la relación sentimental que los uniera, pero no resultaba demostrativo de la convivencia que supuestamente los uniera. Por el contrario, del testamento en cuestión, indicó que surgía que el domicilio del causante era en Charcas 3272 Piso 2 E, de esta Ciudad, mientras que el del actor lo era en Montevideo 580 Piso 3, de la misma ciudad. Asimismo, la declaración testimonial en sede administrativa prestada por la Sra. E.B.C., quien declaró haber prestado servicio doméstico en el domicilio de Charcas 3272 2 E y que el causante y el actor, convivían en dicho domicilio, debía ser analizada en conjunto con el resto de la prueba producida en autos, al igual que las declaraciones testimoniales rendidas en autos a fs. 62 y 63 por los Sres. L.M.E. y L.A.R., tal como lo prevé el Decreto 1290/1994.

En síntesis, consideró la jueza “a quo” que la prueba ofrecida y producida en la causa no resultó válida a efectos de demostrar la duración de la convivencia por el Fecha de firma: 11/11/2022

Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.M.D., SECRETARIA DE CÁMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

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espacio de cinco años exigido por la normativa. Refirió diversa jurisprudencia habida en la materia en apoyo de su criterio.

Contra ello se alza el apelante.

Invoca lo dispuesto por el decreto 1290/94, reglamentario entre otros, del artículo 53 de la ley 24.241, en cuanto a la prueba y hace hincapié en las condiciones de excepcionalidad que prevé dicha normativa, para evaluar las pruebas aportadas en autos.

Señala que la jueza de grado no tuvo en cuenta que el actor es un señor mayor que se desempeñaba como docente al igual que su conviviente fallecido, también varón y que justamente las condiciones socio-culturales de aquella época no admitía e incluso repudiaba este tipo de relación convivencial de dos personas del mismo sexo,

máxime tratándose de docentes una profesión de relación directa con adolescentes,

razones que resultan más que suficientes para guardar el mayor recato.

Refiere a las Reglas de Brasilia y la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.

Cuestiona los argumentos de la juzgadora, analizando a su vez la prueba ofrecida para justificar la convivencia. Niega la trascendencia de los domicilios que indican los DNI y ratifica que su lugar común era el de Charcas 3272 2do. E, como lo evidencia la prueba testimonial (declaraciones del Sr. L. y de las señoras L. y Castañeda).

Reseña la prueba aportada: documental de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas G.C.B.A.; Información Sumaria 617 de fecha 06/10/2015 que acredita la convivencia desde 1972 hasta el fallecimiento del causante; ticket del...

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