Sentencia de Sala A, 7 de Marzo de 2012, expediente 4.192-P

Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 2012
Emisor:Sala A
 
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Poder Judicial de la Nación N° 33/I Rosario, 7 de marzo de 2012.

Visto, en Acuerdo de la Sala "A" el expediente Nº 4192P de entrada, caratulado: “S.M., E.M. s/ Incidente de Nulidad en autos ‘Ponce’ (Expte. ppal.

225/10B)” (E.. 263/10 B del Juzgado Federal Nº 3 de esta ciudad).

El Dr. F.L.B. dijo:

Vienen los autos a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial (fs. 7/9 y vta.), contra la Resolución Nº 476/11 (fs. 5/6 y vta.) dictada por el J. a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de esta ciudad.

Por dicho pronunciamiento el J. a quo rechazó el planteo de nulidad del acta de procedimiento obrante a fs. 8/10 del principal, interpuesto por esa defensa.

Al motivar la apelación la recurrente se agravió por cuanto el J. ha efectuado un mero relato de la sucesión de los hechos, con afirmaciones que en el caso de su defendida contradicen la esencia de lo que debiera ser el correcto proceder del personal policial, que a su criterio ha quedado convalidado únicamente por los resultados, dado que por el notorio apartamiento de las exigencias normativas en que incurrieron los policías se causó un perjuicio concreto a la situación de su asistida, que no es posible sanear. Expresó que dado que el vicio se produjo en el acto inicial del sumario,

con la demora, requisa, secuestro de droga y posterior detención, el proceso tiene un origen ilegítimo que incluye la posterior declaración indagatoria, y el allanamiento del domicilio de San Martín, correspondiendo invalidar la totalidad de lo actuado a su respecto en el expediente. Destacó que el procedimiento se produjo cuando supuestamente “cinco masculinos al parecer mayores”, estaban desarrollando una conducta disvaliosa, y que entre ellos no se encontraba su pupila, quien arribó al lugar con posterioridad tal como se encuentra probado y así lo explicó al ser indagada, quien también aclaró que la droga era para su consumo personal y que no estaba en una riñonera, tal como lo aseveró la policía, sino en uno de los bolsillos de su pantalón. También señaló que si al producirse los hechos había un grupo de personas amedrentando al personal policial por qué motivo no se demoró y requisó a todos ellos y no únicamente a S.M.. En definitiva postuló que se declare la nulidad del procedimiento por haberse vulnerado garantías constitucionales.

Elevados los autos (fs. 13), se dispuso la intervención de la Sala "A"; manteniendo el recurso interpuesto el Defensor Público Oficial, renunciando a la audiencia prevista por el artículo 454 del CPPN y remitiéndose a lo expuesto en el escrito de apelación (cfr. fs. 16).

Habiéndose dispuesto el pase de las actuaciones al Acuerdo a fs. 19, queda la causa en estado de resolver.

Y considerando que:

  1. - Para resolver la cuestión traída a consideración del tribunal, han de merituarse, en primer término, las circunstancias que determinaron al personal policial a detener a S.M. (acta de fs. 8/10 del ppal.

    225/10B acompañado en fotocopias) y si de acuerdo a las constancias obrantes en la causa existieron los motivos de sospecha justificantes del proceder de la prevención policial.

    El ordenamiento procesal marca que para requisar deben concurrir circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar la medida y que la autorización legal para que la policía lo haga, debe obedecer a la necesidad de no postergar la realización del acto, para evitar un perjuicio mayor, asegurando y manteniendo el estado de cosas, que se perdería de dilatarse con formalismos, que en caso de flagrancia, obviamente devienen disfuncionales.

    Constituye una medida de coerción real e irrepetible, que restringe la libertad ambulatoria, lo que obliga a una valoración estricta que debe tener en cuenta el derecho constitucional a la intimidad

    (CCCF, Sala I, LL, 2000-

    F-945; CNPE, Sala A, LL, 1998-A-372, JA, 1998-II-517; Código Procesal Penal de la Nación, G.R.N. y R.R.D., Tomo 1, pág. 466)”.

    Poder Judicial de la Nación Ahora bien, de las actuaciones prevencionales que dieron origen a la causa se desprende que la detención de la encartada se produjo en circunstancias en que personal de la brigada de drogas de la ciudad de Villa Constitución, patrullando la zona correspondiente al radio de su jurisdicción, a bordo de un automóvil no identificable,

    observó a un grupo de cinco personas mayores que estaban fumando marihuana en el medio de una plaza donde había gran cantidad de menores. Ante tal circunstancia deciden identificarlos y advirtiendo que algunos de estos sujetos arrojan elementos al piso e incluso uno de ellos intenta...

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