Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 28 de Septiembre de 2016, expediente 125892

PresidenteGenoud-Kogan-Soria-Pettigiani
Fecha de Resolución28 de Septiembre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 28 de septiembre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG.,K., S., N.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 125.892, "S. O.S. ,C. . Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 66.765 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".

A N T E C E D E N T E S

La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de diciembre de 2014, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor particular deC.S.O.S. , contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial S.M., que lo había condenado a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de corrupción de menores agravado por la edad de la víctima, por la convivencia preexistente y por haber sido cometido mediante amenazas e intimidación, en concurso ideal con el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la misma en perjuicio deA.L.S. ; todos ellos en concurso real con el delito de corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por la convivencia preexistente, por el vínculo y por haber sido cometido mediante amenazas e intimidación, en concurso ideal con el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la víctima en perjuicio deA.B.O. (fs. 87/92 vta.).

Frente a lo así decidido, la señora Defensora Oficial ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 114/127), el que fue concedido por la Sala Segunda antes mencionada (fs. 128/129 vta.).

Oído el señor F. del Tribunal de Casación Penal (conf. resol. 766/15; fs. 141/148), dictada la providencia de autos (fs. 149), y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

  1. La señora Defensora Oficial desarrolló los agravios que siguen, contra el fallo de casación, motivo de impugnación.

    a) Denunció por un lado la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal en el entendimiento que los fundamentos esgrimidos no son suficientes para demostrar la concurrencia en el caso del elemento subjetivo requerido por dicha figura.

    Con la aclaración previa de que la reforma introducida con la sanción de la ley 25.087 suprimió, en carácter de tales, "el fin de lucro" y "la satisfacción de deseos propios o ajenos", la recurrente expresó que si bien el texto vigente no hace alusión alguna al ánimo que debe presidir la conducta reprochada, "ello no importa la exclusión de la motivación del sujeto activo en la configuración del delito" (fs. 117).

    A ese respecto afirmó que el delito en trato "solo admite dolo directo, consistente en el conocimiento y voluntad del autor de realizar actos con entidad corruptora y tendientes a promover o facilitar la corrupción del menor" (ibídem). Ello de consuno con las citas que acompañó de doctrina de autor según las cuales aunque el nuevo texto del artículo en cuestión "parecería aceptar su comisión con un dolo meramente eventual", los verbos promover o facilitar "resultan más conciliables con el dolo directo", puesto que el contenido ideológico de tales núcleos típicos "es siempre indicativo de que la intención del autor es no únicamente obtener una limitada o esporádica satisfacción de su pulsión sexual -normal o perversa-, sino lograr el fin último de obtener la corrupción o depravación de la víctima" (fs. 118).

    Tal la interpretación postulada por la defensa como la única posible, en la inteligencia que la contraria "importa vulnerar el principio limitador de interpretación restrictiva de la punibilidad, que integra la noción de legalidad (art. 18, C.N.)" (fs. cit.).

    Concluyó así, que lo resuelto sobre el punto "no es suficiente referencia para demostrar que el accionar del encartado haya estado dirigido a promover la corrupción de las menores, es decir, que los actos desarrollados hayan tenido el designio de desviar de la normalidad el comportamiento sexual de las víctimas" (fs. cit. y vta.).

    b) De otra parte, atribuyó a la sentencia dela quo, la comisión de infracciones de índole constitucional: una, la de no haber revisado con amplitud el fallo condenatorio de acuerdo con lo normado en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P., y la doctrina sentada en el precedente C. (Fallos 328:3399) y en las causas que mencionó de esta Corte (P. 99.084, del 29/IV/2009 y P...

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