La salud y sus costos: el debate por las cuotas y los servicios de las prepagas

 
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Las cuotas de la medicina prepaga llegan este mes con una suba de 4%. Si ese incremento se suma a los que se acumularon desde 2012 –es decir, desde que se puso en vigencia el mecanismo de autorizaciones dadas por el Gobierno dispuesto por ley–, resulta que los planes se encarecieron un 382%.

Aun con el esfuerzo que eso significa para los bolsillos de los afiliados, los directivos del sector insisten –en encuentros que mantienen desde el mes pasado con funcionarios del Gobierno– con advertencias que son ya de largo plazo, respecto del impacto en el gasto que provocan factores como las nuevas tecnologías y medicamentos de alto costo, los amparos que ordenan dar coberturas muchas veces sin previsión, y la incorporación de obligaciones por la vía de leyes que no consideraron el financiamiento.

Existe, en rigor, una tendencia global a una inflación mayor en los servicios de salud que en la economía en general. “Hay varias transiciones que determinan la inflación en la salud; la primera es el propio éxito del sistema en hacer que la gente viva más y deje de enfermarse por causas fácilmente evitables –afirma Federico Tobar, sanitarista argentino, asesor regional del Fondo de Población de Naciones Unidas–. La segunda transición es poblacional, porque por factores demográficos y migratorios se incrementan las demandas de salud; la tercera es la tecnológica y se da porque cada vez hay más respuestas a síntomas y enfermedades con innovaciones que son caras, y la cuarta transición es cultural: se vincula a una reducción del umbral del dolor tolerable y a la mercantilización de los cuidados y a entenderlos como un bien de consumo”.

En la Argentina, a esos aspectos se suman la elevada inflación general y el impacto de las devaluaciones (por insumos con costos dolarizados).

Según la crítica de no pocos referentes del sector, algo que agrava la situación local es que el tema no fue considerado en los últimos años como estratégico para la política. Los efectos de una medicina que se encarece no solo impactan en el sector privado, sino también en las obras sociales y en el sistema público. De hecho, se advierte que la respuesta a cómo se lograrán y se administrarán los recursos en un entorno de costos siempre crecientes debe darse desde una estrategia integrada, que abarque a toda la población y que tenga al Estado asumiéndose a sí mismo como garante principal de la atención.

El registro de amparos que abrió la Superintendencia de Servicios de Salud, revela que solo las obras sociales tuvieron 3200 reclamos en 2017 (no hay datos de las prepagas). Y la mayoría, según las autoridades, fue por prestaciones de alto costo no cubiertas (en las que pacientes y familiares ponen esperanzas). Un reciente caso en Córdoba es mirado con interés por las...

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